Haga Click en : Older Entries

Cusco, mar. 22 (ANDINA).- El Ministerio Público del Distrito Judicial de Cusco denunció a la turista sueca Heidi Ida Karlsson (23), por realizar una falsa denuncia de robo con la intención de beneficiarse con el cobro de seguro de viaje de su país, informó hoy la X Dirección Territorial Policial (Dirtepol).
La turista denunció el pasado 18 de marzo, en la sede de la Policía de Turismo, haber sido víctima de robo por parte de un sujeto en las inmediaciones de la Alameda Pachacútec.

Según su manifestación, el desconocido le arrebató su mochila conteniendo una cámara fotográfica marca Olympus con una tarjeta memoria, un Ipod marca Nano, una copia de pasaporte y una prenda de vestir.

Tras la denuncia, la policía le solicitó brindar las características físico faciales del presunto autor y detalles para la constatación en el lugar del robo, pero la denunciante no pudo explicar lo ocurrido y entró en contradicciones.

Durante el interrogatorio reconoció, en presencia de su abogado, que la denuncia era falsa y que su intención era obtener una copia certificada para beneficiarse económicamente con el seguro de viajes de su país.

Posteriormente, dijo que en realidad el robo de su mochila ocurrió en la frontera con Ecuador.

Las autoridades del Ministerio Público denunciaron a la turista ante el juzgado especializado por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de denuncia calumniosa en agravio del Estado Peruano.

Sin pruebas en su contra, activistas indigenas son mantenidos presos
Por: Ángel Páez

Lima.-Sin pruebas en su contra, activistas indígenas son mantenidos presos por el asesinato de policías, ocurrido durante las movilizaciones indias de Bagua; en contraste, ni un solo policía ha sido detenido por los homicidios de los indígenas, ocurridos en el contexto de las mismas movilizaciones. Mientras, el gobierno pretende llevar a cabo las medidas que originaron el descontento indio: la explotación de la selva por trasnacionales

Todos los peritajes exculpan a dos de los indígenas acusados del asesinato de 12 policías durante los enfrentamientos ocurridos, en junio, entre pobladores y fuerzas de seguridad en Bagua, en la nororiental selva amazónica peruana. Pero siguen presos.
Feliciano Cahuasa Rolín y Danny López Shawit permanecen en prisión desde hace más de ocho meses, pese a que un peritaje técnico demostró que ninguno de los dos disparó un solo tiro y, por tanto, son inocentes en la muerte, el 6 de junio, de los efectivos.
En cambio, no hay ningún policía detenido por el crimen, ese mismo día, de 10 nativos y mestizos, durante el “baguazo”, como se denomina en este país al trágico enfrentamiento que estalló cuando un operativo policial intentó reprimir una protesta de miles de pobladores de la zona.
Las manifestaciones en Bagua, una de las siete provincias del departamento de Amazonas, eran contra un conjunto de decretos-leyes que el gobierno de Alan García aprobó para alentar la inversión privada en la selva, sin la obligada consulta a las comunidades nativas.

Hace poco, los tribunales de Bagua cerraron el plazo de investigación judicial por los casos “Curva del Diablo” y “Estación 6”, abiertos contra 96 nativos y mestizos a los que se atribuye haber intervenido en el homicidio de 23 policías y en la desaparición de otro durante los enfrentamientos.
Juan José Quispe y Gustavo Campos, los abogados defensores de los nativos y mestizos, interpusieron recursos legales en demanda de la ampliación del plazo de investigación.
La razón es que los magistrados no cumplieron con llevar a cabo 74 diligencias consideradas trascendentales para esclarecer la situación de los 96 enjuiciados, entre ellos, Cahuasa y López.
“No hay pruebas contra Cahuasa y López, como tampoco las hay contra los otros acusados”, dijo a IPS el abogado Quispe, de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDH).
“Por supuesto que se debe castigar a quienes mataron a los policías, pero ellos no han sido los autores de los asesinatos”, precisó.
El abogado aseguró que “todo el caso está plagado de irregularidades” y citó entre ellas que “no se ha recogido el testimonio de importantes testigos de los hechos para acreditar que los denunciados son inocentes.
“Los que están enjuiciados son personas arbitrariamente detenidas por la policía el día de los hechos. No los arrestaron como resultado de una investigación”, apuntó Quispe.
El alcalde de la provincia de Condorcanqui y líder del pueblo aguaruna, Héctor Requejo, y el también indígena Merino Trigoso, son acusados de la autoría intelectual de la masacre de policías en Curva del Diablo, un tramo de la principal carretera de la selva, tomado aquel día por los manifestantes.
Requejo y Trigoso fueron señalados por dos adolescentes detenidos por efectivos del ejército durante el “baguazo”. Sin embargo, la declaración de los jóvenes no está incluida en el expediente judicial.
“Las propias autoridades judiciales confirmaron que las declaraciones de los jóvenes no obran en el expediente; sin embargo, subsiste la persecución contra Requejo y Trigoso”, manifestó Gustavo Campos, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Es más, los adolescentes han dicho que no han acusado a ninguno de los dos”, adujo.
Campos detalló que “hemos planteado a los juzgados que el caso sea declarado complejo, con la finalidad de continuar con las investigaciones antes del juicio oral, y así establecer que no hay evidencias contra los 96 procesados”.
Pero el pedido fue rechazado, “así que hemos apelado”, añadió Campos, antes de explicar que “estamos muy preocupados por la cadena de irregularidades que afecta el debido proceso”.
La fiscalía penal de la provincia de Utcubamba, en cuya jurisdicción se produjo el “baguazo”, denunció como autores mediatos (a través de otros) del homicidio de cuatro indígenas a dos generales, y como presuntos autores materiales a dos policías.
Los generales son el exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Luis Muguruza, y al exjefe policial de Bagua, Javier Uribe.

La defensa de los indígenas y mestizos sostiene que la denuncia fiscal contiene graves errores, como considerar autores mediatos de los hechos a los dos generales, quienes se limitaron a cumplir órdenes.
“Muguruza y Uribe eran parte de una cadena de mando que alcanzaba al entonces director de la Policía Nacional, teniente general José Sánchez Farfán, y a su jefa inmediata, la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien a su vez estaba a la orden del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon”, señaló Quispe.
Sin embargo, “ni siquiera se han tomado las declaraciones de Cabanillas y Simon, que son muy importantes para establecer en dónde se originó la orden para reprimir a los manifestantes ubicados en Curva del Diablo y la Estación 6, donde se produjeron las masacres de ambos lados”, afirmó.
A juicio de Quispe, “esta denuncia de la fiscalía está construida para garantizar la impunidad a las autoridades del (Poder) Ejecutivo”.
Pero, además, hay otro intento para sustraer de la acción de la justicia a los que desde el gobierno nacional adoptaron la decisión de ejercer la violencia sobre los nativos, que protestaban contra leyes que los afectaban.
El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el vicealmirante en retiro Carlos Mesa, anunció que formulará un reclamo de competencia a la justicia común para que sean los tribunales castrenses quienes procesen a los dos generales denunciados.
Mesa argumentó que corresponde a la justicia militar procesar a los policías, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
“Los generales de la policía han sido denunciados por los delitos comunes de homicidio y lesiones graves, que no son delitos de función aquí ni en ninguna otra parte”, arguyó el director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo.
Esta organización se encarga de la defensa de los 96 indígenas y mestizos acusados por la violencia en Bagua, junto con CDH, IDL y la católica Comisión Episcopal de Acción Social.
“Se trata de una maniobra de la justicia militar para asegurar impunidad a los generales de la policía a cambio de que no declaren que ellos ejecutaron la operación en Bagua por órdenes directas del exprimer ministro Yehude Simon y la exministra del Interior Mercedes Cabanillas”, aseguró Jugo.
Planteó que el estamento militar y los propios generales acusados saben bien que las penas por un delito en el ejercicio de su función son mucho menores que la de homicidio calificado en la justicia penal, que llega hasta los 35 años de cárcel.
Para protestar por las irregularidades en las causas de los 96 nativos y mestizos acusados, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte convocó una movilización para el lunes 22 de febrero.
La convocatoria también buscó denunciar el incumplimiento de la derogatoria de los decretos-ley que encendieron la ira de las comunidades nativas y desembocó en el “baguazo”.
La Comisión Multipartidaria del Congreso Legislativo, encargada de la desactivación de las normas legales que provocaron el levantamiento indígena, informó a IPS que ya fueron derogadas cuatro de las 10 “leyes de la selva”.
Esta comisión emitió un informe que concluye que los 10 decretos vulneran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a la consulta previa a las comunidades nativas cuando se trate de normas que afecten su hábitat y forma de vida.
Pero la derogación de la totalidad de las “leyes de la selva” todavía no se ha ejecutado, que es lo que demandan los pueblos de la Amazonia peruana.

Defensa Civil monitorea posibles daños por dos sismos registrados en el sur peruano
Lima.- Autoridades locales de Defensa Civil monitorean posibles daños personales y materiales derivados de los dos sismos que remecieron esta tarde los departamentos de Huancavelica e Ica, en el sur peruano, el último de los cuales tuvo una magnitud de 6 grados en la escala de Richter.
Según informa el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a las 14:26 horas se registró el primer remezón, el cual tuvo una magnitud de 3.9 grados. Su epicentro fue localizado a 23 kilómetros al sureste de Acobamba, en Huancavelica, y tuvo una profundidad de 17 kilómetros.

A las 15:19 horas, se registró un nuevo sismo. Esta vez de 6.0 grados de magnitud en la escala de Richter, cuyo epicentro fue localizado a 40 kilómetros al sureste de la provincia de Nasca, en Ica.

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordina con las autoridades de los comités de Defensa Civil para descartar daños a la población. Hasta el momento no se han registrado daños personales ni materiales.

El Sistema Nacional de Defensa Civil, a través de los centros de operaciones de emergencia, se mantiene en alerta ante cualquier situación de desastre ocasionado por la ocurrencia de fenómenos de origen natural o provocado por la actividad humana.

Ante esta situación, el Indeci pidió a la población mantener la calma y evitar situaciones de pánico. Recomendó, en ese sentido, identificar zonas seguras para evacuar inmediatamente ante la eventualidad de nuevos movimientos sísmicos.

(FIN) NDP/JOT

El 97% de nuestras aguas residuales va a parar al mar, ríos y lagos peruanos. Anualmente, 3600 ciudadanos mueren por la calidad del agua a la que accceden. Esta tarde, Peruanos Sin Agua pedirá al Congreso firmar el Pacto del Agua

La mayoría de los pobres peruanos bebe agua contaminada, por lo que mueren unas 3.600 personas cada año. Asimismo, en nuestro país el tratamiento de las aguas residuales es deficiente, según diversas fuentes en el Día Mundial del Agua.

La viceministra de Gestión Ambiental, Ana María González, alertó hoy que en Perú se trata “menos del 70% de las aguas residuales”, un indicador que es “bastante crítico” comparado a otros países del mundo.

En declaraciones a RPP, González explicó que “el problema del agua está vinculado al tema de la cantidad y calidad. Sobre la calidad, hay problemas con los vertimientos”, entre ellos los industriales y con sustancias químicas.

MÍNIMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
“Un 97% de los desechos de agua -aguas fecales, industriales y otras- en las regiones del Perú se arrojan a los ríos, lagos u océanos”, recordó hoy en un comunicado de prensa el presidente del Movimiento Peruanos Sin Agua, Abel Cruz.

El líder de los Sin Agua recordó que diez millones de peruanos no tienen acceso al agua, cifra que representa casi un tercio de la población, y además unas 3.600 personas, la mayoría de ellas niños, mueren anualmente por consumir agua contaminada.

Cruz señaló que muchos camiones cisterna recogen agua de los ríos o riachuelos, ya contaminados por las heces de los animales y hasta de humanos, y después estos comerciantes venden el recurso a precios elevados a los más pobres que no cuentan con servicios de agua potable y desagüe.

El abastecimiento del agua en Perú está “en creciente peligro debido al aumento de la población, la expansión de las actividades industrial y agrícola”, mientras que el cambio climático “amenaza con alterar el ciclo hidrológico”, enfatizó.

PACTO DEL AGUA
Por ello, los representantes de los Sin Agua tienen previsto exponer hoy su problemática ante el Congreso peruano y pedir que se firme un Pacto por el agua para concienciar a la población sobre su valor y proteger este recurso.

En Perú, sólo el 43% de la población rural cuenta con abastecimiento de agua potable, el sector agrícola demanda el 80% del agua disponible, mientras que la población y el industrial concentran el 18% y el sector minero consume el 2% restante, según datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

A esto se suma que en la costa peruana se concentra el 70% de la población y solamente tiene un 1,8% de oferta de agua dulce, en un contexto en el que esta zona depende de las precipitaciones pluviales en la sierra para abastecerse de este recurso.

Cada jubilado carga una cruz de trámites para luego ser crucificado con una paupérrima pensión.

Marcial Alfredo Meléndez, un jubilado de 72 años, es prueba fehaciente del vía crucis que tiene que pasar un anciano para reclamar su pensión en la Oficina de Normalización Previsional (ONP). “Yo he trabajado más de 40 años en construcción civil por la empresa Graña y Montero y Lica Ríos y eso consta en mis certificados en la ONP”, nos cuenta. Refiere que con 40 años de servicio no puede percibir el sueldo mínimo que en la actualidad le dan. “Estoy reclamando desde el 2006 y hasta ahora no sale la resolución y acabo de salir de la oficina y me dicen que está en investigación”, acotó.
El tema del señor Meléndez es uno de los cientos de casos que la Defensoría del Pueblo recibe y que corresponde el 60% de las quejas recibidas por esa institución, así lo aseguró, Eliana Revollar Añaños, jefa de la Oficina Defensorial de Lima.
En el 2009 la ONP ha tenido 9,404 casos de hechos vulneratorios de derechos de los pensionistas, de estos casos están en trámite 2,261 casos y se han concluido 7,144.
Precisó que en el tema de concluidos no es que la ONP haya solucionado el problema, sino que de esa cantidad hay 2,919 solucionados y en 3,856 hay dilación en el otorgamiento de la pensión.
La funcionaria indicó que hay un crecimiento exponencial de quejas por el tema de desafiliación que llegan a los 4,144 casos de más de los 9 mil presentados el 2009. El tema que más les preocupa es el de dilación en los recursos de otorgamiento de pensiones.
Revollar dijo que sería importante que la ONP simplificaque sus procesos porque en la actualidad tiene once etapas que podrían ser cuatro.

No a tramitadores
Eliana Revollar Añaños, jefa de la Oficina Defensorial de Lima, instó a los pensionistas de la ONP a no dejarse engañar por los falsos tramitadores que lucran y los convencen de volver a presentar sus documentos habiendo siendo rechazados y se genera un círculo vicioso de trámites donde lamentablemente los pensionistas salen perdiendo.

Algo de nunca acabar
EXPRESO recorrió la plataforma de atención de la ONP en Santa Beatriz que recibe la mayor cantidad de quejas y pudo comprobar que la mayoría lleva en promedio cinco años de lucha y en muchos de los casos mueren en el intento.

Carlos Hugo Tirado (81 años)
“Me jubilaron en 1992, no me reconocieron dos años de Pesca Perú, cuatro de albañil, ni los ocho que trabajé en una casa, sólo me han reconocido cuatro a pesar de que tengo todos mis papeles en regla”.

Luis Raúl Bacaro Altamirano (80 años)
“Hace 10 años vengo reclamando y en ese lapso me salió una resolución negativa teniendo los libros que acreditan mi trabajo en la empresa Continental Textil, me denegaron la pensión, pero insistiré hasta las últimas consecuencias”.
erika lópez sevilla

Mercedes Aráoz, Ministra de Economia y Finanzas del Perú les exige proteger al ahorrista y evitar pérdida de confianza en sistema financiero
Les dio con palo. La titular de Economía y Finanzas, exigió a los bancos proteger a los usuarios ahorristas y evitar así una pérdida de confianza en el sistema financiero nacional que afectaría el gran avance que ha habido en el proceso de bancarización en los últimos años.

“Creo que hay un error de manejo en la comunicación y que los bancos han generado esta visión adversa a una labor importante en la economía, que es el proceso de conectar el ahorro con el crédito. Esto es lo que nos permite crecer verdaderamente”, manifestó.
En ese sentido, destacó la labor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que sancionó con 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir S/. 36,000, al Banco de Crédito del Perú (BCP) por cobrar la deuda de una consumidora con fondos correspondientes a su sueldo.
“La intervención de Indecopi ha sido muy clara señalando que hay reglas de juego para proteger al consumidor”, señaló la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Tras recordar que el mencionado banco ha impugnado esta decisión, Aráoz aclaró que se equivoca porque el ciudadano tiene derecho a proteger su salario.
“Evidentemente hay momentos en que uno se compromete a pagar una deuda y obviamente usa de garantía sus depósitos, pero hay límites claramente establecidos sobre ellos y hasta un monto que pueden utilizar como forma de pago”, recalcó.
Sostuvo que si los bancos se amparan al argumento de que existe un contrato firmado, no es válido porque su objetivo debe ser siempre el proteger al usuario ahorrista.
“El usuario ahorrista podría perder confianza en el sistema bancario y financiero, y nosotros quisiéramos seguir sosteniendo la bancarización de los salarios porque es la mejor fórmula para seguir operando y seguir generando esta comunicación entre el ahorro y la inversión”, subrayó.

La soberbia
Los bancos ya habían avanzado en mejorar su comunicación con el público por eso me sorprende su actitud actual, agregó.
“Cuando trabajamos en la mejora de la atención al cliente, utilizamos a la Asociación de Bancos (Asbanc), que tiene una escuela para que nos apoye y enseñe, pero hoy vemos que han cambiado de actitud y ha sido una actitud un poco soberbia. Me encantaría que cambien de actitud y comiencen a conversarlo”, dijo.
La economía necesita de los bancos y también queremos tener bancos que estén ligados a sus ahorristas con buen trato, concluyó.

Congreso se encargaráEl presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Juan Carlos Eguren (PPC), informó que el próximo martes en la sesión del pleno se debatirá el dictamen del proyecto de ley de bancarización, que garantiza la intangibilidad de las remuneraciones de los trabajadores.
Según el artículo 7º del proyecto de Ley de protección y garantías a las remuneraciones (bancarización), “la remuneración del trabajador es intangible y eso debe quedar absolutamente claro”, enfatizó el legislador.
Indicó que dicho artículo precisa que las empresas del sistema financiero podrán hacer uso de su derecho de compensación conforme a las leyes de la materia, siempre y cuando al momento del otorgamiento del crédito el trabajador haya autorizado expresamente la compensación.

Policía encontró nombres de altos funcionarios del gobierno regional del Callao en el celular de Elías Ponce Feijoo
Una investigación de la Sección de Inspecciones de Criminalística de la Policía Nacional identificó que parte de los contactos hallados en el celular de Elías Ponce Feijoo, principal directivo de la empresa Business Track (BTR), acusada de realizar interceptaciones telefónicas, forman parte del entorno del presidente regional del Callao y candidato a la Alcaldía de Lima, Álex Kouri.

De acuerdo a un informe del diario La República, en la lista de contactos de Ponce Feijoo se encuentra el gerente general del gobierno regional del Callao, Fernando Gordillo. Además del asesor legal externo de Kouri, Fernán Altuve Febres Flores, y el ex «Oficial mayor del Congreso», José Cevasco Piedra, asesor de campaña de la autoridad regional en su candidatura para la capital.

“Soy amigo de Ponce desde hace muchos años. No lo puedo negar. Como él trabajé en la Marina y su hija y el mío fueron compañeros en el colegio Santa María, de manera que coincidimos varias veces”, contó Gordillo.

“Ponce ha sido mi alumno y somos amigos desde hace quince años. Conozco a su esposa y a sus hijos. Él ha visitado mi casa y yo la suya. Y ahora que está preso lo he ido a ver a la cárcel”, declaró, por su parte, Altuve.

MÁS NOMBRES
También se encuentran en la lista el vicepresidente de la región Callao y miembro de la comisión directiva de Chim Pum Callao, Víctor Albrecht Rodríguez.

Otros que están incluidos en la lista de contactos son la gerenta regional de Desarrollo Social, Gioconda Tripi Morales; la jefe de Imagen Institucional y Protocolo, Irene Sánchez; el gerente de Logística, Ricardo Bocanegra Sheen; el jefe de la Oficina de Seguridad Integral, el capitán de corbeta (r) Carlos Lizárraga Portugal; el jefe de Teconolgía de la Información, Christian Buleje Pun; y el gerente de servicios generales, José Sava Melo.

Playboy excéntrico contrataba vedettes para sus shows

Trabajó de la mano con Vladimiro Montesinos

Una de las “firmas” más grandes del narcotráfico en el Perú, era la dirigida por Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera (a) “Vaticano”, “Saddam”, quien operaba su flotilla de narco avionetas desde la selva de San Martín, en un imperio del tráfico donde amasó una fortuna que bordeaba los mil millones de dólares y se “evaporó” sin dejar el mas mínimo  rastro bancario. Los tentáculos que tendió el mafioso, quien simulaba ser el empresario Camilo Ferrer, abarcan desde sus negocios con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, hasta la escandalosa postulación de su hermano Humberto Chávez Peñaherrera (a) “Calavera” a la municipalidad de Campanilla, en el 2006, representando a las bases apristas de la neurálgica zona.

Al ser interrogado por el fiscal Tony Cano, Vaticano relató,  que en una de las reuniones clandestinas en Campanilla, Vladimiro Montesinos se pasó de tragos, lo manoseó y quiso besarlo en la boca. En ese entonces Demetrio era considerado un playboy en el submundo de la cocaína, todo lo cual consta en los expedientes judiciales. Lo extraño, por decir lo menos, es que el paradero de la inmensa fortuna de Vaticano, estimada en cerca de mil millones de dólares, es uno de los secretos mejor guardados, pese a las exhaustivas investigaciones de los agentes de la Dirandro y la DEA.

Campanilla- Leticia
A fines de la década del 80, catorce «Firmas» de narcotraficantes operaban en San Martín, la más grande dirigida por Vaticano, que tenía su flotilla de avionetas y una pista de aterrizaje “clandestina” en Campanilla. Informes de la Dirandro estiman que Chávez Peñaherrera comercializaba un promedio anual de 60 mil kilos de PBC lavada. Otra firma que alcanzó gran importancia era de Waldo Vargas Arias (a) «El Ministro», el cual exportaba un promedio de 40 mil kilos de droga al año, dedicándose no sólo al acopio de droga, sino a la dirección de una red de laboratorios clandestinos, estando su radio de acción en el Bajo Huallaga.
Para enviar quinientos kilos de PBC lavada a los laboratorios de la mafia colombiana en Leticia, los asientos de los copilotos en las avionetas fue reemplazado por un cilindro de gasolina, conectado mediante una manguera, con el tanque de combustible.
Método sencillo pero efectivo para que las avionetas pudieran volar sin escalas de Leticia a Campanilla. El único obstáculo era pagar los “cupos de protección” a militares corruptos para que se hicieran de la vista gorda.

Camilo Ferrer
Mientras sus sicarios se imponían a sangre y fuego en el Alto Huallaga, Demetrio Chávez Peñaherrera (a) “Vaticano” frecuentaba Lima para codearse con las vedettes, ex reinas de belleza, estilistas y cantantes  en Chollywood.
Ante los tribunales, la ex vedette Susy Díaz admitió que conoció a Vaticano como el “empresario Camilo Ferrer”, quien era un “hombre fashion” que se acicalaba con los más destacados peluqueros miraflorinos. «El era como el cometa Halley, se aparecía y desaparecía», comentó.

Demetrio Chávez Peñaherrera saliendo  de prisión el 2016

La coca según Vaticano
Chávez Peñaherrera operó abiertamente en Campanilla desde 1990, siempre con la complicidad de los militares. Al principio coordinó con el jefe de la BCS Punta Arenas, que entonces respondía al seudónimo de «Chino», a quien le planteó el acondicionamiento de un tramo de la Carretera Marginal de la Selva.
«El capitán “Chino” me dijo que contaba con su apoyo siempre y cuando lo ayudara a combatir a la subversión. El convenio con el militar era recibir un porcentaje de cada vuelo con droga que saliera de la pista de aterrizaje y también combatir a Sendero Luminoso», afirmó. Una vez que «Vaticano» y los militares pactaron, ordenó traer de la ciudad de Juanjuí, tractores, motoniveladoras y aplanadoras para poner operativo y convertir en pista de aterrizaje de vuelos de drogas el tramo de la carretera cercano a Campanilla. «Inicialmente pagaba diez mil dólares por cada vuelo, pero luego ascendió a quince mil. Cada nuevo jefe de la base era presentado ante mí y el pacto continuaba sin mayor problema». En un primer momento, según refiere Vaticano, su firma pagó 50 mil dólares mensuales para que dejasen partir las narco avionetas a Leticia, pero en julio de 1992, el ex asesor duplicó la cifra porque “la DEA estaba muy molesta”.
La exigencia se registró después de que Chávez Peñaherrera, abonase los cupos de protección durante 13 meses, totalizando 650 mil dólares. Al negarse a pagar el nuevo cupo, a mediados de julio de ese año, un grupo combinado de la Policía Nacional y del Ejército destruyó la pista clandestina.

Querían asesinarlo
“Montesinos era un megalómano. Siempre me pedía dinero adicional a través de dos oficiales de inteligencia que venían a Campanilla”, dijo “Vaticano”: “Me avisaba cuándo iban a efectuarse los operativos y siempre me reclamaba más dinero. Entró en confianza. Incluso una vez nos quedamos hablando hasta altas horas de la noche bebiendo licor”, relató. De acuerdo a su versión, un teniente EP, identificado bajo el pseudónimo de Claudio, le advirtió que Montesinos estaba ofreciendo pagar 100 mil dólares a quien lo asesinara.

A fines de ese año Vaticano sale del Perú y es detenido por la policía colombiana en enero de 1993. Descargó sus baterías contra Montesinos ante los tribunales, nunca delató a la plana mayor de su organización ni dijo una palabra sobre su inmensa narco fortuna.

 Vaticano sale de prisión

Luego de 22 años de condena y en la que según relató fue sometido según reveló a  inyecciones de tranquilizantes que lo drogaban y mantenían en un estado de adormilamiento. Afirmó que Alberto Fujimori conocía sobre el trafico de drogas, lo que  calificó como la narcoactividad.

 Vaticano nació16 de octubre de 1953 en Saposoa, conocido  narcotraficante peruano que controló la producción de pasta básica de cocaína en el valle del río Huallaga desde finales de la década de 1980 y principios de los años 1990. Fue capturado en Cali a inicios de 1994, luego de huir repentinamente del valle del Huallaga.​

En 1994 fue sentenciado a 25 años de cárcel por tráfico ilícito de drogas, daños contra la fe pública y falsificación de documentos en agravio del Estado; en 2007 su pena original fue reducida a 22 años.​

En 1996 Demetrio Chávez afirmó que pagó a Vladimiro Montesinos un monto de 50 000 dólares americanos mensuales por sus operaciones de narcotráfico. Luego de esa denuncia, Peñaherrera contó a la prensa que fue torturado, resultando con «la clavícula rota y un hueco en  la cabeza».​

El 13 de enero de 2016, tras cumplir la condena en el penal Miguel Castro Castro del distrito de San Juan de Lurigancho, fue puesto en libertad.