La Planta de licuefacción de gas natural de Perú se está construyendo en un terreno costero y eriazo de 521 hectáreas a 170 kilómetros al sur de Lima.
La obra contempla la construcción de un tren de procesamiento que producirá el gas natural licuado (GNL), un terminal marítimo con un muelle de carga, un rompeolas y un canal de navegación que permitirá el ingreso, acoderamiento seguro y salida de los buques metaneros.
La nueva planta de La Melchorita es, sin duda, la obra petrolera más importante de Perú, considerando la grande inversión que alcanza los US$3.800 millones (incluso el costo de financiamiento) y cuyo impacto económico en términos de impuestos y regalías anual aportará el 0,5% del PIB de Perú.
El gobierno peruano recibirá aproximadamente US$325 millones anuales de los impuestos y regalías que pagará Perú GNL, lo cual hace un total de US$5.800 millones en el transcurso de los próximos 20 años, además de que a partir del 2010 generará un promedio de US$1.350 millones por año en términos de ingresos de divisas.
Perú GNL es una empresa conformada por Hunt Oil Company de Estados Unidos (50%), SK Energy de Corea del Sur (20%), Repsol YPF de España (20%) y Marubeni de Japón (10%) y ha contratado el consorcio CDB Melchorita para la construcción de estas instalaciones, que a su vez está conformado por tres empresas internacionales: Saipem (Francia), Odebrecht (Perú) y Jan de Nul (Bélgica).
El complejo industrial consiste en la construcción de las siguientes obras: una plataforma de gas de carga, un gasoducto, infraestructuras de emergencias, pasillos de desembarques, 1.380 metros de longitud del puerto y un rompeolas de 820 metros de longitud ubicado a 1,5 km de la costa del Pacífico.
Desde el año 2006 el consorcio empezó un cuidadoso procedimiento de negociaciones donde surgirá el ducto, de acuerdo con la ley de evaluación para la protección del impacto ambiental y social, actualmente vigente en el país, para la adquisición de los derechos de ocupación ubicados en territorios de comunidades autóctonas y parte de propiedad del Estado.
Instalaciones marítimas
El canal de navegación permitirá el acceso de los buques cisterna de GNL a la zona de atraque. El canal tendrá una profundidad de 16 metros como mínimo, 250 metros de ancho y 3,5 kilómetros de largo. En los lugares donde los barcos metaneros hagan giros fuera de la protección del rompeolas, el canal tendrá una profundidad de 18 metros
Para permitir la carga del gas licuado a los buques, las instalaciones marítimas incluyen un puente de caballetes de 1,3 km de extensión con un muelle de carga de GNL y un canal de navegación dragado para el ingreso y la salida de los buques.

El atracadero de buques tanque de GNL está compuesto por una plataforma de carga de 30 m x 30 m, las boyas de amarre y de atraque. El embarque de GNL utiliza cuatro brazos de carga de 16 pulgadas de la tubería y una placa giratoria, además de tres brazos para la carga de GNL y uno para el retorno del vapor.
El gasoducto
La primera etapa de construcción ha empezado en 2005 con los trabajos de movimiento de tierra, hasta final de 2006, cuando Perú GNL firmó los contratos para la construcción del Terminal Marítimo, de la planta y la ingeniería del gasoducto.
Según el cronograma elaborado por la misma Perú GNL el inicio de las operaciones comerciales está previsto para el primer semestre de 2010. El objetivo principal del ducto consiste en transportar el gas natural proveniente de los Lotes 56 y 88, ubicados en el reservorio de Camisea, en la costa sur del Perú. El plan de construcción consiste en avanzar de forma simultánea en dos frentes, el primero desde Ayacucho hacia el oeste, y el segundo desde la planta de Pampa Melchorita hacia el este, hasta que ambos se encuentren cerca del límite de las regiones de Ayacucho y Huancavelica.
El gasoducto de 34 pulgadas de diámetro atraviesa unos 100 kilómetros de desierto costero llano y 308 kilómetros de grandes montañas en la Cordillera de los Andes, alcanzando su mayor altitud a 4.901 metros sobre el nivel del mar y se conecta al gasoducto de Camisea existente, para extenderse desde la comunidad de Chiquintirca hasta llegar a la planta de GNL.
De un punto de vista geográfico, el oleoducto pasa veintidós distritos: nueve en Ayacucho (Paras, Socos, Vinchos, Tambillo, Acocro, Chiara, Acos Vinchos, San Miguel y Anco), cuatro en Huancavelica (Ayaví, Tambo, Huaytará y Pilpichaca), ocho en Ica (Huancano, Humay, Independencia, Alto Larán, Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado – en la provincia de Chincha) y uno en Lima.
La planta
En la planta de la Melchorita el gas natural será sometido a un proceso de purificación y enfriamiento a -163º C con una capacidad de 4.45 millones de toneladas por año de un suministro diario de 625 millones de pies cúbicos y usará un proceso de refrigeración que pre enfría el gas natural en un circuito de refrigeración con propano y, posteriormente, en un circuito de una mezcla de refrigerantes.
El GNL será almacenado en dos grandes tanques a presión atmosférica antes de ser embarcado. Cada uno de los dos tanques de almacenamiento de GNL de contención simple tiene una capacidad de 130.000 m3
Los tanques tendrán un área de contención secundaria común, de acuerdo con lo requerido por el estándar NFPA 59A (National Fire Protection Association), actualmente vigente en el país. El propano y el etileno utilizados para la preparación de los refrigerantes serán almacenados por separado en tanques de almacenamiento horizontales tipo bala. Habrá dos tanques bala presurizados para el almacenamiento de propano, con una capacidad de almacenamiento de 602 m³ cada uno, y dos tanques bala presurizados para el almacenamiento de etileno, aislados con camisa exterior de vacío, con una capacidad de almacenamiento de 200 m³ cada uno.
Adicionalmente, este proyecto involucra la explotación de una cantera, ubicada aproximadamente a 25 kilómetros al este de la planta. Esta cantera proveerá la cantidad de roca necesaria para la construcción de un rompeolas, el cual permitirá que las operaciones en el mar sean más seguras. El material será transportado en camiones a lo largo de un camino de acceso para lo cual se ha construido un paso a desnivel que atraviesa la carretera Panamericana SurLos especiales rompeolas les permitirán a las embarcaciones atracar de manera segura y posibilitar que las instalaciones marítimas sean accesibles durante todo el año para el despacho continuo de GNL. El diseño considera la ubicación del rompeolas en una profundidad de agua de aproximadamente 14 metros, tendrá 800 metros de largo y estará alineado en paralelo a la línea costera. Asimismo, el diseño ha considerado una elevación tope de 8,5 metros sobre el nivel bajo del rompiente de la ola y el modelo de diseño ha considerando la ocurrencia de una gran ola cada 100 años que rebose sin llegar a causar daños.
Los tanques tendrán un área de contención secundaria común, de acuerdo con lo requerido por el estándar NFPA 59A (National Fire Protection Association), actualmente vigente en el país. El propano y el etileno utilizados para la preparación de los refrigerantes serán almacenados por separado en tanques de almacenamiento horizontales tipo bala. Habrá dos tanques bala presurizados para el almacenamiento de propano, con una capacidad de almacenamiento de 602 m³ cada uno, y dos tanques bala presurizados para el almacenamiento de etileno, aislados con camisa exterior de vacío, con una capacidad de almacenamiento de 200 m³ cada uno.
Adicionalmente, este proyecto involucra la explotación de una cantera, ubicada aproximadamente a 25 kilómetros al este de la planta. Esta cantera proveerá la cantidad de roca necesaria para la construcción de un rompeolas, el cual permitirá que las operaciones en el mar sean más seguras. El material será transportado en camiones a lo largo de un camino de acceso para lo cual se ha construido un paso a desnivel que atraviesa la carretera Panamericana Sur.
Los especiales rompeolas les permitirán a las embarcaciones atracar de manera segura y posibilitar que las instalaciones marítimas sean accesibles durante todo el año para el despacho continuo de GNL. El diseño considera la ubicación del rompeolas en una profundidad de agua de aproximadamente 14 metros, tendrá 800 metros de largo y estará alineado en paralelo a la línea costera. Asimismo, el diseño ha considerado una elevación tope de 8,5 metros sobre el nivel bajo del rompiente de la ola y el modelo de diseño ha considerando la ocurrencia de una gran ola cada 100 años que rebose sin llegar a causar daños.
El impacto ambiental
La planta será autosuficiente en cuanto a servicios de agua y electricidad gracias a los turbogeneradores accionados con gas natural. Se instalará una planta de tratamiento de agua, la cual podrá procesar agua de mar o de pozos ubicados en la misma planta. Todos los desechos líquidos o sólidos generados serán tratados adecuadamente antes su disposición final.
Adicionalmente, el nuevo complejo industrial contará con sistemas contra incendios y sistemas de antorchas y venteo para brindar la protección necesaria en caso que se produzca algún problema o emergencia durante las operaciones.
Ficha técnica
Tren de procesamiento
98.000 m3 de concreto
11.000 toneladas de acero estructural
120 kilómetros de tuberías
1.100 kilómetros de cableado
Tanques de almacenamiento
Cada uno tiene una capacidad de almacenamiento de 130.000 m3
Sus dimensiones son de 78 metros de diámetro y 52 metros de altura
La base pesa 6.000 toneladas
Se emplearon 17.000 m3 de concreto.
Instalaciones marítimas
La extensión del puente de caballetes es de 1.300 metros
Está compuesto por 493 pilotes
Se utilizaron 7.225 toneladas de acero
Rompeolas de 800 metros de largo
Gasoducto
El gasoducto se inicia en Chiquintirca, en el departamento de Ayacucho, pasando por los departamentos de Huancavelica, Ica y Lima hasta la llegar a la planta de licuefacción, ubicada a la altura del kilómetro 170 de la Panamericana Sur.
Longitud: 408 km. Diámetro: 34”
Es una línea exclusiva para gas, que no se utilizará para transportar líquidos
El gasoducto cruza el punto más alto de su recorrido a más de 4900 metros sobre el nivel del mar.
Aproximadamente 200 km del gasoducto está por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar. (M. N.)

La impotente regulación

Por Milagros Salazar

El catastrófico derrame de petróleo ocasionado por British Petroleum revela que incluso en una nación poderosa como Estados Unidos, la debilidad regulatoria con las industrias extractivas puede tener consecuencias calamitosas para el medio ambiente. En el Perú, las principales empresas mineras, que obtuvieron en los últimos cinco años ganancias que bordean los US$ 20 mil millones, realizan actividades potencialmente peligrosas en zonas pobres, que requieren de una fiscalización competente y eficaz.

Pero el nivel de respeto de estas compañías al territorio de donde extraen el mineral y también al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) es casi nulo. Sólo el 22% de las multas por contaminación ambiental o imprudencias que provocaron la muerte de trabajadores son pagadas a pesar de tratarse de sumas irrisorias. Aquí les presentamos los casos de varias infracciones graves y a las empresas que las cometieron.

A más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, dos hombres descienden por una chimenea enorme y lúgubre por donde no discurre humo sino mineral. Es un Ore Pass, un túnel vertical de casi dos metros de diámetro que atraviesa un cerro por donde se lanzan las rocas metálicas para que desde el fondo sean acarreadas a la planta concentradora de minerales. Alejandro Efraín Robles Campos de 23 años y Jorge Eduardo Santiago Castillo de 48, bajan por ese boquerón para realizar un trabajo de alto riesgo: reparar e instalar las nuevas estructuras del recipiente donde cae el mineral en el último tramo del túnel. El escenario de esta operación de suspenso es una región gélida y gris: Pasco, en una de las minas subterráneas de Volcan.

Miércoles 3 de octubre de 2007. El inspector de seguridad Pedro Marcelo Hermitaño paraliza las labores porque no hay permiso de trabajo de alto riesgo. El superintendente de mina, José Córdova Hurtado, le exige al jefe de la cuadrilla de obreros que no detenga el trabajo “porque es de emergencia” y promete ocuparse de las autorizaciones después. Ante la orden, Alejandro y Jorge siguen bajando por el Ore Pass.

Unos peones inexpertos y presurosos colocan un solo escudo (guarda-cabeza) para proteger a sus compañeros. Pero dentro del túnel, las rocas se desprenden, caen y matan a Alejandro y Jorge.

“La presión existente sobre los trabajadores para una rápida instalación del “guarda cabeza” constituyó una de las causas del accidente según la resolución N°001483 de la gerencia general del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) emitida en diciembre de 2008. Además, la empresa no evaluó los riesgos y permitió que se colocara un solo protector cuando según el propio procedimiento interno de Volcan debió colocarse dos. La minera tampoco contaba con un manual “de uso fácil y flexible que contenga los estándares, procedimientos y prácticas de la tarea (peligrosa) encomendada” a Alejandro y Jorge.

Para abundar en irregularidades: los trabajadores pertenecían a una contratista, SECOMIC, que no estaba inscrita en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y por lo tanto, escapaba de las exigencias de normas de seguridad que impone el sector.

Julio de 2007. En la misma región Pasco, un efluente de las operaciones de la minera Atacocha desemboca en el río Huallaga. Los hidrógrafos señalan que este río nace en esta región pero una prueba de laboratorio revela que también “muere” por tramos en esta zona. Aquel efluente minero metalúrgico que termina en el Huallaga concentra 4, 3 miligramos por litro (mg/l) de zinc en uno de los puntos de monitoreo, una cantidad que supera el límite máximo permisible (LMP) de 3,0 mg/l. La gerencia general de Osinergmin sentencia en su resolución N° 00898 que tal presencia de zinc es riesgosa “para la salud, el bienestar humano y los ecosistemas” y por lo tanto constituye una infracción grave.

En enero de 2008, los supervisores vuelven a las instalaciones de Atacocha y detectan diez infracciones que van desde el depósito de relaves en sitios que no cuentan con autorización hasta descargas de efluentes al Huallaga sin tratamiento ni permiso de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Cuatro de esas faltas fueron reiteradas según la resolución N° 002627 de la gerencia general del 11 de mayo de 2009. Es decir, la minera ignoró las recomendaciones de la entidad fiscalizadora para detener el daño ambiental.

A pesar de la gravedad comprobada de los hechos, estos casos fueron impugnados por las empresas ante Osinergmin para evitar el pago de las multas impuestas. Aunque las faltas ocurrieron en 2007 y 2008 hasta hoy siguen sin ser sancionadas. ¿Se trata de casos aislados?

De las 290 multas impuestas por Osinergmin entre 2007 y el 30 de abril de 2010, sólo 111 fueron canceladas. Mientras las impugnaciones sólo en la vía administrativa pueden prolongarse hasta por cuatro años, el Estado deja de recibir US$13 millones 130 mil.

Aunque el monto resulta muy pequeño en comparación a los daños ocasionados y a las ganancias, que bordean los US$20 mil millones[1], que obtuvieron las principales mineras entre 2005 y 2009, los casos revelan el comportamiento de algunas compañías para evadir la ley y la impotencia del Estado para que las sanciones económicas sean acatadas. La cifra de las multas no pagadas, pese a ser ridícula, representa nada menos que el 77.38% del monto total.

Además, hay otros 50 casos paralizados en el Poder Judicial. La mayoría se inició antes de 2007 cuando el Minem estaba a cargo de la fiscalización. Existen procesos que incluso tienen nueve años en la congeladora. Esto es lo que heredará en los próximos días el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), nueva entidad del Ministerio del Ambiente, que asumirá la fiscalización ambiental del Estado.

Las infractoras

La empresa con mayor número de sanciones entre 2007 y 2009 es la peruana Volcan. La gerencia general de Osinergmin emitió 18 resoluciones por infracciones calificadas en casi todos los casos de “muy graves” por daño ambiental y la muerte de los trabajadores Alejandro Robles y Jorge Santiago.

El monto de las multas de Volcan asciende a 1,184 Unidades Impositivas Tributaria (UIT): US$ 1 millón 495 mil si se considera que cada UIT está valorizada en S/.3,600 o US$ 1,263 dólares.

De ese monto, la empresa no ha pagado la mayor parte (920 UIT) al haber apelado diez resoluciones de la gerencia que hoy se encuentran en manos del consejo directivo de Osinergmin, la segunda y última instancia en la vía administrativa.

Las infracciones corresponden a actividades ilegales para ampliar las operaciones de la minera y la contaminación del río San Juan y el bofedal del valle Rumiallana (Pasco), rodeado por pobladores que aún viven de la ganadería, según habitantes de la zona entrevistados por IDL-Reporteros.

En abril de este año, Volcan fue sancionada con 100 UIT por infracciones a las normas ambientales que también impugnó. En mayo, ha vuelto a ser notificada por otras faltas en el mismo rubro.

Atacocha es la segunda en el ranking infractor. Esta minera, que desde noviembre de 2008 forma parte del grupo Milpo y opera en Pasco, enfrenta 12 procesos sancionadores de la gerencia. La compañía impugnó el pago de 500 UIT, de las 764 que se le exige asumir.

Atacocha descargaba efluentes sin tratamiento ni permiso a una quebrada que desemboca en el Huallaga.
Varias de las infracciones son por contaminación del río Huallaga. En el caso de la resolución N° 002627 de Osinergmin del 11 de mayo de 2009, la empresa aseguró que los efluentes de la mina eran echados al río para soldar el cajón metálico que las retenía temporalmente. Falso.

La entidad supervisora detectó que la descarga continuaba días después de la supuesta soldadura, como demuestran las fotografías a las que tuvo acceso IDL-Reporteros. “Solucionar un problema operativo no justifica de modo alguno la descarga no autorizada de desechos al ambiente”, concluyó Osinergmin.

Semanas después, en febrero, la fiscalizadora volvió a detectar efluentes contaminantes que discurrían a la quebrada Atacocha y al suelo natural así como fluidos excedentes del depósito de relaves Cajamarquilla que terminaron nuevamente en el río Huallaga.

Vía mail o nada

Buenaventura, una de las accionistas de la gran aurífera Yanacocha y que tiene unidades mineras en diversas regiones del país, ha rechazado las cinco multas que le ha impuesto la gerencia general de la reguladora entre 2007 y 2009 y que ascienden a 380 UIT. Una es por la descarga de efluentes de desmontes al río Chilcaymarca (Arequipa) sin tratamiento ni permiso y las otras por la muerte de cuatro trabajadores. (Ver más aquí)

A fines de marzo de 2010, Buenaventura fue multada otras dos veces con 102 UIT por daño ambiental. La empresa también las impugnó. En mayo, recibió otra multa por 90 UIT.

Buenaventura declaró a IDL-Reporteros que sólo hace “estricto uso de su legítimo derecho de impugnar actos administrativos del Organismo Supervisor” y que acatará lo que resuelva la autoridad judicial. Los representantes de la empresa respondieron vía correo y evitaron una entrevista cara a cara. Atacocha apeló al mismo recurso y agregó que desde que el grupo Milpo compró la empresa está “adoptando las acciones necesarias” para cumplir las normas.

Volcan, la que encabeza la lista, prefirió el silencio.
Doe Run es la minera con la multa más elevada por contaminar de manera sistemática el aire y los ríos de La Oroya: 600 UIT en razón a 86 incumplimientos de las normas y compromisos asumidos en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). La empresa presentó un recurso de consideración ante el consejo directivo de Osinergmin en mayo de 2009, pero esta instancia declaró nulo su pedido en marzo de este año y ordenó la cobranza coactiva.

En contraste, hay empresas que apenas tienen en su récord una o dos sanciones por montos menores a las 50 UIT y que suelen pagar sus multas, como es el caso de Antamina y Cerro Verde. Pero son pocas.

Aunque en el Poder Judicial aún no se ha resuelto ningún caso de las mineras sancionadas por Osinergmin, el 92.27% de los procesos a empresas de hidrocarburos y electricidad han concluido con sentencias favorables a esta institución.

Entre las compañías que han congelado de manera recurrente los cobros de multas en las instancias judiciales figuran Buenaventura, San Nicolás y Los Quenuales. La política que se impone es la del “no pago”.

¿Dónde están las debilidades para una mayor regulación y una sanción efectiva?, ¿son las multas proporcionales al daño causado? Algunas respuestas en la siguiente parte de este reportaje.

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[1] El monto representa las ganancias de cinco empresas: Cerro Verde, Barrick, Southern, Yanacocha y Antamina, según los estados financieros de estas compañías.

UN BUFFET DE BUFETES

El Estudio García Sayán tiene entre sus clientes a Volcan y Buenaventura, empresas que prefieren impugnar antes que pagar sus multas. Volcan además cuenta con el asesoramiento del Estudio Osterling, lo cual no sorprende porque Felipe Osterling Parodi es el vicepresidente de esta minera desde abril, cuando murió el presidente del directorio, Roberto Letts.

Otra empresa que hace lo posible por no pagar sus multas es Atacocha, que en 2008 fue adquirida por el grupo Milpo. El Estudio Grau registra en su página web a Milpo y Buenaventura como sus clientes más destacados en el sector minero y ofrece sus servicios para asesorar “en procedimientos de supervisión y fiscalización”.

El estudio Echecopar también ha brindado servicios a Atacocha.

Los honorarios de esos bufetes, ¿son quizá mayores que las exiguas multas?

LAS GANANCIAS MILLONARIAS

A las tres empresas que registran el mayor número de infracciones no les ha ido nada mal. Entre 2007 y 2009, precisamente en los años en que se les impuso la mayoría de multas, Buenaventura obtuvo US$1,021 millones de utilidades netas. Entre 2008 y 2009 sus ganancias casi se triplicaron de US$ 153 millones a US$ 594 millones, según el estado financiero de esta empresa que aparece en la página web de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

Milpo, que compró Atacocha en 2008, también pudo disfrutar de un repunte de sus ganancias: de US$ 31 millones en 2008 a US$ 61 millones en 2009.En los últimos tres años Volcan tuvo su mejor momento en 2007 con US$ 397 millones, mientras que en los dos siguientes años experimentó una caída. Sin embargo, entre 2004 y 2006 llegó a obtener más de US$ 377 millones en utilidades netas.

La bonanza del sector minero ha desbordado incluso las proyecciones más entusiastas. Entre 2005 y 2009, las cinco mineras más grandes lograron ganancias que estuvieron cerca de los US$20 mil millones, de acuerdo con los estados financieros de las compañías.

Tales estimaciones no difieren de las cifras gubernamentales. De 2005 al primer semestre de 2008, las mineras extranjeras que representan a las más grandes del rubro, obtuvieron US$15 mil millones de utilidades, según el Banco Central de Reserva. Sólo entre 2005 y 2007 se observó un incremento de ganancias de 150%.

Mientras que en 2009, un año que se pensó iba ser malo por la crisis financiera, las ganancias de algunas empresas se mantuvieron e incluso siguieron creciendo, como es el caso de Yanacocha que de US$ 464 millones en 2008 pasó a ganar US$ 713 millones.

VOLCAN ENCABEZA SANCIONES POR CONTAMINACIÓN

Las evidencias de contaminación causadas por las operaciones de Volcan abundan. Los registros de Osinergmin entre 2007 y 2009 la colocan como la empresa con más infracciones de normas ambientales.

Los efluentes de la planta de neutralización de aguas de mina de la Unidad Carahuacra, de Volcan, donde se procesa el agua que será luego devuelta a los ríos, excedieron los límites permisibles de zinc y hierro según un análisis realizado por el laboratorio J. Ramón del Perú S.A.C en diciembre de 2007 a pedido del órgano supervisor.

“La infracción debe ser calificada como grave toda vez que los límites máximos permisibles (LMP) para las actividades mineras están fijados para salvaguardar la salud, el bienestar humano y medio ambiente, por lo que excederlos supone un menoscabo material calificado como daño ambiental”, concluyó Osinergmin en la resolución N° 001075 de octubre de 2008.

En otra visita realizada en mayo de 2008 a la unidad minera Cerro de Pasco de Volcan, los supervisores detectaron que el efluente del agua industrial Paragsha también excedía los LMP con 4.7 miligramos por litro (mg/l) de zinc y 208 mg/l de sólidos en suspensión que indican el grado de turbidez al agua por la presencia de residuos mineros.

La misma falta se repitió en otra planta de neutralización de las aguas. En setiembre de 2008, la supervisora detectó que Volcan inició actividades de construcción de vías de acceso para el nuevo depósito de desmontes Rumiallana sin contar con un estudio de impacto ambiental ni estudios previos para analizar las condiciones del suelo que le exigen las normas. Como resultado de estas “actividades ilícitas”, como las calificó Osinergmin, se generaron deslizamientos de “considerable magnitud” sobre el bofedal del valle Rumiallana que terminó bloqueado por los sedimentos.

La empresa argumentó que luego del deslizamiento se derivaron las aguas de la quebrada que alimentaba al bofedal para no saturarlo y que se construyeron pozas naturales para sedimentar los sólidos y reducir el impacto en las aguas. Osinergmin replicó en la resolución N°002967 del 12 de junio de 2009 que esas acciones no fueron medidas de prevención y que el daño estaba consumado. Los empresarios de Volcan cerraron los ojos y apelaron.

Volcan tiene fama de hacer ampliaciones y construcciones en sus instalaciones sin permiso como lo revela una resolución de febrero de 2009 en la que se le sanciona con 200 UIT por no detener la construcción de su planta de minerales oxidados que no contaba con autorización del Minem. La empresa impugnó la resolución pero luego se arrepintió.

La compañía sólo ha pagado cinco multas impuestas por el Minem por contaminar ríos y lagunas en 2006, luego de acudir hasta la última instancia en la vía administrativa. El consejo directivo de Osinergmin falló en su contra en todos estos casos con resoluciones emitidas entre 2007 y 2008. Pese a tratarse de faltas graves al medio ambiente, las multas apenas oscilaron entre 6 y 30 UIT.

El mismo modus operandi se repite para ocho sanciones en seguridad e higiene por hechos ocurridos en 2007 y que también fueron ratificadas por el consejo directivo. Cinco de ellas confirman que Volcan no tomó medidas de prevención, no supervisó ni capacitó a varios trabajadores que murieron realizando operaciones por órdenes de la empresa.

BUENAVENTURA Y SUS OPERACIONES DE ALTO RIESGO

En los últimos tres años, la empresa que más ha impugnado sanciones por muertes de trabajadores es Buenaventura. ¿Pruebas? Varias.

Ronie Edgar Canaza Coila murió el 8 de enero de 2007 cuando reparaba los buzones de una chimenea de 28 metros de altura. Cayó desde lo alto. La fiscalizadora determinó que Ronie no fue guiado a la hora de realizar este trabajo riesgoso: la persona encargada de supervisarlo abandonó el lugar ni bien se dio la orden para el inicio de la operación y tampoco contaba con el permiso del Departamento de Seguridad de la empresa para cumplir esta función.

No había un procedimiento escrito de trabajo seguro (PET) para la actividad y “al trabajador fallecido se le encargó un trabajo para el cual no estaba capacitado y no era su especialidad”, apuntó Osinergmin en su resolución N° 001029 de setiembre de 2008, en la que determina hasta tres infracciones de Buenaventura que causaron la muerte de Ronie.

Teófilo Ramos Ticllasuca murió el 7 de junio de 2008 cuando intentaba colocar con cincel y comba un explosivo que le permitiría desprender un planchón de rocas de manera controlada para extraer el mineral. Los errores se repitieron: el trabajo se realizó sin una supervisión permanente, sin que Teófilo sea capacitado para una operación como ésta y sin que se le informara de las fallas de las rocas que debía derrumbar y que ya habían sido detectadas días antes por el departamento de geomecánica de la empresa.

Buenaventura detectó la falla geológica el 3 de junio, cinco días antes de la muerte de Teófilo, pero según el supervisor de geomecánica esta advertencia recién iba a publicarse el 11 de junio, fecha en que el trabajador ya estaba enterrado. Pese a ello, el hecho fue calificado por Osinergmin como un accidente de trabajo.

Pero los incumplimientos de esta empresa a las normas de seguridad y su actitud de evadir las sanciones no son recientes. Cuando el Minem tenía a su cargo la fiscalización, también presentó varios recursos de consideración por muertes de trabajadores registradas en operaciones de alto riesgo durante 2006.

Al heredar estos expedientes Osinergmin, el Consejo Directivo ratificó en 2007 cuatro sanciones por considerar que la empresa incurrió en errores que trajeron como consecuencia la muerte de cinco trabajadores: Cosme Roly Espinoza Bonilla, Práxides Molina Cruz, Ernesto Manuelo Usca, Jeremías Nilo Falcón Eunofre y David Ángel Calderón Marcelo.

En estos casos el argumento principal de la empresa siempre ha sido responsabilizar a los muertos y de calificar de “subjetivas” las pruebas técnicas de la entidad fiscalizadora que halló la ausencia de procedimientos escritos de trabajo seguro (PET), estudios para determinar el peligro de las operaciones, supervisión y capacitación a los trabajadores para desarrollar este tipo de labores, pese a ser obligaciones legales.

De estos casos, Buenaventura sólo ha pagado una multa y ha acudido al Poder Judicial para evitar el cobro de las otras.

CÓMO EVADIR SANCIONES

El presidente de Osinergmin reconoce lentitud del consejo directivo para resolver sanciones impugnadas.
Los más de US$13 millones que no pagan las empresas mineras en multas por daños ambientales y operaciones inseguras, es casi igual al monto que Osinergmin gastó entre 2007 y 2009 para fiscalizarlas. La sanción económica que se les impone resulta impotente ante infracciones consumadas.

Con los descargos que algunas empresas mineras presentan al Osinergmin, podría escribirse un libro para dummies o principiantes sobre “Cómo hacer para no pagar una multa”.

La empresa Volcan, que opera en Cerro de Pasco y tiene el mayor número de sanciones por contaminación, ha tratado de invalidar las multas que le ha impuesto la gerencia general de Osinergmin, con pruebas de laboratorio hechas por encargo.

La minera impugnó la resolución N° 001075 de octubre de 2008 en la que se evidencia que uno de los efluentes de Volcan superaba los límites máximos permisibles (LMP) de zinc y hierro. Como parte de su defensa, presentó informes de ensayo con resultados por debajo de los LMP que mandó a hacer al laboratorio Inspectorate Services Perú S.A.C. en una fecha distinta a la supervisión y sin indicar el punto de monitoreo.

“Volcan no aporta medio probatorio que sustente técnicamente su pretensión de invalidar el resultado obtenido”, sentenció el órgano regulador. El caso sigue entrampado en la segunda instancia.

Buenaventura, que ha impugnado todas las resoluciones de la gerencia general, no se queda atrás en los alegatos de manual. Como reveló IDL-Reporteros en la parte central de este reportaje, en la resolución N°001029, la gerencia general del órgano regulador sancionó a esta minera con US$126 mil 325 (100 UIT) por encontrar hasta tres infracciones relacionadas con la muerte del trabajador Ronie Edgar Canaza Coila, el 8 de enero de 2007. Su deceso se produjo cuando reparaba los buzones de una chimenea de 28 metros de altura.

La compañía arguyó que el accidente se originó por “un acto propio, voluntario y negligente del accidentado” y que le entregó la indumentaria y equipos de seguridad necesarios como si la responsabilidad de la empresa sólo radicara en entregar casco y guantes.

De acuerdo a las normas, la empresa debió supervisar la operación de alto peligro y no lo hizo, no capacitó al trabajador para esta tarea y tampoco contaba con el respectivo procedimiento escrito de trabajo seguro (PET) que le hubiese permitido prevenir los riesgos.

Con argumentos como estos, varias empresas han logrado que más del 77% de las multas impuestas entre 2007 y abril de 2010 no puedan ser cobradas. El monto no pagado supera los US12.3 millones que la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin ha tenido como presupuesto en los tres últimos años.

Asesores S.O.S.

¿Cómo se explica la actitud y los alegatos de las compañías? “Son los abogados de las empresas que en su afán de defensa buscan cualquier argumento. Las compañías se equivocan al recurrir a ellos”, respondió a IDL-Reporteros el gerente de fiscalización minera, Guillermo Shinno.

Las grandes mineras tienen sus propias áreas legales para argumentar sus descargos pero también recurren a importantes estudios de abogados según la complejidad de los casos.

“Las sancionadas pagan las multas bajas, de 10 UIT (US$12 mil 631) y tienden a impugnar las más altas”, apuntó Shinno.

Pero el gremio minero dice sentirse acosado. El presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Carlos Arana, declaró al diario Expreso en marzo que Osinergmin realizaba una “persecución cuasi policial” contra las empresas. Y esperaba que esos “métodos” no sean aplicados por la institución que asumirá en breve la fiscalización de la minería en el tema ambiental: el Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) del Ministerio del Ambiente.

“Si se espera que la minería trabaje con guantes y mandil blanco, se está en otro planeta (…) la minería es barro, tierra, hacer huecos (…) minería que no perturba no existe”, argumentó Arana con extrema sinceridad. En realidad, tal exceso de vigilancia no existe.

Lo que hay es una mejor fiscalización desde que Osinergmin asumió esta función en 2007 si se compara con el trabajo realizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pero aún se está lejos de regular con eficiencia la minería.

LUCES Y SOMBRAS

La gerencia de fiscalización cuenta con 25 profesionales (abogados e ingenieros) que analizan los expedientes en oficina y contrata a ocho supervisoras que tienen 64 técnicos destinados a inspecciones de campo. Estas inspectoras pasaron por un nuevo proceso de selección porque, según Osinergmin, algunas no tenían la capacidad para fiscalizar a las empresas más grandes.

¿Pero eso basta para una fiscalización profesional?, ¿no hay casos que escapan del radar de Osinergmin?

“Una institución no se construye de la noche a la mañana. Cuando nos dieron esta tarea, el Minem no nos dio en forma inmediata los documentos de los procesos, tampoco personal ni recursos. Hemos funcionado con el dinero que aportan otros sectores como energía e hidrocarburos para contratar a técnicos capaces”, respondió Alfredo Dammert, presidente de Osinergmin.

El funcionario admitió que recién en 2009 se empezó a agilizar los procesos de sanción que incluyen multas y recomendaciones para remediar las faltas, pero esto sólo ocurrió en la gerencia de fiscalización donde se acumulan las pruebas y se valoran los descargos de las empresas en primera instancia. El mayor entrampamiento continúa en el consejo directivo, la segunda instancia. Ahí está el cuello de botella.

IDL-Reporteros verificó que por lo menos unos 50 casos ya resueltos por la gerencia siguen esperando una respuesta del consejo directivo por infracciones que incluso fueron consumadas hace tres años. Apenas 11 resoluciones fueron emitidas por impugnaciones a multas impuestas por la gerencia general desde que Osinergmin asumió la fiscalización del sector minero. Los casos que se han priorizado son los de mayor escándalo público como los de Doe Run y Casapalca.

Hasta el momento no se ha instalado el Tribunal de Apelaciones y Sanciones en Temas de Energía y Minas (TASTEM), sala que debería ver los casos en segunda instancia como sucede en los sectores energéticos y de hidrocarburos. Con este tribunal, podrían haberse agilizado los procesos ya que está integrado por expertos que pueden sesionar hasta dos veces por semana.

Dammert anunció que pronto se elevarán los expedientes al TASTEM y que antes no fue posible porque no había consenso en el consejo.

Pero ¿sirve de mucho ahora que la OEFA está a punto de asumir la fiscalización del impacto ambiental? La supervisión ambiental a estas empresas representa aproximadamente el 60% de la carga de la gerencia de fiscalización minera de Osinergmin que ahora sólo se quedará con los casos de infracción a normas de seguridad e higiene.

Osinergmin logró incrementar el tope de multas por infracciones ambientales hasta por 10 mil UIT pero sólo para proyectos de exploración. Aún no se ha registrado una sanción por ese monto.

Las multas por falta de seguridad e higiene en las operaciones mineras siguen siendo bajas.

Para Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, hay varios problemas de fiscalización que surgen de las normas: los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el sector minero no se actualizan desde hace 14 años y tampoco está definida la indemnización de daños a terceros.

¿Cómo se explica que el gobierno promueva la inversión minera y resalte su aporte económico para el país, sin las armas necesarias para regular, a la vez, esta peligrosa actividad? Ni las leyes ni los mecanismos son suficientemente disuasivos para proteger el medio ambiente y la vida, y tampoco para sancionar eficazmente a quienes los incumplen.

Con lo rentable que es, la actividad minera puede ser un peligroso agente de desequilibrio ecológico, de depredación ambiental y de conflictos sociales. ¿En qué momento el daño supera el beneficio?, ¿cuándo la avaricia se convierte en amenaza? Eso lo debe responder una entidad fiscalizadora experta y con una fuerte autoridad, capaz de actuar en forma pronta y decisiva, tal cual Barack Obama hubiera ahora deseado hacer a tiempo con la British Petroleum.

DEFENSORÍA: SANCIONES DEBEN APLICARSE CON EFICACIA Y ENERGÍA

Iván Lanegra recomienda incrementar las multas para desalentar las impugnaciones.

Las armas para proteger el medio ambiente están desfasadas.

El Adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, señaló a IDL-Reporteros que Osinergmin fiscaliza con límites máximos permisibles (LMP) de efluentes y emisiones minero metalúrgicos aprobados en 1996. El Banco Mundial en un informe de 2005 ya había determinado que estos parámetros se encuentran por debajo de los estándares para prevenir la contaminación.

En noviembre de 2006, el ex Consejo Nacional del Ambiente que dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros, se comprometió a aprobar hasta fines de 2008, 39 LMP. Vencido el plazo, sólo dio luz verde a dos.

En 2009, el Ministerio del Ambiente (Minam) estableció un nuevo cronograma de aprobación y redujo la valla a 23 LMP. Hasta el momento se ha aprobado dos y precisamente entre los parámetros pendientes figura el de las emisiones y efluentes en la actividad minera.

“¿De qué sirve un gran despliegue para fiscalizar si las normas para reducir la contaminación son laxas y no garantizan eficacia? Así, los problemas subsisten y los beneficios ambientales son menores.”, argumentó Lanegra.

El funcionario consideró que como primer paso, los esfuerzos deben desplegarse en la prevención de los daños y para ello es importante la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, que hoy siguen siendo aprobados por el Ministerios de Energía y Minas (Minem) el mismo que promueve la inversión del sector. La Defensoría ha recomendado que esta función pase al Ministerio del Ambiente.

“Cuando la prevención no funciona y se produce una infracción ambiental, el Estado debe actuar en forma rápida para mitigar los posibles daños y utilizar con eficacia y energía sus facultades sancionadoras”, señaló.

Los derechos que se otorga a las personas para defenderse de los posibles excesos del Estado en los procesos administrativos, han sido distorsionados por algunas empresas que impugnan las multas para postergar el pago lo máximo que se pueda.

“Se debe desalentar el uso de estos mecanismos con objetivos puramente dilatorios”, indicó Ivan Lanegra. Para él, una forma es incrementar las multas de las infracciones y establecer un monto adicional de pago cuando se recurra a impugnaciones injustificadas.

DAÑOS A TERCEROS
Los montos de las multas que aplica Osinergmin no siempre son mayores a lo que ahorraron las empresas por incumplir obligaciones ambientales.

Casos abundan como hemos visto en este reportaje: lo que dejó de gastar una empresa por no reparar un depósito de relaves a punto de colapsar, por echar efluentes minero metalúrgicos al río sin previo tratamiento, por ampliar sus instalaciones sin autorización, por no hacer estudios de suelos que pudieran prever deslizamientos de tierras sobre un bofedal.

Osinergmin avanzó en parte con el incremento de estas multas, pero principalmente para proyectos en etapa de exploración. El proceso está a medio camino y tendrá que ser retomado por la Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA) del Ministerio del Ambiente.

Otro aspecto importante para Iván Lanegra es reforzar el sistema de responsabilidad civil por daños al medio ambiente, a las personas o comunidades. “Es un tema que no se ha desarrollado de manera apropiada y que debería trabajarse para proteger los derechos de terceros y los bienes (lagunas, ríos, bosques naturales) que son Patrimonio de la Nación”, aseguró Lanegra.

La aplicación de indemnizaciones, que se rigen bajo el Código Procesal Civil, requiere un mecanismo sencillo que permita a los afectados demostrar la afectación de sus derechos. “Eso por lo general es costoso y difícil de probar. Por eso en otros países se han creado procuradurías ambientales que puedan contribuir al hallazgo de pruebas”, apuntó.

El Minam cuenta desde enero de este año con una procuraduría e impulsa la implementación de fiscalías especializadas para investigar los delitos ambientales que desde 2008 pueden ser sancionados con 3 a 8 años de cárcel. Pero hasta hoy no existe nadie tras las rejas por afectar el medio ambiente.

Además, el Minam interviene sólo cuando hay daños dentro de áreas naturales protegidas y de las 255 denuncias que ha impulsado, unos 35 involucran a mineros informales, no a empresas. El procurador del ministerio, Julio Cesar Guzmán Mendoza, señaló a IDL- Reporteros que sólo existe un caso en investigación preliminar en una fiscalía no especializada en Ancash contra Antamina por presuntos daños al Parque Nacional Huascarán.

Los casos que ocurren fuera de áreas naturales protegidas no son investigados. “La procuraduría del Ministerio de Energía y Minas tampoco lo hace porque dice que no le compete, ahí existe un vacío”, señaló Guzmán.

El presidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, aseguró que las resoluciones que emite la institución que dirige pueden constituir pruebas para que los afectados reclamen por estas indemnizaciones ante el Poder Judicial o para que las fiscalías actúen de oficio. Lo cierto, es que las comunidades afectadas no tienen por lo general recursos para contratar a Estudios como al Echecopar o al Estudio García Sayán con el fin de reclamar por reparaciones económicas, como sí lo pueden hacer las empresas, pero para impugnar sanciones.

El cadmio es un metal tóxico considerado cancerígeno y que puede debilitar los huesos y causar severos problemas de riñón.

McDonald’s pide al púbilco devolver la mercadería

Nueva York (Agencias). Las autoridades estadounidenses informaron hoy que la cadena de comida rápida McDonald’s llamó a los consumidores a dejar de utilizar y, si es posible, devolver 12 millones de vasos decorados con la cara del personaje Shrek, porque la pintura contiene cadmio, lo cual implica un riesgo para la salud.

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, “en cooperación” con McDonald’s, anunció “el llamado voluntario” a devolver los vasos “Shrek”, dijo el comunicado. “Los consumidores deben dejar de usar” los vasos, agregó.

El cadmio es un metal tóxico considerado cancerígeno por las autoridades estadounidenses. Asimismo, puede debilitar los huesos y causar severos problemas de riñón.

“RETIRO ES POR PRECAUCIÓN”
La entidad señaló en su aviso de retiro que “la exposición extendida al cadmio puede producir severos efectos adversos en la salud”.

El comunicado afirma que el llamado fue decidido “por precaución” y que no se han señalado incidentes relacionados al asunto. “Es ilegal vender o intentar vender un producto llamado a devolución”, subrayó.

McDonald’s vendía los vasos en aproximadamente dos dólares cada uno, como parte de la campaña promocional de la película Shrek Forever after 3D. Por esta razón, la cadena de comida rápida indicó a sus clientes que pueden acudir a su página web para ver cómo recuperar su dinero.

Lo vasos tienen una capacidad de medio litro y fueron elaborados por la firma ARC International.

Integración física regional de 12 países sudamericanos

Por Nicolás Polar, director de Advisory – Corporate Finance y Global Infrastructure de KPMG

Escuchamos preguntar una y otra vez sobre si el puerto fluvial de Yurimaguas alcanzará el tráfico que necesita para ser una inversión viable, o si es que el Tramo 2 de la carretera Interoceánica Centro incrementaría el flujo del comercio en la región. Se habla sobre los aeropuertos del sur de manera aislada, como si fueran únicamente iniciativas propias de la región, y se pregunta por qué habría que promover esos proyectos en lugar de otros tantos. En suma: ¿Cuál es el criterio que ha predominado para establecer estos proyectos prioritarios?; ¿por qué creer en la viabilidad e importancia de estos proyectos?, y ¿por qué valdría la pena destinarles recursos públicos y privados?

En realidad, pareciera estarse nublando el panorama y olvidando la propia razón de ser de estas opciones: La integración física regional de 12 países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) y la visión en consenso de la necesidad de las “infraestructuras sostenibles”, de las cuales todos nos beneficiaríamos.

Miremos la imagen completa: Hace ya 10 años surgió por parte de estos países la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Así, se reconoció la importancia de planificar de manera coordinada los proyectos de transporte, energía y comunicación para impulsar el proceso de integración política, social y económica de la región, a la vez que involucrar al sector privado en esta iniciativa común.
Bajo estas premisas, para avanzar de manera ordenada y productiva, se establecieron desde un inicio dos líneas de acción principales: 1) Los Ejes de Integración y Desarrollo (EID), que permiten identificar necesidades específicas de infraestructura para articular los territorios con el resto de regiones; y 2) Los Procesos Sectoriales de Integración (PSI), que permiten resolver obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden el uso eficiente de la infraestructura planificada.
En los Ejes de Integración y Desarrollo, tenemos un caso muy claro en el Eje del Amazonas, donde la actual concesión del Puerto de Paita sirve de entrada para el sistema de transporte multimodal que utilizaría la carretera Paita-Tarapoto-Yurimaguas, los puertos de Yurimaguas e Iquitos y sus correspondientes centros logísticos, y la hidrovía que los conectaría con proyectos similares en Brasil. Por parte del Eje Andino, tenemos el mejoramiento de la ruta terrestre que nace en Bolivia y atraviesa la costa peruana para luego unir Quito, Bogotá y Caracas. De igual manera, en el denominado Eje Perú-Brasil-Bolivia se consideraba desde un inicio no sólo la pavimentación de las carreteras Iñapari-Puerto Maldonado-Inambari, y de Inambari a Juliaca y Cuzco, sino también la construcción y/o modernización de los aeropuertos a lo largo de la región, la construcción del puente sobre el río Acre y los pasos de frontera entre Perú y Bolivia, sumando también la salida de estas regiones al Océano Pacífico, por medio de los puertos de Ilo, Matarani y San Juan de Marcona.
En los Procesos Sectoriales de Integración, vemos por ejemplo la evaluación del potencial hidroviario de la región (con prioridad en el Eje Amazonas), la Integración Energética por medio de líneas de transmisión transnacionales, el cableado de fibra óptica para telecomunicaciones en redes de transmisión, la armonización regulatoria en materia eléctrica, gasífera y petrolera, el estudio sobre Corredores Ferroviarios de Integración, y la implementación del Proyecto de Roaming Suramericano.
Todos estos proyectos vistos como parte de una misma planificación nos llevan a concebir a Sudamérica como un espacio geoeconómico plenamente integrado, en donde se reducen las barreras comerciales y se consideran sistemas unificados de regulación y operación, que a su vez permiten aumentar el desarrollo regional y aprovechar cadenas productivas capitalizando ventajas comparativas entre los distintos países.

Retomando entonces las preguntas iniciales, vemos que no se trata de la viabilidad individual que cada proyecto pueda tener mirándolo aisladamente, ni del flujo comercial que atraerían por sí mismos, sino de cómo cada uno de estos proyectos forma parte de una visión estratégica de integración -que implica que todos individualmente provean de un valor añadido por ser parte de un rompecabezas mayor- y de cómo su consecución influiría en el éxito de los demás. Es en ese contexto que se invita al sector privado a participar de forma innovadora en el financiamiento, ejecución y operación de estas iniciativas, y a la vez a compartir los riesgos y beneficios que éstas conlleven.
Vistos en conjunto, se trata hoy de una cartera de más de 500 proyectos de infraestructura de integración, con una inversión estimada de cerca de US$ 70,000 millones a ejecutarse en varias etapas, y que considera la integración de un subcontinente de 380 millones de personas. Mirando ahora la imagen completa, ¿alguien duda aún de la viabilidad o prioridad de estos proyectos?

César Zumaeta: Repsol decidirá el destino del gas que se exportará. Podría ir a Chile si empresa decide venderlo a ese país, sostiene.
Mientras que congresistas de diversas bancadas pidieron al gobierno que informe a la población a qué país se exportará el gas, el legislador aprista César Zumaeta dijo que esa ya no es decisión del Ejecutivo sino de Repsol, que es la empresa que finalmente decide dónde vender este recurso natural, de acuerdo a lo señalado por el contrato, pero añadió que lo que sí debe hacer el gobierno es garantizar el gas para el mercado interno.

Consumo interno
“Muchos peruanos no entendemos que el gas que se va a exportar a México o a Canadá, Chile o Argentina, no está en poder peruano sino de un operador privado que es Repsol. Si en México no hay infraestructura para recepcionar el gas que se exportaría, el operador no esperará diez o quince años, seguramente buscará otros mercados”, sostuvo Zumaeta.
Zumaeta dijo que en este momento, lo único que hay que exigirle a este gobierno o al venidero es la garantía del gas para consumo interno para los próximos 20 años, en tanto que el recurso disponible puede exportarse en los mercados del mundo.

Sin respuesta
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía, Luis Galarreta, dijo que durante la última presentación del ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez le preguntó si el contrato le permite a Repsol la venta del gas a cualquier país, pero el titular del sector no quiso contestarle.

Por eso pidió que en aras de la transparencia el ministro o el Ejecutivo informe a la población hacia dónde irá el gas y si el operador privado puede venderlo a cualquier otro gobierno que no sea México, país que fue elegido inicialmente.

El destino del gas sería Chile
El congresista de AN, Isaac Mekler, señaló que el gas tendrá como destino Chile, aunque la póliza de exportación diga lo contrario, y por eso criticó al gobierno al querer entregar dentro de poco un recurso natural que servirá para el desarrollo de un país con el cual tenemos una relación frágil.
El congresista nacionalista Daniel Abugattás dijo que si el gobierno tuviese voluntad política para priorizar el gas a favor del consumo del país podría renegociar el contrato o de lo contrario declarar en emergencia el sector.
MARÍA TERESA GARCÍA

Se han dado los primeros nombres de personas heridas

Perú. Las primeras imágenes de la tragedia ocurrida en la madrugada de hoy en el caserío Santa Rosa, distrito de Indiana, en Iquitos, muestra cómo los sobrevivientes del hundimiento de la motonave “Camila” se refugian en las orillas del río Amazonas.

En el video, difundido por Pro y Contra, estas personas exigen a las autoridades rescatar a los hombres, mujeres y niños que todavía permanecían en el interior de la embarcación.

Una de las pobladoras señaló, entre gritos, que había escuchado golpes que venían de la motonave “Camila”, mientras está se hundía lentamente.

Además, la persona que grabó el video indicó que no se sabe la cantidad de personas que estaban en la embarcación porque no existe un verdadero control en la zona acerca del tránsito en los ríos.

LAS VÍCTIMAS Y RESCATADOS
Hasta el momento solo se han registrado dos víctimas mortales del accidente que fueron identificadas como Antonio Sotelo Príncipe (50) y Ana María Venturo (78), quienes fallecieron ahogados.

Robert Falcón, jefe regional de la Oficina de Defensa Nacional de Loreto, informó a la Agencia Andina que hay 121 sobrevivientes y que los trabajos de rescate continuarán en la zona porque habrían por lo menos unos 80 desaparecidos.

Por su parte, el almirante Rodolfo Reátegui, de la Capitanía de Puertos, confirmó a Canal N que la embarcación “Camila” llevaba 50 cilindros de combustible de contrabando y que probablemente al momento del hundimiento, este se haya derramado en las aguas del río Amazonas.

Ante ello, sostuvo que si se confirma que hubo contaminación se deberá cercar el área a fin de evitar que el petróleo se extienda.

FUERON TRASLADADOS
Ideeleradio señaló que más de 20 sobrevivientes del accidente han sido llevados a los centros médicos de la ciudad de Iquitos.

De esta cantidad, seis personas se encontraban heridas de gravedad y están internadas en el Hospital Regional, donde vienen siendo atendidas.

Hasta el lugar del incidente llegó el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, quien puso a disposición una embarcación para trasladar a los sobrevivientes a sus lugares de origen.

LISTA DE HERIDOS
Según la información dada por Defensa Civil estos son los pasajeros heridos en el hundimiento de la embarcación “Camila”:

Maura Curiñaupa Paujarima (36)
Abigail Débora Osco Curiñaupa (6)
Yolanda Vásquez Jara (22)
Vidalina Vásquez Jara (14)
Yocelin Mashita Vásquez (5)
Diana Ramírez Huanaquiri (29)
Isis Ramírez (3)
Claudina Huanaquiri Marichi (55)
Elva romero Mendoza (4)
Berlín Mendoza Huanaquiri (21)
Cristina Mendoza Romero de 10 meses de nacida.
Isis Delgado Villanueva, de 9 meses de nacida.
Malú Villanueva Magalaes (19)
Percy Rojas Monje (29)
César Vargas Vargas (43)
Fleber Francelino Bonifacio (34)
Amparo Sánchez Ruiz (34)
Gustavo Huasajichi Sanchari (38)
Katiuska Chávez Chanchari (20)
Marilyn Noa Rojas (20)

Especial para wwsynthesis

Journalists Head to Spain for International Federation Journalists Debate on Actions to Confront Media Crisis

Journalists’ leaders from all corners of the globe are heading for Spain this weekend to join the Congress of the International Federation of Journalists, the world’s largest gathering of unions and associations representing reporters and editorial staff.

The Congress, which will be held in the historic centre of Cadiz, will confront a range of massive problems facing the media industry and journalists – including threats of violence, governmental interference in media, a crisis of confidence in traditional media markets hit by the impact of the Internet, and growing demands from within the community of journalists for action to defend ethical and professional standards.

«The theme of our Congress is Journalism in Touch with the Future,» said Aidan White, IFJ General Secretary, «and that says everything about the growing determination within journalism to confront pessimism about the future of our craft.»

The IFJ Congress will receive a report on the future of journalism which outlines new strategies for unions to defend journalists’ rights, both in the workplace and in their professional role.

«Some traditional media have made savage cuts in the fabric of journalism and encouraged a betrayal of ethical norms,» said White. «Tens of thousands of jobs have been lost over the past three years. There is less informed coverage of public affairs at local and national level. If this decline goes unchecked democracy will suffer and corruption will grow.»

While the IFJ says the Internet and the wave of new players in the world of information is great news for free expression and democracy, more must be done to counter a quality deficit caused by the cuts in media output.

«People need informed analysis, commentary and information about current affairs based on values of transparency, credibility and accountability,» said White. «Only journalism can provide this. Blogging and twittering are good for hearing what people have got to say, but they are no substitute for genuine journalism.»

The Congress will debate organising strategies for unions. It will also confront the continuing crisis of violence against journalists in many parts of the world where war, crime and social dislocation have led to the killing of more than 1,000 reporters and editors over the past decade.

«The crisis of impunity in killings of journalists and the scandal of governmental neglect will be at the heart of the agenda,» said White. «Colleagues from Africa, Latin America and many parts of Asia will give first-hand accounts of the crisis for press freedom and make proposals on how to make journalism safe.»

The Congress will also discuss IFJ plans to strengthen its own regional networks, to provide more training and support for journalists and to bring about reforms within the organisation to meet the momentous challenges facing the industry.

«The IFJ will help unions build a new solidarity to address problems – both old and new,» said White. «Our regions are growing in confidence. There is a sense that journalism is on the march, even if some employers appear to be weaker in their defence of the values of journalism.»

The Congress in Spain coincides with celebrations to mark the 200th anniversary of the adoption of the Constitution of Cadiz, and the adoption of the first press freedom law in Spain adopted in 1810. It will be officially opened by the First Vice-President of the government of Spain, María Teresa Fernández de la Vega on May 25.

La revelación que CARETAS hizo la semana pasada trajo una cola tan larga como la de los simpatizantes que esperaban visitar al ex presidente

La evidencia de la cantidad de éstos llegó al punto que el propio jefe del INPE, Rubén Rodríguez Rabanal, reconoció en RPP el viernes 14 que el ex presidente ha llegado a recibir 180 personas en un solo día. Añadió además que su institución no tenía derecho a supervisar lo tratado durante las visitas, lo que facilitaría el “adoctrinamiento” político de dirigentes populares denunciado por esta revista.

Luego de una serie de declaraciones contradictorias por parte de miembros del gobierno, el presidente Alan García marcó la pauta a seguir esa misma mañana de viernes:

“Está bien que las personas visiten a una persona detenida, uno puede recibir a sus amigos, familiares, sus parlamentarios”, reflexionó. “Pero que eso se convierta en una manifestación o adoctrinamiento, es un exceso, demasiado. No hay que abusar de ello”.

Rodríguez Rabanal y el ministro de Justicia, Víctor García Toma, responsabilizaron en un principio de los hechos al director de la Diroes, Coronel PNP Edinson Salas Zúñiga. Éste devolvió la pelota y retrucó que el control está a cargo del INPE, que incluso cuenta con un acceso independiente hacia la calle por la puerta Nº 2. El ministro del Interior, Octavio Salazar, añadió que “lo que hace la Policía es el resguardo exterior. La administración interna no está a cargo del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional”.

Al final, el ministro García Toma anunció que el flujo de visitantes será más controlado y que no excederán de 15 al día. Como tratando de calmar las aguas, la congresista fujimorista Luisa María Cuculiza declaró que el líder condenado a 25 años “no va a tener ningún problema en recibir menos gente, pero eso es una demostración más de que la gente lo quiere, porque pese a estar lejos de ellos tratan de saludarlo”. Cuculiza negó que Fujimori viva en una cárcel dorada.

“Hasta el reo más común tiene teléfono público y por qué el presidente no lo va a tener”, preguntó. “En la Diroes no hay teléfono público. Son comentarios que están fuera de sitio. Como ven que Keiko sube, sube y sube en las encuestas, tratan de tumbarla políticamente”.

Pero las muestras fotográficas y de video presentadas en la presente edición demuestran que Fujimori no solo recibe ingentes cantidades de visitantes, sino que también reina y manda a su gusto en la Diroes. En las imágenes captadas el lunes 10 de mayo, se le observa discutiendo con el maestro de obras que supervisa las obras de pavimentación del espacio que el ex presidente planea destinar como parqueadero de su centro de reclusión, donde sus visitantes podrán estacionar sus vehículos.

El primer cuestionamiento es obvio: ¿Por qué Fujimori, que es al fin y al cabo un sentenciado, puede proponer y supervisar modificaciones en su centro de reclusión?

La segunda observación refuerza la idea de la Fuji-Farsa. El régimen penitenciario otorgado a Fujimori hace casi dos años es mucho menos severo que el primero que le impusieron (CARETAS 2129). Pero aún así establece que, entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, el interno solo puede moverse entre la celda, los pasadizos y el patio. A partir de entonces, y hasta las nueve de la noche, se le permite caminar por su celda y los pasadizos. El cierre de la celda es a las nueve de la noche.

Aquí Fujimori aparece a unos 33 metros de su celda, coordinando obras a aproximadamente 20 metros de la puerta trasera del fundo Barbadillo. Aquella por la cual CARETAS capturó las fotografías publicadas la semana pasada, por la que ingresan los muchos visitantes del ex presidente.

Para el fiscal Avelino Guillén, que participó activamente durante el juicio contra Fujimori, “la Diroes funciona como un local partidario y eso no es permitido en ningún país del mundo. Depende del ministro de Justicia cesar con esta burla al país”.

Esta situación es suficiente para plantear otras preguntas sobre materias investigadas periodísticamente en los últimos días:

¿Se cierra la celda a las nueve de la noche?

¿Fujimori recibe visitas por fuera del horario, bien entrada la noche, que son registradas en un segundo cuaderno de ocurrencias?

¿El INPE tiene el control de lo que ocurre dentro de las instalaciones policiales, incluidas las modificaciones practicadas?

Habla Carrión
El ex director de la Policía, Gustavo Carrión, era presidente del INPE cuando Fujimori fue capturado. Carrión fue un innovador en políticas carcelarias. Fue el primero quien, al frente del penal Castro Castro, introdujo en los establecimientos penitenciarios peruanos presentaciones de orquestas de música clásica y otras actividades culturales antes impensables. Durante ese período también trabó una sólida amistad con el ex primer ministro Yehude Simon, recluido entonces por vinculaciones con el MRTA.

Carrión tuvo varios encontronazos con la ministra de Justicia Rosario Fernández. Ahora considera que la presión política para cambiar el régimen de Fujimori “fue una de las razones de mi salida del INPE. Los fujimoristas ya habían solicitado el cambio y respondí que no procedía”.

Carrión consideró que a Fujimori le correspondía el régimen de máxima seguridad en nivel B (Abimael Guzmán, por ejemplo, tiene el A, que es el más severo) por las características de los hechos delictivos por los que se le juzgaba, que en este caso era la pertenencia a una organización criminal. “La norma no se refiere a delitos específicos sino a características”, explica.

También discrepa abiertamente con la lógica del premier Javier Velásquez Quesquén, quien el jueves 13 declaró desde Ambo, Huánuco, que “vivimos en democracia y no hay que tenerles miedo a las ideas. A veces los excesos pueden llevarnos a que pueda haber la percepción de que no vivimos en una democracia sino en una dictadura… yo prefiero que en el Perú se expresen las ideas. Soy un demócrata a carta cabal y nosotros no podemos aplicar la dictadura de pensamiento”.

De similar razonamiento fue el abogado de Fujimori, César Nakazaki, quien considera que “el tema de fondo es que no quieren que Fujimori sea el motor de un movimiento político, porque si Keiko no estuviera en las encuestas a nadie le interesaría. Lamentablemente para el enemigo su única limitación es a ser elegido, pero expresar sus ideologías no está prohibido porque es parte de libertad de expresión… ha perdido dos únicos derechos: libertad ambulatoria y poder ejercer funciones públicas”.

Al Año de la Sentencia
Carrión tiene otros argumentos. “Sale Velásquez y dice que los presos tienen derecho a exponer sus ideas”, critica. “El procesado sí. Pero el sentenciado no puede votar. Tiene suspendidos sus derechos civiles. Si fuera así, en el penal Castro Castro, que ha sido convertido a un régimen cerrado ordinario (como el de Fujimori, y donde está recluida buena parte de la dirigencia senderista), los presos podrían expresar sus ideas sin ningún problema. O si fuera en Lurigancho habría que multiplicar 180 visitas diarias por nueve mil presos”.

Para Carrión, “las preferencias están desde un principio. Cuando lo iban a traer, Luis Alva Castro (entonces ministro del Interior) sacó al jefe de la Diroes. Le habían puesto alfombra, le enchaparon las paredes. Quiso tener cable y me opuse. Le pidieron permiso al juez César San Martín, que me preguntó y yo sencillamente le respondí con el reglamento de visitas. No les dio el permiso”.

Este policía retirado concluye que “la sentencia confirma que no debieron cambiarle de régimen. Fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado. Hablamos de múltiples muertes, de haber dirigido mediáticamente al Grupo Colina”.

Se trata, ciertamente, de una situación muy particular. Esta semana se celebra en Lima el seminario internacional La Trascendencia del Juicio a Fujimori, organizado por el IDL y la universidad estadounidense George Washington. El miércoles 19 y jueves 20 disertarán, a un año de la histórica sentencia, personajes como Ricardo Gil (diputado argentino y ex magistrado que condenó a la Junta Militar) y Juan Méndez (ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Al mismo tiempo, la opción fujimorista mantiene un expectante segundo puesto en las encuestas con miras al 2011 y es un sector que tiene la atención no solo de los electores, sino de los demás partidos políticos, incluido el APRA a juzgar por las declaraciones del primer ministro. El “líder natural” del movimiento ha sido encarcelado por graves acusaciones pero sigue moviendo con toda libertad sus fichas políticas desde la reclusión.

El Régimen de Videla

Juan Méndez, ex presidente de la CIDH, compara los casos.
Juan Méndez, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jurista partícipe durante los juicios a la cúpula de la dictadura militar argentina, de visita en Lima, señala que “Fujimori es un ex presidente y no se le puede poner en una cárcel común. Pero los privilegios de los que goza son una ofensa para todos los presos del Perú. En Argentina hay 115 personas que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad y han habido escándalos sobre algunas facilidades que han tenido. Sin embargo nunca se ha visto que alguno de ellos tenga el poder de salir más allá de la zona establecida en la cual se puede mover. Además se presenta un problema de seguridad muy grande hacia su persona, ya que podría ser blanco fácil de algún atentado”.

Videla se encuentra en el penal 34 de Campo de Mayo de Buenos Aires. La unidad fue acondicionada en conjunto por el Ministerio de Defensa y de Justicia. Está alojado en un pabellón de tres habitaciones con dos camas cada una, una cocina común y una sala con televisor. En el cuarto que Videla comparte con otros cinco militares condenados por violación a los DDHH, solo hay una mesa de noche y un escritorio. El único ropero es compartido. El reclusorio posee un patio por el cual se puede pasear solo dos veces al día. Las visitas al ex dictador son limitadas a familiares y amigos cercanos.

Biocombustibles y GNL podrían cambiar su matriz energética

Perú será el primer país en materializar un proyecto de exportación de GNL en América Latina con destino al mercado mexicano y a otras regiones de la costa del Pacífico, entre ellas El Salvador. Esta posibilidad quedó abierta con la construcción de una planta de ciclo combinado y un terminal de gas natural que podría alimentarse del gas proveniente de Camisea, recomendación que realizó el BID como salida al problema salvadoreño de acceso a fuentes de energía limpia, eficiente y competitiva.

El Salvador ha participado en las diferentes inici…

El Salvador, al igual que el resto de los países de Centroamérica, tiene serias carencias energéticas por su condición de importador neto de energía fósil. La combinación de insuficientes inversiones para la generación de energía eléctrica y una elevada factura por la importación de combustibles líquidos ha incrementado las limitaciones de crecimiento económico del país. Por otra parte, el uso de la madera como combustible amenaza erosionar los pocos terrenos aptos para el cultivo que sobreviven en El Salvador. Pero esta pésima matriz energética podría cambiar en forma radical con la utilización de energías alternativas. A muy corto plazo, El Salvador podría comenzar a caminar por la senda de la producción propia de biocombustibles y la utilización de gas natural, proveniente de los yacimientos de Camisea en Perú, para la generación de electricidad. Todo depende de los incentivos y facilidades que otorgue el sector oficial para que los proyectos se construyan y entren en operación lo antes posible.

Desde hace más de una década, El Salvador ha participado en las diferentes iniciativas subregionales para encontrar soluciones comunes al problema energético, a partir del uso del gas natural y de otras fuentes alternas. A pesar de la buena voluntad de los gobiernos centroamericanos, tales iniciativas no se han concretado porque no hay el consenso en torno a premisas vitales, como unificación de leyes y normas; ausencia de un suplidor regional estable y a largo plazo; precios de referencia para el comercio de la energía, y definición de espacios territoriales para la construcción de infraestructura.

En el pasado reciente, en el marco del Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM), coordinado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), se consideró como alternativa llevar el gas a Centroamérica a través de gasoductos desde México, Colombia o Venezuela, pero las tres alternativas de suministro, por diferentes razones, no fueron viables. En tanto, en Perú, un proyecto de vieja data se materializó. Con la ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las reservas de gas natural de Camisea ahora ayudarán a México a resolver parte de su déficit energético con GNL. Pero el proyecto es suficientemente grande para contemplar otros potenciales clientes en la costa del Pacífico. Es posible que una parte de la exportación de GNL peruano se quede en El Salvador para alimentar una planta de generación eléctrica de gran capacidad. Ya Trinidad y Tobago tiene una experiencia similar con Puerto Rico y República Dominicana, a los que deja una parte del GNL que llevan los barcos en su camino hacia Estados Unidos.

Diego González Cruz, consultor del BID y analista especializado en el sector energético, señala que actualmente, con “los avances tecnológicos es posible construir costa afuera plantas para recibir GNL de manera que no se necesita disponer de un espacio en tierra firme. También se ha logrado simplificar y bajar los costos de las instalaciones para regasificar el GNL y llevarlo a los consumidores finales. Así mismo, hay barcos que no sólo transportan GNL sino que están acondicionados para regasificar el hidrocarburo. Hay toda una gama de posibilidades, siempre y cuando exista un suplidor confiable”.

En opinión de González, el principal escollo para la gasificación de Centroamérica ha sido garantizar el suministro. México ahora importa GNL; las reservas de Colombia todavía son modestas; en Venezuela no terminan de arrancar los proyectos de GNL sustentados en los potenciales con los yacimientos de gas libre costa afuera, y Bolivia sigue sin salida al mar. De allí la importancia estratégica que ahora revisten las reservas de gas natural de Camisea y el proyecto Perú GNL.

En el pasado reciente, en el marco del Progra….

Perú les gano la carrera del GNL a los grandes del continente en cuanto a reservas de gas natural. Hace unos años nadie apostaba grandes sumas a Camisea, los yacimientos de gas ubicados aproximadamente a 500 kilómetros al este de la ciudad de Lima. No sólo existían en el mismo continente otros países con potenciales reservas de gas natural más atractivas, sino que los volúmenes de Camisea se consideraban insuficientes, incluso para pensar en proyectos de largo plazo destinados al consumo de la población de Lima. Esta situación ha cambiado en la medida en la que se han realizado estudios geológicos y exploratorios para comprobar las reservas. Hoy el potencial de Camisea es considerable y podría convertir a Perú en exportador neto de GNL.

Gustavo Navarro, director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de Perú, señaló hace poco que según los más recientes estudios, las reservas de gas natural de Camisea alcanzan 14.1 trillones de pies cúbicos (TCF) y se espera agregar 2 TCF a finales de 2009. Navarro indicó que de este volumen se ha comprometido para la exportación 4.2 TCF.

Perú será el primero en materializar un proyecto de exportación de GNL en América Latina, mediante un consorcio integrado por las empresas Hunt Oil (Estados Unidos), Repsol YPF S.A. (España), SK Energy (Corea), y Marubeni Corporation (Japón). El proyecto, denominado Perú LNG, requiere una inversión de US$3800 millones, en su mayor parte financiada por el BID y el Banco Mundial, así como también del Banco Export-Import de Estados Unidos, el Banco Export-Import de Corea y Sace de Italia.

El proyecto comprende la construcción de una planta de GNL y un terminal de carga marítima en la costa central peruana, en la región de Pampa Melchorita, límite entre las regiones de Lima e Ica. Incluye la construcción de un gasoducto de 408 kilómetros que conectará el ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) con la planta de Pampa Melchorita.

El suministro de gas natural a la planta procederá del yacimiento Camisea y se hará con la producción de los bloques 56 y 88, en una primera y segunda fases, respectivamente, hasta completar el volumen contratado. El proyecto contempla, además, la comercialización en exclusiva, por parte de Repsol YPF, de toda la producción de la planta de licuación (prevista en más de 4,5 millones de toneladas/año). El acuerdo de compraventa de gas suscrito con Perú LNG tendrá una duración de 18 años desde su entrada en operación comercial y, por su volumen, se trata de la mayor adquisición de GNL realizada por Repsol YPF en su historia.

El cronograma del proyecto prevé la entrada en operación de la planta en el segundo semestre de 2010, para comenzar a suministrar a diversos mercados de la costa americana del Pacífico, países asiáticos y México. En septiembre de 2007 Repsol YPF resultó ganadora de la licitación pública internacional promovida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro de GNL a la terminal de gas natural en el puerto de Manzanillo, en las costas mexicanas del Pacífico. El contrato, con un valor de US$15.000 millones, contempla el abastecimiento de GNL a la planta mexicana durante un período de 15 años. La planta de Manzanillo, que suministrará gas a las centrales eléctricas de la CFE de la zona centro occidental de México, se abastecerá del gas procedente de Perú LNG.

El proyecto de Perú comprende la construcción….

Una parada antes de llegar a Manzanillo

El Salvador aspira a convertirse en parada obligatoria para recibir una parte del GNL peruano que irá hasta Manzanillo. Esa posibilidad ha quedado abierta con la construcción de una planta de ciclo combinado y un terminal de gas natural, en el puerto de Cutuco, La Unión, que podría alimentarse del gas proveniente de Camisea, recomendación que ha realizado el BID como una salida al problema salvadoreño de acceso a fuentes de energía limpia, eficiente y competitiva. El puerto de La Unión es de gran calado, lo cual permitirá que buques que transporten el gas licuado de otras naciones puedan atracar allí sin problemas.

El proyecto adelantado por la empresa Cutuco Energy, mediante una inversión cercana a US$600 millones, generará 525 megavatios para satisfacer la futura demanda de energía eléctrica en El Salvador y de parte de Centroamérica, diversificando la matriz energética, electrificando las zonas rurales y ayudando a reducir la dependencia que existe de otros combustibles fósiles y de la biomasa. En una segunda fase, se tiene previsto entregar gas natural a otras industrias, ya sean generadoras de energía o de alimentos, a grandes consumidores de combustibles. Se contempla la construcción y operación de dos líneas de transmisión, una para conectarse a la red nacional Etesal y la otra para conectarse al Sistema de Interconexión de los Países de América Central (Siepac).

La planta se construye en un terreno de 386.000 metros cuadrados, arrendado por un plazo de 30 años, propiedad de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa). El contrato de arrendamiento puede extenderse por tres períodos prorrogables de cinco años cada uno, lo que totalizaría un lapso de 45 años. Se espera que la construcción de la planta concluya en 2011.

De los combustibles fósiles a los biocombustibles

Según las estadísticas de la EIA (Energy Information Admistration) El Salvador consume diariamente 43.000 barriles diarios de combustibles fósiles. Como importador neto de gasolina, diesel y otros derivados del petróleo, la factura petrolera se ha convertido en una enorme carga para las finanzas públicas y para el medio ambiente. De allí que iniciar la producción propia de biocombustibles sea una alternativa atractiva para El Salvador.

Dentro del Programa Mesoamericano de Biocombustible, coordinado por Colombia, se completó el año pasado la instalación de plantas piloto de biodiesel en Guatemala, El Salvador y Honduras. El objetivo del programa es desarrollar mecanismos para compartir recursos, capacidades de producción, logística de transporte, mercados, tecnología y políticas de desarrollo sustentable en el campo de la producción de biocombustibles y asegurar el suministro de energía a precios competitivos. Guatemala y El Salvador producirán biocombustibles utilizando como insumo jatropha e higuerilla, mientras que en Honduras se trabajará con palma africana.

En El Salvador, la planta procesadora de biodiesel se encuentra ubicada en las instalaciones del Centro Experimental Desarrollo Agropecuario (Ceda). La planta tiene un costo de US$800.000 y fue donada por la empresa Biosgeos a través de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica). La procesadora de biodiesel tiene la capacidad de producir diariamente 10.000 litros de biocombustible (equivalentes a 62 barriles de combustible fósil). Se aspira a duplicar la experiencia para sustituir parte de la demanda local de gasolinas y diesel.
Tanto la planta de regasificación en Puerto Cotuco, como los ensayos iniciales para la producción de biocombustibles, apuntan hacia un cambio drástico y profundo de la matriz energética salvadoreña. Sin energía segura, confiable y a precios competitivos, será difícil para El Salvador alcanzar las metas de crecimiento económico. Los lineamientos de política energética indican que el mayor reto consiste en ampliar la capacidad instalada del sistema de generación y detener el deterioro ambiental provocado por la utilización de madera como fuente de energía. Para algunos, El Salvador corre el riesgo de convertirse en un nuevo Haití, donde la carencia de combustibles llevó a la población a devastar las tierras cultivables.
Mery Mogollón,

Reconocimiento de raíces indígenas: antes pecado, hoy un orgullo
Al investigar sobre sus ancestros europeos, varias familias peruanas se dieron con un pasado indígena, algo que cada día valoran más y exhiben con lógico y natural orgullo. La vergüenza de antaño parece ir quedando en el olvido

Corrían los años 30 cuando el padre del ex canciller Fernando de Trazegnies Granda (74) anunció, durante un almuerzo familiar, que don José de la Riva Agüero le había contado que su esposa era descendiente de Huayna Cápac. Se hizo un gran silencio. De Trazegnies-padre era belga y supuso que su comentario sería motivo de celebración, así que con entusiasmo repitió su hallazgo, y el silencio volvió a apoderarse de la mesa.

Tras el almuerzo, su suegra y matriarca de la familia, María Rosa Vásquez de Velasco de Granda, lo llamó aparte y le dijo: “usted no conoce las costumbres peruanas. Sabíamos muy bien de ese ancestro, pero hay pecados de familia de los que no se habla”.

Los cuatro descendientes
En esta nota, Fernando de Trazegnies Granda, Jorge Basadre Ayulo, Raúl Antonio Alvistur Trigo y Jorge Luis Vallejo Castello comentan sus raíces indígenas, las que fueron conociendo tras hurgar por sus apellidos europeos. Además de Huayna Cápac, nuestros protagonistas descienden de los caciques de Tacna, Pachacámac y Monsefú, respectivamente.

Del inca al siglo XXI
Fernando de Trazegnies Granda (74) cuenta que en Lima era un secreto a voces que los Vásquez de Velasco —antigua y aristocrática familia, y condes de la Laguna, a la que está vinculado por su abuela materna— tenían raíces indígenas. “José de la Riva Agüero y Raúl Porras Barrenechea hablaban sobre esto con mi padre”, señala. Se cree que su vinculación indígena se origina con Inés Huaylas, hija de Huayna Cápac y primera concubina de Francisco Pizarro. Después de darle dos hijos, este la casó en 1538 con Francisco de Ampuero, con quien tuvo tres hijos más. Uno de ellos, Martín de Ampuero y Yupanqui tuvo numerosa descendencia y de uno de ellos desciende De Trazegnies Granda.

Un artículo publicado por él, “La nobleza incaica en el derecho indiano”, ayuda a entender cómo recién con la independencia, las clases indígenas perdieron todo poder e influencia.

República excluyente
La corona española había reconocido las bases tradicionales de la nobleza inca, incorporándola al derecho español. Así, subsistió hasta 1823 cuando el Congreso republicano declaró la abolición de todos los títulos, fueran estos de origen español o indio. Según de Trazegnies, las familias españolas mantuvieron su posición pero las indígenas lo perdieron todo “porque, especialmente en zonas rurales, los caciques no tenían mucha educación, solamente su cargo y sin eso no tenían ninguna influencia política”.

Reafirmación de peruanidad
Para el ex canciller “descender de Huayna Cápac es un recuerdo personal. Uno no puede explotar su pasado pero me hace sentir más peruano, especialmente con un padre belga. Mi madre tenía la parte española y la indígena, es una reafirmación de peruanidad. El Perú no es solamente los españoles o los incas; es la mezcla. Necesitamos reevaluar la cultura indígena porque es parte de nosotros”.

Tengo el orgullo
El abogado Jorge Basadre Ayulo (70), hijo del historiador Jorge Basadre Grohmann (1903-1980), comenta que su padre investigó la historia de la hacienda Para, en Tacna, propiedad de la familia Forero (hasta la reforma agraria).

El historiador sabía que su abuelo, Carlos Basadre Izarnótegui se había casado en Tacna, en 1855, con María de la Concepción Forero y Ara, hija de Manuela Ara y Robles. Descubrió que Manuela era la hija de José Toribio Ara y Cáceres, último cacique de Tacna y prócer de la independencia. Los Ara, de origen aimara, descendían en línea directa de Apo Cari, conocido como Cariapasa, un general de Huayna Cápac y gobernador de los Lupaca (uno de los tres reinos aimara).

De Apo Cari descienden no solamente los Ara, caciques de Tacna sino también los Cari, caciques de Chucuito. “Estoy orgulloso de tener sangre indígena porque conocer nuestras raíces es importante para nuestra identidad”, comenta Basadre Ayulo y explica que para los tacneños durante la ocupación chilena fue clave: “Chile no tenía una nobleza indígena. Nosotros, sí”.

Señores del oráculo
Raúl Antonio Alvistur Trigo (63) es un ingeniero apasionado por la genealogía. En los años 70 un tío le pidió ayuda para verificar su vinculación con el héroe de la Batalla de Miraflores, Enrique Leonardo Barrón Bravo (1836-1881), pues le permitiría ser miembro de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores del 2 de Mayo y Defensores Calificados de la Patria.

Alvistur confirmó el dato para su tío y además encontró que la madre del héroe, Petronila Bravo Jayo, hija de Juliana Jayo Sabá Garrido, descendía de un Julián Jayo Apumayta Taurichumbi Sabá Mango Capatinga. Ahí quedó el asunto hasta principios de este año, cuando Alvistur recibió información que probaba que Julián Jayo, artista de la Colonia y autor de los murales del primer claustro del convento de La Merced, era nada menos que nieto de Francisco Taurichumbi Sabá (1663-1733), cacique principal y gobernador de Pachacámac y Lurín.

Pachacámac fue el oráculo más importante del Imperio Inca, y el mayor de la región durante cerca de 1.000 años y su gobernador gozaba de un poder considerable. Alvistur confiesa que cuando originalmente dio con el nombre de este ancestro no pensó que tuviera relevancia ni esperaba encontrar más información. Hoy dice que “es un honor ser descendiente de estos caciques”, aunque señala que de no tener este linaje también estaría muy orgulloso. “Para muchos peruanos tener raíces indígenas es una vergüenza. La gente se interesa por sus apellidos españoles. En mi caso, a veces hasta me parece que ellos me buscan, que mis ancestros quieren ser conocidos”.

Orígenes y cultura
Jorge Luis Vallejo Castello (24) acaba de terminar sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Católica. En el 2006, y casi de casualidad, empezó a investigar el origen de su familia basándose en unas historias familiares que contaban que su bisabuelo había sido persona importante en Monsefú. Averiguó que su bisabuelo era José de los Santos Flores y Llontop, nieto de Juan Gabriel Llontop y Efio y bisnieto de Apolinario Antonio Llontop Fayso Farrochumbi (1742-1806), cacique principal y gobernador de Monsefú, Chepén y Tecapa, y segunda persona de Lambayeque.

“Con estos datos pude vincular a mi familia con los caciques de Monsefú, estudiados en detalle por el historiador Jorge Zevallos Quiñones y verifiqué sus datos en el archivo parroquial de Monsefú”. Su ancestro en línea directa fue el gobernador inca de esta zona: Cuncu Chumbi, de origen chimú.

Alianzas de familia
A lo largo de los siglos, los caciques de Monsefú establecieron una serie de alianzas políticas y sociales y contrajeron matrimonio con familias de importancia en la zona. Así descienden de los Fayso Farrochumbi, caciques de Ferreñafe y Lambayeque, quienes además dicen descender de la dinastía chimú de Lambayeque, fundada cerca a 1350 por el primer gobernador chimú, Pongmassa.

Vallejo Castello dice que para él es importante conocer sus raíces, “saber de dónde vienes, para saber a dónde vas. Es importante retribuir a la sociedad, rescatar la cultura y el conocimiento. Hoy se está revalorizando la cultura Moche, Lambayeque y Chimú. Veinte años atrás, las huacas eran basureros, eran vistas como algo que no servía. Ahora ya no. Ahora la gente se identifica más con su pasado y cuando sabes más de tus ancestros, más te conviertes en parte de eso”.

Una inca con Obama
En enero del 2009, Cecilia Muñoz fue nombrada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Esto la convirtió en una de sus más cercanas colaboradoras.

Previamente a su designación, Cecilia Muñoz desarrolló una importante carrera como abogada y defensora de los derechos de los latinos, a la cabeza de la principal organización latina de ese país, el Consejo Nacional de la Raza.

Muñoz, ciudadana estadounidense, nació en Detroit en 1962, hija del boliviano Eduardo Muñoz Perou, un ingeniero automotor cuya madre, Blanca Perou Schmidt, era hija de Eduardo Perou Cusicanqui, de la familia Cusicanqui, caciques de Calacoto en Bolivia y descendiente directo de Felipe Túpac Yupanqui, hijo o nieto del emperador Túpac Yupanqui.

Felipe Túpac Yupanqui era cacique de Pacajes con la fortaleza de Caquingoro como capital, hoy una provincia en el sur del departamento de La Paz, Bolivia. Probablemente, la madre de Felipe fue una mujer de esta zona e hija de un curaca local.

En una real cédula de 1545 Carlos V les dio un escudo de armas. Alrededor de 1570, la familia abandonó Caquingoro y se mudó a la reducción de los indios en Calacoto, por la política del virrey Toledo. Descendientes notables son aparte de Cecilia Muñoz, el ex presidente boliviano Hernán Siles Zuazo y Esther Ashton Perou, embajadora de Bolivia en La Haya.

Ronald ElwardEditor, investigador y genealogista holandés