En un intento por reconducir la crisis de deuda, España sucumbió el sábado a las presiones y solicitó formalmente hasta 100.000 millones de euros de fondos europeos para sanear sus bancos a cambio de ceder soberanía nacional sobre el sistema financiero.
«Las condiciones se van a imponer a los bancos, no a la sociedad», quiso dejar claro en una abarrotada rueda de prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos, que asumió en solitario la misión de comunicar la solicitud de ayuda para los bancos.
«Es prematuro todavía sacar todas las conclusiones del discurso pronunciado por De Guindos pero hay que tener mucho cuidado con la letra pequeña de las condiciones que va a imponer la eurozona a España. Es evidente que va a haber una cierta cesión de soberanía», dijo José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney.
Tras una conferencia telefónica de carácter técnico con responsables de los distintos tesoros europeos y otra de los ministros de finanzas a primera hora de la tarde, España tuvo que desdecirse de las declaraciones de los últimos días y reconocer que ha acordado una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para ayudar a las entidades en apuros.
UNA HORQUILLA MUY AMPLIA
«Es una cantidad máxima en la cual clarísimamente hay un margen de seguridad, se ha establecido una cifra que no puede ser cuestionada por nadie», dijo Guindos.
El Fondo Monetario Internacional, que asesorará en el proceso de préstamos y ha sido «invitado» por el Eurogrupo a «monitorizar la asistencia y realizar informes regulares», desveló la víspera que el déficit de capital de la banca española es de al menos 40.000 millones de euros aunque en el sector se da por descontada una cifra sensiblemente superior una vez que finalicen en «los próximos días» el primer informe de las auditorías independientes que encargó el país.
«La horquilla es muy amplia (…) No me extrañaría que la cifra final estuviera entre 60.000 y 80.000 millones de euros», dijo Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales.
Con el diferencial de la deuda española a diez años frente a su par alemán en máximos históricos cerca de los 500 puntos básicos, Guindos se mostró convencido de las bondades de la petición – aplaudida por la Comisión, Alemania, Estados Unidos y el propio FMI – y llegó a asegurar que «el riesgo soberano quedará al margen del saneamiento del sistema financiero».
La agencia de calificación de crédito Fitch anunció el jueves una rebaja del rating soberano en tres escalones mencionando entre otras cuestiones las fuertes necesidades de capital de los bancos, que cifró entre 50.000 y 60.000 millones de euros en un escenario base y en 100.000 millones en otro adverso. [ID:nL5E8H79QJ]
«Significa ya el respaldo definitivo del sistema financiero español (…) 100.000 millones de euros es un importe máximo y hay que cubrirse, pero creo que las necesidades estarán entre los 40.000 o 50.000 millones de euros», dijo Juan Iranzo, vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos.
HASTA DIEZ PUNTOS DE DEUDA/PIB
El estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) será el receptor de las ayudas y decidirá el importe y condiciones de inyección para las distintas entidades.
Por esto, el importe de los préstamos engrosará directamente la deuda pública del país. La relación deuda/PIB, única fortaleza relativa de la economía española, aumentaría en casi 10 puntos si se utilizase íntegra la línea de crédito. Para este ejercicio, el Ejecutivo había previsto – sin tener en cuenta las nuevas ayudas – elevar esta ratio al 79,8 por ciento del PIB.
Los intereses de los créditos – que Guindos aseguró que serían «en condiciones mucho más favorables a las de mercado»-, sí sumarán déficit público, para el que el Ejecutivo proyecta todavía una cifra del 5,3 por ciento del PIB para 2012 desde el 8,91 por ciento de 2011.
Con el mecanismo, la fecha y las condiciones aún por determinar, la decisión de España supone un hito en la historia del euro al ser el primer país que esquiva un rescate a cambio de una «ayuda suave» exclusivamente destinada a los bancos.
SOMETIMIENTO
En la práctica, la petición formal de ayuda a Europa someterá a los bancos españoles, fuertemente afectados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, a una disciplina en la que lucirán sus galones la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
El Ejecutivo español, que en los primeros cinco meses de Gobierno ha atendido a las reclamaciones de sanear su sector financiero con dos reales decretos con los que ha impuesto 84.000 millones de euros de provisiones, se ha visto desbordado por el descrédito en un contexto de crisis de confianza casi irracional.
El ministro no aclaró si los acuerdos para las ayudas incluirán nuevas regulaciones para el conjunto de la banca o solamente para aquellas entidades que requieran ayuda.
Pero, con la nacionalización de Bankia – que desveló un agujero estimado en 23.500 millones de euros- y la fuerte presión ejercida sobre su cartera por parte de los nuevos gestores, se dispararon los temores entre algunos bancos sobre la posibilidad de nuevas exigencias que no distingan entre entidades diversificadas o internacionalizadas y con perfiles de clientes distintos.
De hecho, en la metodología de la auditoría, que el Eurogrupo dijo el sábado que utilizará como referencia, se explica que las necesidades se calcularán teniendo en cuenta además de la cartera inmobiliaria, créditos a PyMES y particulares.
Mientras el ministro de Economía asumía toda la responsabilidad del anuncio señalando que «soy yo el que participa en el Eurogrupo», el presidente del Gobierno, a quien se ha acusado en repetidas ocasiones de sus escasas apariciones públicas en momentos de máxima tensión, mantenía el sábado a última hora su agenda de asistir el domingo al estreno de la selección española de fútbol en la Eurocopa.

La Eurozona ofrece un rescate a España de hasta 100.000 millones de euros

La zona euro ofreció a España una ayuda de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar y sanear su sector financiero, y espera que España la acepte, lo que le convertiría a ese país en la cuarta economía de la unión monetaria en ser rescatada.
Hemos considerado ofrecer un rescate «de hasta 100.000 millones de euros» para el sector financiero español, una fuente europea al finalizar una teleconferencia entre los 17 ministros de Finanzas de la unión monetaria, en la que también participó la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
Pero de momento España «no ha pedido» ni aceptado nada públicamente. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, iba a dar una rueda de prensa este sábado a las 19H30 (17H30 GMT) para explicar «los resultados de la reunión del Eurogrupo», anunció su ministerio.
El ministro «explicará a los medios de comunicación las actuaciones sobre recapitalización del sistema financiero español», precisó.
Si España finalmente acepta o pide formalmente la ayuda europea, se convertirá en el cuarto país de la zona euro en recibir un rescate de sus socios, tras Grecia, Portugal e Irlanda.
A cambio, el Eurogrupo exigirá a España un «saneamiento» de su sector financiero, pero descarta pedirle un plan de austeridad como lo hizo con esos tres países de la unión monetaria, dijo una fuente.
El Fondo Monetario Internacional participará en el plan de ayuda al sector bancario español, pero sólo tendrá un papel de supervisor, informaron fuentes cercanas a las negociaciones.
La reunión de la zona euro ocurrió un día después de que el FMI cifrara en más de 40.000 millones de euros el capital que necesitan los bancos del país. Pero fuentes gubernamentales dijeron que ofrecieron 100.000 millones de euros ya que la banca española probablemente necesite bastante más capital.
España está además a la espera de una auditoría independiente de sus bancos por parte de los auditores alemán Roland Berger y estadounidense Oliver Wyman, prevista para el 21 de junio.
En las últimas horas, la presión arreció para que España pida cuanto antes un préstamo al fondo de rescate de la zona euro.
«Si España se siente superada por sus necesidades de financiación, debe utilizar los instrumentos que han sido creados para ello», dijo el presidente del banco central alemán (Bundesbank), Jens Weidmann, al diario dominical alemán Welt am Sonntag.
Según fuentes cercanas a los debates, la idea que se maneja es utilizar los fondos de rescate europeos, el FEEF o el MEDE que entrará en vigor en julio, para inyectar directamente capital al español Fondo público de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Esto sería una posible solución intermedia del agrado de todos: el gobierno español no vería su soberanía amenazada ya que no sería una intervención tan dura como la de Grecia, y Alemania también se saldría con la suya, al utilizar el fondo de rescate para inyectar capital en un organismo público, con la garantía de que la ayuda está destinada al saneamiento del sector financiero.
Tras el rescate histórico de 23.500 millones de euros solicitado en mayo por Bankia, tercer banco del país en cuanto a activos, los inversores temen que España no pueda hacer frente por sí sola a las exigencias financieras de su sistema bancario.
Debilitados por su alta exposición a la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, los bancos españoles acumulan en sus balances unos 184.000 millones de euros en activos problemáticos hasta finales del 2011, es decir un 60% de su cartera.
En las últimas semanas, los mercados financieros han mostrado su desconfianza con España, pidiéndole intereses cada vez más elevados para prestarle dinero. Los inversores internacionales retiran fondos y los españoles colocan su dinero en el exterior.
El país, privado de uno de sus motores de crecimiento, la construcción, oscila desde 2008 entre la recesión y un crecimiento débil, mientras crece el desempleo.
A eso se le suma el creciente temor entre los inversores de que una eventual salida de Grecia del euro provoque un efecto contagio y precipite la huida de depósitos de los bancos.
Esta solicitud de rescate demostraría que la manera de manejar la crisis de deuda en Europa ha sido «ineficaz y socialmente desastrosa», afirmó Alexis Tsipras, el líder del partido griego de izquierda Syriza, que podría ganar las eleciones legislativas en Grecia del 17 de junio.

Mitos, Cuentos, Leyendas, Mentiras y Cojudezas Amazónicas

Carlos Alejandro González Henríquez
Cacique de Kanchiskucha

El sábado 19 de junio en el Salón Tarapoto del Hotel Puerto Palmeras se llevo a cabo una multitudinaria Audiencia Regional convocada por el Diario El Comercio con la finalidad de que la población pueda expresarse lire y democráticamente sobre los temas que dificultan impulsar el desarrollo que la Región San Martín se merece por las innumerables oportunidades que ofrece su fértil territorio. Participaron en dicha audiencia más que 600 personas entre las que se confundieron pobladores, dirigentes y autoridades. En el calor de la multitud asistente que plantearon principalmente temas relacionados con la salud, la educación y la seguridad jurídica, escuchamos la siguiente conversación entre el Arquitecto Enrique Palacio Rey (Tía Queta) y el empresario Mariano Ignacio Prado Miroquesada (Joven Mariano) que participaron en la audiencia.

Niño Marianito… ¿”ya vuelta” tu también eres por Tarapoto?
Si, Tía Queta, pero ya te he dicho que yo no soy el Niño Marianito. Marianito era mi padre, yo simplemente soy Mariano y he venido a honrar su memoria de primer promotor del turismo en esta hermosa Región proponiéndome recuperar las tierras y el Hotel Laguna Azul que él construyó y nos dejó en Tarapoto. Sabemos que unos cuantos vivos, con la complacencia de la SUNARP, nos lo quieren arrebatar.
Pero, ¿como es eso de que tu también? ¿Acaso tú también estas nuevamente por Tarapoto?

Si “Cholocuchi”, he vuelto a Tarapoto para ayudar al Cacique con la ampliación de nuevas habitaciones para Puerto Palmeras. Pero verás, déjame decirte que he escuchado que tu caso está muy “dijuicil” porque los usurpadores han logrado inscribir la propiedad de los inmuebles de tu padre en los Registros Públicos y que incluso algunos ya las han “ajenado” y que otros están tratando de hacerlo.

Si “Quintisho” soy cholo pero no “juastidies” que no estoy gordo, esas son habladurías del Cacique. Te cuento que los invasores han registrado los predios en una nueva partida electrónica que nada tiene que ver con las partidas originales que continúan a nombre de nuestra empresa, así que nosotros esperamos que se cumpla estrictamente con la ley y que se respete los títulos más antiguos y que la SUNARP termine cerrando las partidas de los usurpadores, asumiendo su responsabilidad de garantes de la propiedad privada.

Si joven Mariano, pero no te olvides que la gente dice que lo que les quitan a los Prado todavía no cubre el valor de las joyas que se tiro tu tatarabuelo el General “Maquisapa”, perdón, Mariano Ignacio Prado Ochoa, con ocasión de la Guerra con Chile.

JAJAJA, no me hagas reír Tía Queta, que tú como buena “alquisha” tienes que saber que esa no fue más que una patraña urdida por Nicolás de Pierola y sus cómplices para concretar el golpe de Estado en plena Guerra del Pacífico y que hoy día repiten los que quieren arrebatarnos lo nuestro. El único periodista que ya tú sabes como es y que lo anda refregando de vez en cuando sin mayor sustento que su complejo natural es el enano Hitlerman.

Bueno pero dicen que eso es lo que esta escrito en la Historia del Perú.

Mira tu serás muy buen arquitecto pero de historia “no nada” sabes nada. Te puedo asegurar que no hay un solo texto serio de Historia del Perú, incluido Jorge Basadre, que diga que mi antepasado se llevo las joyas, o el producto de la venta de las mismas, porque las joyas fueron entregadas a una Junta Central de Administración de Donativos que detalló minuciosamente, en la rendición de cuentas que aún se conserva en el archivo de la Nación, lo que se hizo con los donativos para la compra de pertrechos de guerra y en ningún punto de la rendición de cuentas figura una sola mención de que se le entrego dinero alguno al General Prado, porque, además, como te repito, él se encontraba en Nueva York enviado por el Congreso.

Ya Cholito “chambón”, me alegra que así sea pero algunos “shamiros” dicen de todo contra los Prado, incluso que el General fue declarado Traidor a la Patria.

Si pues tía “alquisha”, los ladrones así como los usurpadores, creen que todos son de su misma condición y solo el golpista usurpador Nicolás de Pierola y sus cómplices lo llamaron traidor al entonces Presidente Prado para justificar el golpe de estado que le dieron en el peor momento para el Perú. Solo a un verdadero traidor se le ocurre dar un golpe de estado cuando estamos en guerra y el Presidente se encuentra de viaje en misión secreta autorizada por el Congreso de la República. Mientras que el General Prado viajaba para procurar la compra de buques y pertrechos para la guerra con Chile sin más respaldo que su prestigio como Presidente del Perú, Pierola se encargaba de desacreditarlo dándole un golpe de estado, con lo cual se frustraron sus negociaciones por el descrédito que le propino el golpe y su consecuente falta de representación. Además, como de lo que tratan los ladrones es de quedarse con lo robado, los delincuentes se llenan de argumentos como se lleno de argumentos falsos Juan Velasco para confiscar todas las propiedades de mi abuelo y de mi familia y concretar así el robo más grande de la historia de la República y la consecuente destrucción de las iniciativas empresariales privadas. Hoy, igualmente, con falsos argumentos, se pretende hacer lo mismo con sus herederos arrebatándoles su derecho a continuar con el primer gran proyecto impulsor del turismo en San Martín como lo fue el Hotel Laguna Azul construido por mi padre.

Mira joven Mariano, para que “vees” que yo también sé la historia y que no soy “huayrauma” solo te recuerdo que “ídem” lo que el dictador Fujimori hizo con el más ilustre de los peruanos “Mario Vargas Llosa”, el dictador Pierola hizo con el General Prado, pero el tiempo y la historia se encargaron de hacer justicia restituyéndoles glorias y honores a nuestro Nóbel y a nuestro “Prócer de la Independencia y Héroe del 2 de Mayo”, así que tranquilo conmigo no más.

Escucha Quique, yo sé que hay empresarios que por temor o por desidia se dejan arrebatar sus propiedades in importarles poner en riesgo a los demás porque dejan un pésimo precedente como es el caso de un grupo poderoso pero miedoso al que le acaban de usurpar siete hectáreas en el mejor lugar de Tarapoto, o como el caso de la Municipalidad de Tarapoto que no se atreve a recuperar las calles que le confisco Corpac a pesar de lo peligroso que quedo la esquina con el recorte que irresponsablemente le hicieron, pero yo te puedo asegurar por la memoria de mis antepasados gloriosos que nosotros no transaremos con los delincuentes usurpadores y recuperaremos nuestras propiedades.

GLOSARIO REGIONAL
Ya vuelta: Otra vez, de nuevo.
Cholocuchi: Cholo con exceso de peso, cholo gordo.
Ajenar: Vender
Quintisho: Pájaro con las plumas desordenadas, persona despeinada.
Maquisapa: Manos grandes, ladrón.
Alquisha: Chismosa, alcahuete.
Huayrauma: Olvidadizo.
Dijuicil, juastidies, no nada, vees, ídem.

Humala promovió como bandera electoral la defensa del agua y los recursos naturales, y el rechazo a los proyectos mineros

«Quien siembra vientos recoge tempestades», dice un refrán que retrata la situación política actual del presidente peruano Ollanta Humala.

Tanto en 2006 como en 2011, el entonces candidato presidencial Humala promovió como bandera electoral la defensa del agua y los recursos naturales, y el rechazo a los proyectos mineros. Alentó el resentimiento de las poblaciones pobres y rurales hacia las empresas mineras, a las que acusó de enriquecerse a costa de contaminar el medio ambiente.

-«¿Qué es más importante el agua o el oro?», dijo en el fragor de la campaña el candidato en la región andina de Cajamarca.

-«El agua», respondió a viva voz un emocionado auditorio compuesto por un campesinado activo y deliberante.

Ahora, Humala, un ex teniente coronel del ejército, se encuentra cercado por las protestas antimineras de miles de campesinos que lo acusan de traidor, de haber olvidado sus ideales y de haberse vendido a los intereses de los grandes capitales.

Las protestas han sido encabezadas por las autoridades regionales e incluso han insinuado que el presidente podría afrontar el mismo destino de los mandatarios depuestos en Ecuador. A ellos se han sumado algunos de los políticos de la alianza que lo llevó al poder, que renunciaron a ella, y que podrían comprometer su gobernabilidad en el Congreso.

Humala fue elegido bajo un programa económico ecléctico, que prometía un cambio de fondo al modelo económico de corte neoliberal pero sin comprometer el crecimiento económico del país que, precisa e irónicamente, se ha basado en dicho modelo en los últimos años.

«No es a los campesinos que hay que reclamarles por seguir defendiendo lo que vienen defendiendo desde siempre, sino al presidente Humala por haber cambiado, por haber dicho una cosa durante la campaña, y hacer otra», dijo el analista político Nelson Manrique a The Associated Press. «Votaron por él (Humala) porque prometía que iba a proteger sus intereses… y ha dado un viraje… Básicamente es ese campesinado que en este momento está movilizado».

Las movilizaciones y protestas iniciaron a los pocos meses de que Humala estuviera en el gobierno.

En la provincia andina de Espinar, en la región de Cusco, unos 8.000 campesinos intentaron tomar los campamentos mineros de la empresa suiza Xstrata, que explota cobre y planea expandir sus operaciones este año.

La respuesta de Humala fue declarar el estado de emergencia por 30 días, cuyo carácter draconiano autoriza la suspensión temporal de derechos fundamentales como la libertad de locomoción y de reunión y a las autoridades la potestad de detener a quien intente ejercer estas garantías.

Humala también envió contingentes de policías a la zona, donde previamente se habían presentado violentos choques que dejaron dos personas muertas y decenas de policías heridos.

En lo que va de este gobierno, que cumplirá recién su primer año de gestión a fines de julio, ya se contabilizan 12 muertos en protestas sociales.

Los campesinos de Espinar culpan a Xstrata de contaminar el agua y basan sus acusaciones en un informe del ministerio de Salud, que reveló la presencia de mercurio en fuentes de agua de siete comunidades campesinas de la zona.

Pero el ministerio dijo que no se puede afirmar que el origen de esa contaminación sea la explotación del cobre.

En Cajamarca, al norte del país, cientos de campesinos se rebelaron en noviembre contra un ambicioso proyecto minero llamado Conga, de la compañía estadounidense Newmont, que implica una inversión de 4.800 millones de dólares y que cuatro lagunas sean drenadas. Dos de ellas serían utilizadas como depósito de relaves mineros.

La respuesta de Humala fue la misma: decretó el estado de emergencia el 5 de diciembre, que fue derogado sin mayores incidentes diez días después.

Algunas marchas siguieron y la comunidad dio plazo al gobierno hasta mayo para que declarara el proyecto minero inviable. El gobierno no lo hizo y el campesinado, alentado también por autoridades locales, se declaró en paro y organizó protestas.

«(Humala) nos dijo que iba a poner orden en las transnacionales, que iba a haber revisión de los contratos… que se multarían a las empresas que han contaminado y envenenado el ambiente», dijo el martes Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca en un mitin en la plaza principal de la ciudad.

También recordó, en un mensaje velado al gobierno, que la comunidad indígena de Ecuador «sacó» a los presidentes Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad, y Abdalá Bucaram, «porque les mintió».

Ahora Santos está siendo investigado por apología del delito de rebelión, y Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar, se encuentra recluido en un penal de la región Ica acusado de incitar a la violencia.

El alcalde había hablado en favor del paro y, según las autoridades, encontraron bombas molotov en una camioneta municipal. Los campesinos lo consideran un líder de su rebelión.

«Nosotros privilegiamos el diálogo pero también debemos actuar con firmeza para defender al estado», dijo del presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, un ex coronel del ejército nombrado por Humala, al referirse a los estados de emergencia decretados.

A la fecha, no hay encuestas que hayan medido el impacto de las movilizaciones en la popularidad del presidente.

Pero el lunes la congresista oficialista Verónika Mendoza, representante del Cusco, puso en evidencia la decepción que existe entre las filas de la alianza oficialista Gana Perú, que llevó a Humala a la presidencia, al presentar su renuncia irrevocable.

A ella se le sumaron horas después los congresistas Javier Diez Canseco, y Rosa Mavila, representantes del sector izquierdista del partido de gobierno. Y el jueves se les unió también el congresista cusqueño Rubén Coa.

«Nuestra renuncia está claramente motivada porque el gobierno no está llevando a la práctica los compromisos fundamentales que asumimos en el programa de la gran transformación y en la hoja de ruta», dijo Diez Canseco.

«Me dirijo al pueblo peruano y cusqueño… para expresar con pesar mi profunda frustración y decepción por la forma como son conducidos los destinos del país, por la forma como son desatendidas las demandas centrales del pueblo, que el año pasado votó mayoritariamente por una opción de cambio, de gran transformación, que hoy a todas luces no se cumplen», dijo Coa.

«Nuestra renuncia está claramente motivada porque el gobierno no está llevando a la práctica los compromisos fundamentales que asumimos en el programa de la gran transformación y en la hoja de ruta», dijo Diez Canseco. «Me dirijo al pueblo peruano y cusqueño… para expresar con pesar mi profunda frustración y decepción por la forma como son conducidos los destinos del país, por la forma como son desatendidas las demandas centrales del pueblo, que el año pasado votó mayoritariamente por una opción de cambio, de gran transformación, que hoy a todas luces no se cumplen».

El programa de la «gran transformación» fue el que presentó Humala originalmente cuando se postuló a la presidencia el año pasado. Proponía un cambio en el modelo neoliberal para garantizar la inclusión social de los menos favorecidos. Entonces, ganó la primera vuelta con 31% de votos básicamente de los sectores rurales y las clases populares.

Luego, para captar más votos en la segunda vuelta, le anexó un documento que llamó «hoja de ruta» por el que se comprometió a no interrumpir el ciclo de crecimiento económico que ha experimentado Perú en los últimos tiempos, y consiguió que parte las clases medias le apoyaran, mas que por convicción, para evitar que ganara su rival, Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien cerró el Congreso peruano en 1992 y gobernó autoritariamente hasta 2000.

En respuesta a sus críticos y a quienes alientan las protestas contra su gobierno, Humala dijo que el programa de la gran transformación sigue siendo una meta de su gestión.

«La Gran Transformación la vamos a hacer así les guste o no a los extremistas», dijo durante la inauguración de una obra pública en Lima. «La cumpliremos de manera firme, sin sobresaltos, sin miedo, sin violencia».

En la red social Facebook han surgido grupos que tildan de «traidor» a Humala y una de ellas con el nombre de «Ollanta Humala, el pueblo te declara traidor, vende patria», lo caricaturiza con las manos manchadas de sangre.

Hasta Keiko Fujimori, a quien apoyó mayoritariamente el empresariado peruano en las urnas, ironizó en su cuenta de Twitter sobre el viraje del mandatario: «Qué vueltas que da la vida. Ahora el presidente Humala defiende a las empresas mineras».

Manrique dice que es la misma historia que se repite en Perú en las últimas décadas, «que los perdedores en las elecciones terminan gobernando, porque quienes son elegidos terminan asumiendo el programa de aquellos contra quienes se levantaron».

Ocurrió con Fujimori, con Alejandro Toledo (2001-2006) y con Alan García (2006-2011), quienes consiguieron la presidencia prometiendo un cambio a las clases populares, pero terminaron gobernando de la mano de la clase empresarial.

«La razón fundamental es la ausencia de un sistema partidario… y se da un enorme margen de maniobra para los caudillos», dice Manrique. «Creo que la lógica (de éstos) es que en tanto se garantice crecimiento los problemas están resueltos. Pero los problemas de Perú no son específicamente de crecimiento sino de inclusión social».

La mayoría de críticos de Humala responsabiliza de la actitud dura del gobierno a la gestión del Primer Ministro Valdes, quien elogió al gobierno de Fujimori porque tenía «mucho pragmatismo, sentido común y mucho criterio, y eso es lo que necesitamos».

Valdes dice que pese a los conflictos sociales internos y a la crisis económica mundial, Perú sigue teniendo un buen desempeño macroeconómico, lo que se reflejó en un crecimiento de 6% en el primer cuatrimestre del año.

Ministerio de Vivienda

Por Romina Mella.-

Primera escena

El chuponeo

La fecha fue el viernes 6 de enero de este año, 2012. El lugar, el tercer piso del ministerio de Vivienda. Dos visitantes ingresaron a las oficinas del viceministro de Construcción y Saneamiento, Enrique Juscamaita, que los esperaba. Uno de los visitantes era un coronel en retiro de la Policía y el otro traía un equipo de “barrido”, para detectar micrófonos y otros equipos de ‘chuponeo’ electrónico.

La misión de los visitantes era detectar si el viceministro Juscamaita estaba siendo sometido o no a espionaje electrónico.

Pero ¿quién querría chuponear al viceministro?

Juscamaita había asumido el cargo el 5 de agosto de 2011, pero –como sucede con algún otro viceministro – parecía ser bastante más que eso… o, por lo menos, eso se pensaba.

Juscamaita había sido hasta hace poco uno de los colaboradores más próximos a la pareja presidencial.

Fue nada menos que jefe de campaña de Ollanta Humala y Gana Perú en Lima y Callao en las últimas elecciones presidenciales; y además, responsable de organización de Lima Metropolitana.

Pero además, Juscamaita fue desde setiembre de 2006 el coordinador general de la ONG Promoción de la Identidad y Desarrollo Nacional del Perú (Prodin), creada por Nadine Heredia. Durante los cinco años siguientes, los del gobierno de Alan García, Juscamaita trabajó muy cerca de la familia Humala-Heredia, en la doble función de organizador del partido y la ONG.

Al lado de esos pergaminos, su jefe, el ministro de Vivienda René Cornejo, tenía otros que quizá le interesaba poco exhibir: había sido miembro del equipo de Plan de Gobierno de la candidatura de PPK y tenía el tipo de perfil irresistible para los PPKuys: fue funcionario gubernamental y consultor privado en los gobiernos de García, Toledo y también en el de Fujimori.

Su presencia en el gabinete obedecía, según dijo Humala a algunos visitantes, a la enfática recomendación del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Pero, pese a la ascendente estrella de este, la trayectoria previa del ministro de Vivienda y de su viceministro era suficiente como para que aquél sintiera al comienzo que su sillón se asentaba sobre bases más bien precarias.

Quizá por eso, la relación entre Cornejo y Juscamaita nunca fue fácil pese a que éste, según la mayor parte de las muchas fuentes consultadas por IDL-R para esta nota, se esforzó por “llevar la fiesta en paz”.

Pero no había paz en la fiesta. Y una incómoda sensación de ser vigilado, de que se sabía lo que hablaba en su oficina, llevó a Juscamaita a aceptar el consejo de unos asesores de confianza y hacer el barrido en su oficina.

Los micrófonos

La oficina de Juscamaita estaba a pocos metros del despacho del ministro René Cornejo. Se llegaba a través de una recepción amplia donde estaban sus dos secretarias, Omar Sandoval y Luzmila Arenas. Había también otras dos oficinas que ocupaban sus asesores, una sala de reuniones y el despacho viceministerial.

El barrido electrónico empezó a las 4 y 30 de la tarde. Luego de un rato de búsqueda, el rastreador detectó un micrófono.

Había sido colocado detrás de un cuadro colgado en la pared, sobre el escritorio de Juscamaita. ¿Podía ser una herencia de otros gobiernos, para vigilar lo que pasaba y dejaba de pasar en ese ministerio de alto presupuesto, de mucho gasto e inversiones?

El problema es que ese cuadro era el retrato de una Virgen, que le había sido obsequiado a Juscamaita apenas dos meses atrás por un paisano de Ayacucho. El micrófono, había sido colocado hace menos de dos meses.

Poco después, los técnicos –cuyo trabajo era seguido con absorto interés por los funcionarios del despacho viceministerial–, encontraron un segundo micrófono, escondido dentro del equipo de aire acondicionado de la oficina de Juscamaita. A los minutos hallaron un tercero debajo del asiento de la secretaria Omar Sandoval, a quien el hallazgo le provocó el llanto. La otra secretaria, Luzmila Arenas, lucía desconcertada.

A la vez, un técnico en sistemas revisaba la computadora de Juscamaita porque su cuenta personal de correo electrónico estaba bloqueada. Según el especialista, la cuenta había sido hackeada.

Había un inquieto movimiento en la oficina. Los asesores que estuvieron ese día son Óscar Butteler, entonces asesor del programa Agua para Todos destacado al despacho del viceministro; el arquitecto Carlos Carbajal, director de proyectos de la Dirección Nacional de Construcción; y el conserje asignado al despacho del viceministro.

Amparo Miranda, jefa de gestión social de proyectos de Sedapal; y Bartolomé Cueva, del equipo de asesores del ministro, llegaron cuando el barrido ya había concluido. Eso sí, alcanzaron a ver los tres micrófonos sumergidos en vasos con agua.

Cueva le pidió a Juscamaita que los técnicos hicieran un barrido rápido en su oficina. No se encontró nada.

La pesquisa terminó alrededor de las 6 de la tarde. Los micrófonos fueron guardados por Juscamaita como prueba y uno de los técnicos elaboró un informe.

Segunda Escena

Informes

Pasado ese fin de semana, Juscamaita fue al despacho del ministro Cornejo y le informó sobre el chuponeo. Este, según refirió el propio Juscamaita a IDL-Reporteros, no pareció sorprendido.

“¿Quién más sabe de esto?” recuerda Juscamaita que le preguntó Cornejo, quien añadió que iba a hacer analizar el hecho. El viceministro le entregó uno de los micrófonos hallados en el barrido. Y se quedó con los otros dos.

Pocos días después, el jefe de la Oficina General de Administración (OGA), Roberto Sala, dirigió un segundo “barrido” en el despacho del viceministro, pero no encontró nada.

Hasta donde IDL-Reporteros ha podido conocer, no se hizo ninguna investigación interna para saber quién colocó los tres micrófonos en la oficina de Juscamaita. Tampoco intervino la Fiscalía y la Procuraduría.

IDL-Reporteros intentó contactar al ministro Cornejo repetidas veces, a través de su secretaria y de su encargado de prensa. El ministro mandó decir finalmente que no iba a hablar.

Tercera escena

La purga

El hecho es que el chuponeo descubierto deterioró aún más una ya tensa relación entre el ministro y el viceministro de Vivienda.

Según diversas fuentes bien informadas (que insistieron en la reserva de identidad), la designación de Juscamaita como viceministro, por orden expresa de Humala, no le cayó nada bien a Cornejo, quien tenía en mente a otra persona para el cargo.

Cornejo había armado un equipo de funcionarios públicos que venían de la gestión aprista y otro tanto de ProInversión, donde fue director ejecutivo entre 2004 y 2007.

Puso como jefe del gabinete de asesores a Jesús Vidalón, viceministro durante la gestión de Garrido Lecca en Vivienda; y a Rafael Donaire, actual secretario general, que ocupó el mismo puesto cuando Rosario Fernández fue titular de Justicia.

Desde el principio fue evidente el choque de visiones entre Juscamaita y Cornejo. “El viceministro tenía una propuesta sobre las políticas públicas que había que tener, pero estas no estaban en la agenda del ministro “, refiere una de las fuentes consultadas por IDL-R.

Desde septiembre, la relación entre ambos se hizo tirante. El ministro ordenó a Juscamaita que despidiera a algunos de los funcionarios que trabajaban con él. A la vez, Cornejo no le permitió a Juscamaita sacar a un grupo de funcionarios sobre los que este tenía sospechas de corrupción.

Poco después, Juscamaita se encontró con que no podía hacer ningún cambio.

Las cosas se agravaron después del chuponeo, cuando Cornejo le exigió al viceministro que despida a Óscar Butteler, un asesor del programa Agua para Todos.

“Cornejo le recortó [a Juscamaita] su campo de acción como viceministro”, confirmó una de las fuentes.

Poco después, resultó que todas las actividades de Juscamaita debían ser previamente comunicadas y aprobadas por Cornejo. Además, dice uno de los funcionarios del despacho, Cornejo ordenó ser informado hasta sobre las personas que visitaban al viceministro.

Pedro Pablo Kuczynski.
A estas alturas, hacia febrero y marzo de este año, era obvio que el ex integrante del equipo de plan de gobierno de PPK tenía mucha más fuerza política en el gobierno de Ollanta Humala que el ex jefe de campaña en Lima y Callao de Gana Perú.

Juscamaita recuerda que en una reunión en la que estuvieron presentes algunos asesores, el ministro dijo que “todos los viajes van a ser concordados con el jefe de prensa; nadie viaja [así]sea el vice ministro. A partir de ahora yo voy a controlar tanto los viajes al interior como los viajes al exterior; y los proyectos que se aprueban para financiar”.

Racismo

Algo que coincidieron en mencionar la mayoría de fuentes consultadas para este reportaje, es que Cornejo no tenía reparos en referirse a Juscamaita con desprecio delante de funcionarios del ministerio, incluso de asesores de confianza del propio viceministro. “A Juscamaita lo trataban de indio de mierda”, indicó una fuente a IDL-R. El propio viceministro Juscamaita recuerda que se le refirió ese tipo de comentarios en más de una ocasión.

Según pudo conocer IDL-R, en octubre pasado Cornejo hizo un primer intento para deshacerse de su viceministro. Se reunió con Salomón Lerner, entonces presidente del Consejo de Ministros, para pedirle la salida de Juscamaita. Lerner le habría dicho que eso no era posible.

El presidente no lo recibe

El 9 de enero, dos días después del barrido electrónico en su oficina, Juscamaita pidió una cita con Ollanta Humala a través de dos de sus secretarios. No obtuvo respuesta.

¿Por qué Juscamaita no denunció el chuponeo ante la Fiscalía?, preguntó IDL-R a distintas fuentes vinculadas con los hechos. “No hizo ningún informe interno ni denunció porque no se quería generar un escándalo que perjudique al gobierno”, explicaron.

Final a la mala

El miércoles 18 de abril el ministro Cornejo convocó a Juscamaita a su despacho. Cornejo le dijo que había hablado con el presidente Humala sobre “un run run” sobre corrupción del viceministro en su gestión y que la decisión de botarlo del puesto ya estaba tomada.

“¿Ya hablaste con el Presidente?”, preguntó Juscamaita. En efecto, respondió Cornejo y le pidió la renuncia.
Juscamaita se negó a hacerlo y durante los dos días siguientes buscó hablar con el Presidente, sin conseguirlo.

El 20 de abril salió publicada, en el diario El Peruano, la resolución suprema que daba por concluida su designación como viceministro. Estaba fechada el día 19 y firmada por Ollanta Humala junto con Cornejo.

Apenas salió Juscamaita se desencadenó la purga de los funcionarios que llegaron con él.

Los que estuvieron durante el barrido electrónico fueron despedidos o reasignados a otras oficinas. Sus dos secretarias y el conserje fueron cambiados a otras oficinas de Vivienda. Omar Sandoval, por ejemplo, fue trasladada a una sucursal en el Callao, sin previo aviso.

Quizá el caso más extremo y revelador sea el de Amparo Miranda, quien entró a trabajar a fines del año pasado a Sedapal. Miranda trabajó junto con Juscamaita al lado de Nadine Heredia en la ONG Prodin, desde 2006 hasta la victoria electoral del año pasado. Miranda, además, es secretaria general del Comité Distrital del partido de gobierno en Surco.

El lunes 23 de abril, la gerente general de Sedapal, Rossina Manche Mantero, le comunicó a Miranda que le había retirado la confianza y que ese era su último día de trabajo. Alrededor de las ocho de la noche le llegó una carta notarial a su casa que confirmaba lo mismo.

El día siguiente, Miranda fue a recoger sus cosas a la oficina, en la Atarjea. Cuando estaba haciéndolo, llegaron miembros de seguridad para sacarla. “La trataron como a una delincuente. No dejaron que termine de arreglar sus cosas”, refiere una fuente cercana. Tampoco permitieron que la camioneta que tenía asignada ese día la llevara a su casa con las cosas que logró sacar de la oficina. La dejaron botada en La Atarjea hasta que un funcionario, conmovido por la súbita desgracia de alguien que había trabajado tan cerca de la pareja presidencial, la llevó hasta su casa.

Resulta difícil explicarse las razones y los modales de esta purga. ¿Hubo una acusación fundamentada de corrupción? Juscamaita afirmó a IDL-R que él no había cometido ningún acto de esa naturaleza en un ministerio cuya limpieza en los últimos años no ha sido precisamente la de un quirófano.

En todo caso, si hay un elemento de corrupción, el Gobierno está obligado a investigarlo y revelarlo.

Es muy probable que una investigación seria encontraría muchas cosas de gran interés. Lo que queda por ver es en qué bando las encontraría.

Los Correos y Perú.21

(Informe de la Revista Caretas)

Entre marzo y abril, el ex periodista de Perú.21 Rudy Palma ingresó 967 veces al correo del ministro José Luis Silva. Las contraseñas eran complejas y no podían adivinarse por juego deductivo, como lo describió el redactor. Nuevos indicios aparecen.
Hasta ahora, el caso de Palma (35), encarcelado por orden judicial, primero en Lurigancho y desde el lunes 21 en Piedras Gordas II, ha sido narrado como el de un fisgón, un retraído voyeurista informático que intervenía cuentas de correos electrónicos sin más consecuencias que el callado almacenamiento en su disco duro de los datos interceptados.

Pero la frecuencia de acceso a los correos del titular de Comercio Exterior y Turismo, en promedio más de 25 veces diarias durante el mencionado período, no puede hacer más que plantear interrogantes.

Los Chuponeados
El segundo dato que salta a la vista se encuentra en el oficio emitido el 16 de mayo por el fiscal adjunto provincial Víctor Tullume Pisfil al fiscal superior Tonny García Cano, de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada, al que accedió CARETAS.
En el oficio Tullume da cuenta de la queja de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros por no incluir a Fritz Du Bois, director del tabloide propiedad del grupo El Comercio, entre los denunciados penales.

Ahí se lista el grupo de funcionarios cuyos correos fueron interceptados, además del de Silva y de la viceministra de Turismo Claudia Cornejo Mohme: en el MEF fueron víctimas José Carlos Chávez Cuentas, Óscar Arturo Pajuelo Ramírez (director general de contabilidad pública), Jorge Manuel Mesinas Montero (director de calidad del gasto público), Roger Siccha Martínez (jefe de recursos humanos) y Wilfredo Silva Lozada (director de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto).

Las Contraseñas
Según declaró en su primera indagatoria del 26 de abril, Palma obtuvo las contraseñas “por deducción propia. El usuario era el mismo que la clave. Cuando entré al diario me lo dieron así e imaginé que sucedía igual con otras entidades”.
Se trata de un punto clave de contingencia.

Según fuentes consultadas en las dependencias de los afectados, las contraseñas sí eran complejas y muy difícilmente podría haber llegado a todas ellas a través de un simple juego deductivo.

En la misma declaración, Palma reconoció además que tuvo en su poder la contraseña del ex ministro de Trabajo, Rudecindo Vega, y la del correo de Juan Gastañeda, asesor de Silva, a la que había accedido recién en los días previos. El correo de Roger Siccha fue el último al que entró antes de ser detenido el 25 de abril.

En su segunda indagatoria ofrecida el 3 de mayo elaboró sobre los correos que intervino durante el gobierno anterior. Sus blancos fueron:
–Jorge del Castillo (ex PCM).
–Enrique Cornejo (Transportes y Comunicaciones).
–Jorge Villasante (Producción).
–Ántero Flores Aráoz (Defensa).
–Iván Hidalgo (Programa Juntos).
–Carlos Casas, ex viceministro de Economía.
–Fernando Toledo, ex viceministro MEF.
–Ismael Benavides, ex ministro de Economía.
–Rosalía Álvarez, ex secretaria Ejecutiva de Hacienda.

Es decir, Palma, que trabajaba en el diario desde 8 años atrás, se dedicaba a hackear correos de altos funcionarios por lo menos desde 2008.

¿Por qué entonces su discreción, aparentemente cultivada durante años, se fue al traste de un momento a otro?

Extraño Chantaje
El mes pasado Silva comenzó a recibir correos con visos de chantaje y amenazas, relacionados a su vida personal. Las comunicaciones provenían de un tal “Gonzalo Carrillo”.
En ese momento el Mincetur comenzó a rastrear los probables ingresos irregulares al correo del ministro, a partir de lo que se llegó al IP de Perú.21.
Otro correo con similar contenido llegó el 16 de abril de 2012 a las 19:15, pero, en un alarde de osadía, fue recibido por la mayoría del personal del ministerio. Dos días después, a las tres de la tarde, otro más llegó a la bandeja de entrada de la esposa de Silva, Giselle Durand.

Silva se apersonó hasta 3 veces a la Dirincri para presionar por el seguimiento de la investigación policial. Lo mismo hicieron tres fiscales, que incluso llegaron a esa dependencia un domingo.

El ministro visitó el diario el 23 de abril a las 9 de la noche, por espacio de una hora. Así lo confirmó El Comercio en su editorial del domingo 20:

“Antes de que hubiese una investigación oficial, (Silva) se presentó a las oficinas de la empresa en su afán de averiguar el origen de las intromisiones detectadas en los correos electrónicos de su ministerio. Los técnicos de la empresa hicieron saber que los datos que había traído el ministro correspondían a la computadora usada por Rudy Palma en Perú.21. Ese diario permitió al día siguiente, sin necesidad de orden judicial, que la Policía y la fiscalía interviniesen la PC que usaba Palma”.

El redactor ha negado en sus manifestaciones que los correos amenazadores que recibían Silva y su esposa, y que hicieron saltar la liebre, fueran enviados por él. Hasta ahora las investigaciones no han probado lo contrario.

Sin embargo, algunos de los correos que tenía Palma, pues los reenviaba a sus propias direcciones desde las cuentas de los hackeados, son los mismos que fueron adulterados y usados como insumo por los chantajistas.

¿Palma fue a su vez chuponeado o acaso entregó los correos a un tercero?

La Información
El periodista ha reconocido a la Policía que “sí utilizaba la información que consideraba de interés público para escribir artículos, tales como traspaso de los consejeros comerciales de Cancillería a Mincetur, medidas para la reducción de los costos portuarios, medidas para promocionar la marca Perú, entre otros”.
El cargo más grave que le hace el Ministerio Público en su denuncia es el de los delitos contra el Estado y la Defensa Nacional, por la publicación de dos artículos a partir de información interceptada: uno sobre la negociación de un convenio algodonero con Venezuela, y el trámite para permitir el ingreso de una unidad naval y personal militar de Chile en territorio peruano en septiembre pasado, en el marco de actividades con Fuerzas Armadas extranjeras.

Por ello podría recibir hasta 15 años de prisión, y se trata de una acusación ciertamente discutible.

Pero el premier Óscar Valdés sí debe haber considerado muy delicado que Palma accediera con anticipación a las agendas de los Consejos de Ministros. Solo así se explica que la procuraduría de su sector se haya puesto detrás del caso. Palma, por ejemplo, tenía conocimiento de las discusiones sobre los recientes proyectos de ley que permitieron declararle la guerra a la minería ilegal y las recomendaciones de la cancillería sobre la estrategia a seguir en desacuerdos en la Comunidad Andina.

Sostiene que “en alguna ocasión” pasó información a sus colegas de la sección política, Carmen Mendoza y Dan Flores.

El pasado 11 de diciembre, tras la renuncia de Salomón Lerner a la PCM y el anuncio de Valdés como su reemplazante, la incertidumbre persistía sobre el resto de carteras. Todos los diarios salieron con apuestas diferentes pero solo Perú.21 acertó en cada una de las predicciones.

Durante toda esa mañana, Palma twitteaba información privilegiada para sus 2,177 seguidores. Adelantaba que el “ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva, continuará en el cargo” y “Al mediodía en Palacio, habrá reunión de coordinación del nuevo gabinete ministerial”.

Palma asegura que “la información obtenida solo fue utilizada por mi parte para elaborar informes periodísticos. No me he beneficiado económicamente con esta información”.

A pesar de todo, es evidente que solo publicaba una mínima parte del torrente de datos con los que contaba.

¿El resto de información se quedó en su computadora, ahora lacrada por las autoridades, igual que su laptop?

Un Contexto Peligroso
El grupo El Comercio ha cuestionado que se busque establecer la existencia de una organización, cuando Palma “actuaba solo”.
En ese sentido, se abocó a criticar la orden de captura emitida contra la editora Gina Sandoval, que fue finalmente revocada el lunes 21.

Sin embargo, fue el propio Du Bois quien en su declaración policial del 2 de mayo explicó que “obligatoriamente los redactores informan las fuentes donde obtuvieron las noticias. Nosotros no publicamos noticias que sean de fuentes desconocidas, es decir, la editora tiene conocimiento de dónde el redactor obtuvo la información”.

El director del diario limitó su propia labor a establecer “lineamientos generales de las noticias que deben ser publicadas”, mientras que “el editor (es el) encargado de revisar las notas y corroborar su veracidad”.

Se entiende, pues Du Bois tiene otras ocupaciones. Actualmente ocupa puestos en los directorios de JJC Contratistas Generales, AFP Integra, el grupo pesquero Austral, la distribuidora de gas Cálidda e Intergroup Financial Services, con sede en Panamá.

También ha sido puesta en cuestión la severidad mostrada con Palma, que inicialmente fue enviado a un infernal penal para reincidentes y delincuentes peligrosos como lo es Lurigancho.

Algún cambio en la percepción del caso debió operarse en el decano, pues Palma, que ganaba S/. 3,500 mensuales, reemplazó a su abogado entre su declaración del 26 de abril y la del 3 de mayo. De Carlos Montes de Oca pasó a tener como defensor a José Luis Malaver.

La historia parece ir para largo.

En tiempos que se sigue discutiendo una peligrosa ley que podría terminar por prohibir la publicación de todo material cuyo origen haya sido la interceptación, incluso cuando lo justifiquen auténticas razones de interés público (CARETAS 2211), se hace urgente separar la paja del trigo y practicar una sana profilaxis en el oficio periodístico.

Resulta más intolerable que nunca que el “chuponeo” se practique dentro de las redacciones. Si no hay que ver el ejemplo del imperio tambaleante de Rupert Murdoch. Fue un diario respetado en el Reino Unido, The Guardian, el que puso en evidencia la metástasis de interceptaciones de las comunicaciones privadas como método de pesquisa periodística en Inglaterra. Y el resto de medios tampoco respondió con el silencio.

El pleno del Congreso del Perú aprobó la modificación del Código Penal para combatir esta ilegal práctica, indicó el parlamentario Alberto Beingolea

(Andina). El pleno del Congreso aprobó en su sesión vespertina de hoy Viernes 18, un dictamen que modifica el Código Penal y Procesal Penal a fin de establecer duras sanciones para los invasores o usurpadores de terrenos.

El dictamen aprobado por unanimidad penaliza el delito de “usurpación clandestina” con cinco años de prisión en su forma básica, y con hasta diez años de pena privativa de la libertad cuando tiene algún agravante.

Alberto Beingolea, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, explicó que el objetivo de esta ley es combatir el “problema endémico” en que se han convertido las invasiones de terrenos en todo el país.

Indicó que hasta el momento existía una carencia de herramientas legales suficientes para combatir esta ilegal práctica.

ESTABLECEN DESALOJO PREVENTIVO
Asimismo, destacó que la ley no solo agrava las penas, sino que pone en vigencia en todo el país el artículo 311 del Código de Procedimientos Penales, el cual permite tomar medidas con mayor agilidad frente a una usurpación de terrenos.

“Este artículo permite al juez tomar una medida cautelar de manera que de inmediato se ordene la recuperación del terreno”, enfatizó.

Según informó el Congreso, el dictamen establece el “desalojo preventivo” y la devolución de la propiedad en su legítimo dueño en tres días.

“Se está ampliando el tipo penal de usurpación de tal manera que abarcará sin ninguna discusión, no solo el acto de usurpación, sino fundamentalmente el acto de instigación”, manifestó Beingolea en declaraciones a la prensa tras la aprobación del dictamen.

Reunirá autoridades y ciudadanos en Tarapoto el 19 de mayo

Las inscripciones son gratuitas y continúan abiertas para que los ciudadanos asistan a la Audiencia regional organizada por el Diario El Comercio el sábado 19 de mayo de 10 a.m. a 1.30 p.m. en el Hotel Puerto Palmeras (*), ubicado en Carretera Marginal Sur, Km. 3 – Banda de Shilcayo, Tarapoto.

El Dr. Francisco Miró Quesada Rada, director de El Comercio y moderador de la Audiencia invita a los ciudadanos de los pueblos, caseríos, comunidades, centros poblados, distritos y provincias de toda la región para que asistan a esta actividad que tiene como objetivo brindarles una tribuna democrática en la que puedan hacer llegar sus quejas, propuestas y alternativas de solución a la problemática de esta pujante región de la amazonía peruana.

Acompañarán en la mesa principal, a nuestro director, el Sr. César Villanueva Arévalo, presidente regional; el Sr. Walter Grundel Jiménez, alcalde provincial de San Martín y el sr. José Francisco Sandoval Pizarro, gobernador de Tarapoto quienes escucharán y tomarán nota de las intervenciones de sus conciudadanos.

También se ha invitado a los consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales, a funcionarios y representantes de las instituciones sociales públicas y privadas, para que tomen nota de las inquietudes de sus conciudadanos y apoyen el desarrollo de esta región.

Como en las anteriores Audiencias, los ciudadanos serán los protagonistas al dejar escuchar su voz sobre los temas de agenda que son:
1.- Desarrollo social y económico: (Salud, educación, empleo, transporte, seguridad ciudadana, agricultura, ganadería, turismo, inversiones, medioambiente, etc.)
2.- Proyectos de desarrollo e infraestructura regional: (Proyectos especiales Alto Mayo, Central y Bajo Mayo; desagüe; electrificación; carreteras; agroexportación, etc.)
3.- Gestión pública y Participación ciudadana.

Una vez terminado el tiempo de las intervenciones ciudadanas en cada uno de los tres grandes temas, se dará pase al tiempo en el que las autoridades de la mesa principal absolverán las preguntas y atenderán las propuestas de sus conciudadanos. La Audiencia concluirá con la presentación del Presidente regional.

Inscripciones
Para asistir a la Audiencia deben inscribirse previamente y de manera gratuita, mostrando su DNI y llenando una ficha de datos desde el lunes 7 de mayo hasta acabar los 500 cupos disponibles. Los puntos de inscripción están ubicados en la Municipalidad Provincial de San Martín – Tarapoto-; en las Municipalidades distritales de La Banda de Shilcayo y de Morales.También en la municipalidad provincial de Moyobamba –orientación al ciudadano-. En http://blogs.elcomercio.pe/audiencias/ ó al teléfono: 01-3116310 anexo 1002. RPM #973955. En los correos: ltorres@comercio.com.pe;emorales@comercio.com.pe

Quienes deseen tomar la palabra para presentar sus propuestas, proyectos, reclamos o alternativas de solución deben además acudir el mismo día de la Audiencia, una hora antes de la misma (9 am) para anotarse personalmente en el rol de oradores hasta agotar los cupos. Podrán tomar la palabra 16 personas en cada tema y tendrán 2.30 minutos para hablar. Un resumen de la Audiencia se publicará en la página “Democracia” los miércoles 23 y 30 de mayo. La trascripción de la misma estará disponible en nuestra versión digital.

Habrá movilidad para trasladar a los inscritos desde las 8.30 am desde la Plaza de Armas de Tarapoto.

El lunes 7 de mayo de 2012, en el programa La Hora N de Canal N, la ex viceministra de Pesquería Patricia Majluf, intentó desacreditar la nota “El premier y la merluza” que publicó Milagros Salazar en IDL-Reporteros el 23 de abril.
“No hay que tomar como real ese informe (el de IDL-R). Ese informe ha sido basado no sé en qué …”, respondió Majluf a Jaime de Althaus, quien comenzó la entrevista relacionando la posición conservacionista de Majluf con los muertos y heridos que se produjeron en Paita debido a las protestas de los pescadores, que exigían la ampliación inmediata de la cuota de pesca de merluza.
Majluf no encontró mejor forma de enfrentar la pregunta incómoda que intentando desacreditar el informe de IDL-R mediante un reemplazo de palabras: desacuerdo por descontento. “No es que estuviera de acuerdo, no estaba contenta con esa solución, pero dada la situación de estrés, de crisis social …”, dijo.
IDL-R ratifica plenamente la información difundida en el reportaje “El premier y la merluza”. Ese reportaje fue elaborado consultando a diversas fuentes que tuvieron acceso directo a las reuniones del 9 de abril en la PCM donde el premier Valdés se comprometió con los empresarios, pescadores y autoridades de Piura a ampliar la cuota, y a la inusual visita del primer ministro el 16 de abril al Ministerio de la Producción.
Los detalles de estas reuniones que ahora Majluf intenta desacreditar y que fueron publicados por IDL-R días antes de su renuncia, fueron corroborados después por ella misma en las entrevistas que dio a diversos medios para contar las razones de su salida.
IDL-R reitera que la información de esa nota, fue verificada, corroborada y recién entonces publicada como sucede con todos los artículos, las investigaciones que publica este medio. Si Majluf prefiere ahora que no se registre lo que opinó, dijo e hizo, eso solo refleja su cambio de opinión, pero no cambia la verificada y registrada realidad. Y como a la realidad nos atenemos, IDL-R se ratifica en lo publicado.

El premier y la merluza

Por Milagros Salazar.-

En medio de los secuestros en el VRAE y a pocas horas de la presentación del peritaje sobre el conflictivo proyecto minero Conga, el premier Óscar Valdés se dio tiempo el lunes 16 de abril para realizar una inusual visita al ministerio de la Producción, en la Urbanización Córpac, en San Isidro.

Valdés subió al séptimo piso donde se encuentra la oficina del titular del sector, José Urquizo. Ahí lo esperaban el ministro, acompañado por su nuevo jefe del gabinete de asesores, José Vidal; y por el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Omar Alfaro. A los pocos minutos, llegó la viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, acompañada por su asesor principal, Juan Carlos Sueiro.

La reunión duró unos cuarenta minutos. Fue tensa por momentos, según pudo conocer IDL-R. ¿De qué hablaron? De la merluza. Valdés estaba impaciente porque aún no se emitía la norma para ampliar la cuota de captura de merluza de 8, 600 toneladas a 14, 500 tal como acordó con los empresarios en una reunión el 9 de abril en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Valdés reiteró a Urquizo y a Majluf que debía ejecutarse la ampliación que exigían los empresarios y que no había marcha atrás, a pesar que la viceministra expresó su desacuerdo por la decisión debido a que la población de merluza ha disminuido considerablemente en los últimos años y se encuentra en riesgo, según estudios científicos.

“Ya hay un compromiso y hay que respetarlo”, insistió Valdés. Alfaro de Asesoría Jurídica explicó al premier que había un freno legal y que la ampliación no iba a ser un trámite sencillo ya que las normas exigen que la cuota anual se establezca antes de iniciarse la temporada. Y resulta que la temporada comenzó en enero. ¿Cómo iba a modificarse la cuota casi cuatro meses después?

“Si hay que conseguir que firme algún decreto el Presidente (Ollanta Humala), yo lo puedo hacer”, habría manifestado Valdés. Al instante, Majluf increpó: “No me parece responsable que involucremos al Presidente en algo que no tiene precedente. Eso no se ha hecho antes”.

Pero el primer ministro habría reiterado: “Esto se hace”.

¿Por qué el Premier insiste en ampliar la cuota en contra de la opinión de la viceministra (una experta respetada internacionalmente) y por qué se muestra tan interesado en el tema? Sucede que varios días antes, el 9 de abril, hubo una reunión previa en la PCM.

Asistieron unas quince personas, entre empresarios pesqueros, autoridades de Piura, congresistas, el ministro Urquizo y la viceministra Majluf. En la primera parte de la reunión, Majluf expuso un informe breve sobre el grave estado de la merluza que elaboró el reconocido científico Arnaud Bertrand, del IRD, un instituto público de investigación de Francia.

Los empresarios de merluza, casi todos extranjeros y que tienen su base de operaciones en Paita, atacaron a Majluf luego de su exposición. Sostienen que la viceministra por lo menos se equivoca y que hay suficiente merluza para pescar. Los respaldaba un informe que mandaron a hacer a Luis Alfredo Icochea, quien hasta octubre pasado fue presidente del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), que depende del Ministerio de la Producción, y asesor de varias empresas pesqueras. Liderados por el furibundo empresario Carlos Milanovitch, insistieron en que unas 10 mil personas dependen de la pesca de merluza en Paita y serían perjudicados si no se ampliaba la cuota.

En medio de la discusión, el presidente de Imarpe, Hugo Arévalo (quien llegó tarde a la cita), informó que su institución recomendó una cuota mínima de 8, 600 toneladas y otra cuota máxima de 14, 500 toneladas. Ni bien escuchó Valdés la segunda opción, consideró que esa era la salida: ampliar la cuota máxima a pesar de la opinión en contra de Majluf.

Valdés también acordó que Imarpe realizará en mayo un crucero para investigar la situación actual de la especie y ver si es posible una nueva ampliación. Fuentes cercanas al pensamiento de Majluf aseguraron a IDL-R que si Valdés continúa ampliando la pesca de merluza, ella renunciará al cargo. Para Majluf, esta situación abre la puerta para que empresarios que comercializan otras especies también pidan su decreto “presidencial” para pescar más.

Las presiones asedian a Majluf. Entre la reunión del 9 de abril en la PCM y la visita de Valdés al Ministerio de la Producción el lunes 16, los empresarios enviaron cartas al ministro Urquizo exigiendo que se cumpla lo acordado. Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno intentan averiguar si existe un acta de compromisos con los empresarios como habría señalado Valdés, según pudo conocer IDL-R. Lo cierto es que no existe ningún documento firmado.

Este hecho ha deteriorado más la relación entre Urquizo, que acata silenciosamente lo dicho por Valdés, y la viceministra Majluf cuyos escasos dos meses en el cargo han estado marcados por controversias y obstáculos.

Controversias de fondo
Ni bien se convirtió en viceministra a fines de febrero, Majluf pidió a Urquizo reemplazar a los responsables de las cinco direcciones generales que dependen de Pesquería. Logró los primeros cambios en las direcciones de Extracción y Procesamiento Pesquero y en la de Asuntos Ambientales.

Sin embargo, diversas fuentes confirmaron que Majluf encontró mayor resistencia de Urquizo en su propuesta de cambiar a Hernán Huacachi, quien comandaba la estratégica Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi), Según congresistas, dirigentes pesqueros y demás funcionarios que conocen a Huacachi, este funcionario no tenía “la menor idea” de cómo mejorar la fiscalización en la pesca.

Huacachi, ayacuchano al igual que el ministro, estuvo en el cargo hasta el miércoles 18. Una insistente Majluf consiguió que Urquizo finalmente accediera que la directora general de Pesca Artesanal, Jessica Pino, reemplazara a Huacachi, ya que sus candidatos iniciales fueron rechazados por el ministro.

Personas cercanas a Majluf sostienen que el cambio de Huacachi era urgente, debido a que se entramparon varias acciones, entre ellas las auditorías a las empresas inspectoras de desembarques de anchoveta, Cerper y SGS, y las mejoras para evitar la manipulación de las balanzas en las fábricas harineras, problema revelado en una amplia investigación de IDL-R.

Pero las discrepancias también involucraron a los hombres más cercanos a Urquizo, que plantaron una oposición constante a Majluf desde el ingreso de esta. En diciembre, cuando Uriquizo asumió el mando del ministerio, lo hizo acompañado por dos conocidos asesores: el ex congresista del partido de gobierno, César Cayo Galindo, y por el ex juez Edwin Yalico Contreras.

A este último se lo recuerda por haber investigado inicialmente el caso Business Track; y por haber anulado las resoluciones de inicio de instrucción, acusación y auto de enjuiciamiento contra el presidente Humala por la asonada de Andahuaylas.

Cayo Galindo se mantuvo en el cargo hasta el 3 de abril en medio de las críticas de dirigentes de pescadores, entre ellos los de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros que agrupa a los dueños de las naves “vikingas” y que lo denunciaron, junto a otros funcionarios, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.

Yalico sigue en el ministerio a pesar de que también enfrenta acusaciones. El Sindicato de Pescadores de Anchoveta del Puerto de Pisco envió en enero un oficio a la Comisión de Producción del Congreso para que solicite a Urquizo investigar la participación de Yalico en las cuestionadas resoluciones que otorgaron permisos de pesca a naves protegidas por medidas cautelares. El Congreso trasladó el reclamo a Urquizo en febrero.

IDL-Reporteros verificó que cuando Urquizo asumió el cargo, encomendó a Yalico que ayudara al ingeniero Félix Álvarez, entonces responsable de la Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero, a resolver los pedidos del Poder Judicial. Varios de los proyectos de resolución de esta dirección, entre ellos los relacionados con las medidas cautelares, fueron vistos por Yalico, aseguraron varias fuentes. Sin embargo, el asesor no es investigado por estos hechos ya que no fue nombrado oficialmente para esas funciones.

Para calmar las aguas, Yalico ha sido trasladado del séptimo piso, donde tenía un escritorio junto al ministro, al tercer nivel del edificio. Sin embargo, sigue entrando y saliendo del despacho de Urquizo y la única diferencia, según diversas fuentes, es que ahora usa más el ascensor.