«Debemos asegurarnos de que poca gente venga a nuestro país, de lo contrario nuestra cohesión social no puede prevalecer»
La primera ministra, Mette Frederiksen, explica que si no pueden conseguir un contrato tendrán que colaborar en tareas municipales un mínimo de 37 horas a la semana
Dinamarca pretende vincular las ayudas sociales a los inmigrantes con una actividad de 37 horas semanales para animarles a integrarse, ha anunciado este martes el gobierno socialdemócrata danés, uno de los más duros de Europa contra la inmigración.
«Queremos introducir una nueva lógica de trabajo donde las personas tienen el deber de contribuir y ser útiles, y si no pueden encontrar un trabajo regular, tendrán que colaborar para ganarse esa asignación», ha matizado la primera ministra Mette Frederiksen, durante una conferencia de prensa.
Primera ministra, Mette Frederiksen
«Durante demasiados años hemos hecho un flaco favor a muchas personas al no imponerles nada«, ha agregado.
En su proyecto ‘Dinamarca puede hacer más’, el gobierno, en el poder desde junio de 2019, señala que seis de cada diez mujeres del Magreb, Turquía y Oriente Medio están fuera del mercado laboral danés.
De inicio, la idea es integrar a 20.000 personas animándolas a encontrar un trabajo a través de los ayuntamientos.
«Por ejemplo, el trabajo puede ser en la playa recolectando colillas de cigarrillos o plásticos«, ha dicho el ministro de Trabajo Peter Hummelgaard.
«Lo más importante para nosotros es que la gente salga de sus casas», ya sean recién llegados o beneficiarios de ayudas durante mucho tiempo, insistió.
La principal preocupación de los votantes durante las últimas elecciones legislativas de 2019 fueron los temas de migración e integración, que acaparan los programas políticos daneses, en todos los partidos.
A principios de año, Frederiksen se propuso como objetivo cero solicitudes de asilo, cuando ya el nivel era muy bajo -851 entre el 1 de enero y el 31 de julio- en un país marcado por los bandazos en materia de políticas migratorias durante más de 20 años.
«Debemos asegurarnos de que poca gente venga a nuestro país, de lo contrario nuestra cohesión social no puede prevalecer«, suplicó en ese momento.
Según el instituto nacional de estadística, el 11% de los 5,8 millones de habitantes de Dinamarca son extranjeros.
Por primera vez en 20 años fue rebajada la calificación crediticia de Perú.
Ni siquiera en los peores momentos de inestabilidad política, como cuando el país llegó a tener tres presidentes en una semana, las calificadoras internacionales castigaron al país con una evaluación menos favorable.
Esta semana, sin embargo, Moody’s Investors Service rebajó la calificación del país desde A3 a Baa1, enviándole una señal de alerta a los inversionistas sobre la situación del país gobernado por el presidente Pedro Castillo.
El nuevo Sol Peruano
«En un entorno político continuamente polarizado y fracturado ha aumentado el riesgo político y se ha debilitado considerablemente la capacidad de formulación de políticas», argumentó Moody’s.
«Estas condiciones han afectado negativamente la confianza de los inversionistas y han socavado la resiliencia económica de Perú, lo que ha afectado negativamente las perspectivas crediticias de Perú a mediano plazo», escribió Jaime Reusche, analista senior de la entidad.
El recorte se produce semanas después de que el nuevo presidente asumiera el cargo, convirtiéndose en el quinto mandatario del país en solo tres años.
La conducción de Castillo, quien se presentó a los comicios respaldado por el partido marxista Perú Libre, ha generado preocupación en la élite empresarial sobre la ruta económica que seguirá un país considerado por décadas como uno de los refugios de inversión de América Latina.
«La falta de claridad percibida sobre las políticas de la nueva Administración, los controvertidos nombramientos del gabinete, las tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo, y las crecientes tensiones dentro del partido gobernante han dejado de manifiesto varios riesgos para la gobernabilidad general, la efectividad de las políticas y la credibilidad», explicó el asesor crediticio.
Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú a fines de julio.
Los bonos locales de Perú han generado una pérdida de más del 24% a los inversionistas en lo que va del año, la mayor en los mercados emergentes, según datos compilados por Bloomberg.
Y el sol se ha debilitado un 11% en el mismo período, el peor desempeño en los mercados emergentes después del peso argentino.
Los efectos de la rebaja
Pese a que el recorte deja a Perú a la par con México en la escala crediticia, el hecho de que cambie la percepción internacional por primera vez en dos décadas no es algo menor.
«A los países les toma tiempo avanzar, pero es muy fácil retroceder», le dice a BBC Mundo Oswaldo Molina, director ejecutivo del centro de análisis Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) y profesor de la Universidad del Pacífico.
La consecuencia más directa del recorte de Moody’s es el encarecimiento del crédito para el país.
Es decir, Perú tendrá que pagar mayores tasas de interés cuando pida dinero prestado porque es considerado más riesgoso.
También afecta las condiciones de crédito que pueden conseguir los empresarios cuando requieren financiamiento externo para sacar adelante un proyecto.
Por otro lado, como es una mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros, «puede reducir el flujo de capitales hacia el país», señala Molina, y afectar el empleo.
Según Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), «la rebaja es una fuente adicional de desincentivo para las inversiones, es algo que abona a la sensación de incertidumbre que existe en algunos sectores».
Una sensación que de una u otra manera se venía reflejando en los bonos soberanos y en el tipo de cambio.
Trabajadores peruanos
«El riesgo es que entremos en un círculo vicioso en el que las malas expectativas generan contracciones en la inversión, afectan la calificación crediticia y eso genera un efecto de bola de nieve», dice Macera en diálogo con BBC Mundo.
El recorte de calificación, agrega el economista, afecta a las personas de dos maneras.
Por uno, al encarecerse el crédito, el sector público tiene menos disponibilidad de recursos para hacer inversiones en carreteras o provisión de agua o pagar los salarios de los maestros o los policías, por ejemplo.
Y en segundo lugar, se genera una reducción en el dinamismo empresarial, que desemboca en menos empleo, menos ingresos, menos capacidad de consumo.
Ahora bien, «esto no sucede con una sola rebaja de la calificación crediticia», explica, «pero sí vemos esto como el inicio de un proceso, se prenden las alarmas».
Especialmente en un momento en el que el país requiere apuntalar la recuperación económica tras el histórico crecimiento negativo de Perú en 2020 de 11,1% en medio de la pandemia de covid-19 que causó una recesión global.
Pese al viento en contra, Moody’s destacó que la actividad económica de Perú se ha recuperado «a buen ritmo» en la primera mitad del año, razón por la cual subió su pronóstico de crecimiento del PIB a 12%.
¿Qué dice el gobierno?
Después de conocerse la rebaja crediticia, el ministro de Economía de Perú, Pedro Francke, dijo que «a diferencia de otros países que han registrado una rebaja en su calificación crediticia, principalmente, por el debilitamiento de sus finanzas públicas por los efectos de la pandemia, el Perú continúa manteniendo finanzas públicas sólidas y sostenibles».
La cartera que dirige Francke, considerado como un economista de izquierda moderada, señaló en un informe que el ajuste realizado por Moody’s «se alinea con la actual calificación que tiene el Perú con Standard & Poor’s y Fitch Ratings (BBB+)», otras dos reconocidas calificadoras de riesgo.
Otro argumento del gobierno es que el recorte se da en un contexto en el que 49 países emergentes y en desarrollo y 16 países de América Latina y el Caribe tuvieron rebajas en su calificación crediticia entre enero de 2020 y agosto de 2021.
El Ministerio recordó que el país prevé una trayectoria progresiva de consolidación del déficit fiscal del país.
«Con ello, la deuda pública llegaría a un punto máximo de 37,4% del PIB en el año 2023, para luego iniciar una trayectoria decreciente, con lo que se mantendrá en niveles sostenibles».
El otro dato alentador destacado por el gobierno es que en el primer semestre del año la economía creció 20,4%, una de las tasas más altas a nivel mundial.
Puerto en Callao, Perú
La incertidumbre que existe en Perú ronda temas como qué va a pasar ahora que el gobierno lleva las riendas del país con un gabinete que ha sido duramente criticado y sin la certeza de que el histórico presidente del Banco Central, Julio Velarde, vaya a continuar en el cargo.
A eso se suma la nebulosa en torno a qué pasará con la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución y cómo serán las nuevas regulaciones que afectarán a las compañías mineras que operan en el país.
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En un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos su actual presidente Joe Biden, muy a pesar de la opinión contraria de las fuerzas armadas y de los servicios de inteligencia, procedió a una retirada caótica y vergonzosa de su ejercito, arriesgando la vida de miles de afganos y norteamericanos, dejando tirados como chatarra billones de dólares invertidos en armamento y que fueron llevados a Afganistán y que ahora pasaran a poder de Rusia y China, y harán mas poderosa la ofensiva de los talibanes.
El Gobierno de Perú oficializó la solicitud a la Justicia chilena de ampliar los cargos de extradición del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para que sea procesado por la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, durante su gestión gubernamental.
A través de una resolución ministerial publicada el viernes en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Justicia resolvió acceder a dicha solicitud, que será remitida a las autoridades chilenas para su evaluación, tal y como había anunciado la semana pasada el primer ministro peruano, Guido Bellido.
La norma pide que el exmandatario siga siendo procesado en Perú por la presunta comisión de delitos contra la seguridad, la tranquilidad y la fe públicas, entre otros, por la venta a las FARC de 10.000 fusiles AK-47 procedentes de Jordania.
28 de Julio de 1990 Máximo S. Román- Luis Chacón Oficial Mayor del Congreso y Delfín Sotelo Sub Oficial
Por este episodio ya fue condenado en 2006 a 20 años de prisión Vladimiro Montesinos, el exasesor de Fujimori, quien adquirió este cargamento de armas de fuego con la ayuda de traficantes y luego lo revendió a la organización guerrillera colombiana.
LARGA LISTA DE CONDENAS
El expresidente, de 83 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, aunque desde que fue extraditado de Chile también ha sido sentenciado por distintos casos de corrupción.
Después de dimitir por fax desde Japón en el año 2000 tras descubrirse la gigantesca red de corrupción que se había instaurado en la administración pública durante su mandato, Fujimori fue capturado en 2005 en Chile, cuando se disponía a intentar regresar a Perú para las elecciones presidenciales del siguiente año.
En 2007 fue extraditado a Perú y en 2009 recibió la principal condena, de 25 años de prisión por ser el autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
También por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, este último durante el «autogolpe» de Estado que Fujimori dio el 5 de abril de 1992, lo que le permitió clausurar el Parlamento, redactar una nueva Constitución y controlar la Fiscalía y la judicatura.
Alberto Kenya Fujimori Fujimori
Asimismo, el exmandatario fue condenado por los sobornos a congresistas opositores y periodistas, así como por espionaje y por ordenar a un militar que se hiciese pasar por fiscal para registrar la vivienda de la esposa de Montesinos.
Actualmente está procesado por la matanza de Pativilca, también cometida por el grupo Colina, y acusado por las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato, caso cuya apertura de juicio es evaluada por la Justicia.
Tras haber sido anulado el indulto que le dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 por irregularidades en el proceso, a Fujimori le quedan por cumplir aproximadamente una docena de años de cárcel, por lo que no saldría libre hasta 2033, cuando tuviese 94 años.
Hace poco – en Piura – con ocasión del sismo que dañó varias viviendas en Sullana, el Presidente Castillo pisó el palito de la demagogia y dijo: no le daremos ni un milímetro a la corrupción. Lo dijo en plural. A su lado estaban ministros, viceministros, directores, asesores y otros personajes recontra cuestionados – precisamente – por corruptos. Todos abanderando la lucha contra la corrupción. Todos fungiendo de santurrones como si se trataran de personas intachables. La pregunta es: ¿alguien le cree al Presidente? ¿Acaso no es corrupción – y de la brava – todo el accionar de Perú Libre… su partido? ¿Acaso Perú Libre – repito, su partido – no es el hijo putativo de la Organización Criminal Los Dinámicos del Centro, la mafia liderada por Vladimir Cerrón, amo y señor del partido en cuestión? Recordemos. Cuando Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República en marzo del 2018, más o menos dijo lo mismo: que la prioridad de su Gobierno sería la lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, al poco tiempo salió a la luz el perfil del Lagarto, y todo lo que vino a continuación es historia conocida. Su oscura relación con el grotesco Richard Swing, acabó en el develamiento de una maraña delincuencial en la que estaban involucrados ministros amigos, asesores de confianza, secretarias personales, amantes saca vuelteras, tenistas aficionados, y otros personajes por el estilo. Luego aparecieron las coimas escandalosas que Vizcarra – el Lagarto – solía cobrar por lo bajo durante su gestión como Gobernador Regional de Moquegua. Y en el colmo de la desfachatez, mintió cínicamente al decir se había ofrecido como voluntario para el ensayo de la vacuna china contra la COVID 19. En síntesis… ¡un corrupto de aquellos! Pues bien, el Presidente Castillo está repitiendo – mejor dicho, calcando – el patrón de conducta del ex Presidente Vizcarra. Por eso, Castillo no debería mencionar la palabra “corrupción”. Y menos, anunciar su compromiso de erradicarla del Estado. Es que tantas veces – tantos políticos – han ofrecido luchar contra la corrupción… y nada, que ya nadie les cree. Han perdido toda credibilidad. Además, Castillo lleva a cuestas la pesada carga de la huelga magisterial del 2017, donde millones de niños y jóvenes escolares perdieron el año… por las puras. Y – peor aún – jamás podrá borrar de nuestra memoria la cobarde finta de tirarse al suelo para simular una agresión policial inexistente. Como se ve, estamos ante un doble filo convicto y confeso. Por todo ello ¡que no nos vengan con cuentos! El Presidente Castillo no tiene autoridad moral para liderar la lucha contra la corrupción en nuestro país. Perú Libre es una organización criminal, plagada de coimeros y chantajistas. Vladimir Cerrón – el coimero No. 1 – es su mentor; Dina Boluarte – su Vice Presidenta – es la testaferro de la mafia; y sus congresistas y militantes… cada cual es más corrupto que el otro. Además – por limitaciones de espacio – no podría detallar la baja catadura moral de la gran mayoría de funcionarios de alto rango designados por Castillo y su Primer Ministro, donde figuran terroristas, traficantes de brevetes, clientelistas políticos, chantajistas, coimeros, feminicidas, narcotraficantes, y todo lo demás. COMENTARIO FINAL: El magisterio es una noble profesión. Quizás la más noble de todas las profesiones. Sin embrago, así como hay maestros honestos – lamentablemente – hay también maestros corruptos. Maestros extraordinarios y maestros miserables. Entonces el slogan “palabra de maestro” del Presidente Castillo merece una precisión: ¿a cuál de las dos categorías personifica ? ¿Al maestro honesto o al maestro corrupto? A ver… ¿qué dice el viejo refranero al respecto?: Dime con quién andas y te diré quién eres. Visto así, estaríamos ante el típico político moralista, demagogo y cínico que – rodeado de corruptos – es capaz de decir en alta voz: “no le daremos ni un milímetro a la corrupción”. ¡Oh diosa corrupción… cuánto cinismo puede brotar de tu boca!
Por trafico de armas en favor de las FAR de Colombia
El actual Gobierno peruano solicitará a la Justicia chilena ampliar los cargos de extradición del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para que sea procesado también por la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.
Así lo anunció este miércoles el primer ministro, Guido Bellido, tras la reunión en el Consejo de Ministros, donde a petición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se aprobó esta resolución, que será remitida a las autoridades chilenas para su evaluación.
Por este episodio fue condenado en 2006 a 20 años de prisión Vladimiro Montesinos, el súper asesor de Fujimori, quien adquirió en Jordania un cargamento de 10.000 fusiles AK-47 con la ayuda de traficantes de armas y luego lo revendió a las FARC.
Bellido, imputado por la Fiscalía por presunta apología del terrorismo y supuesto lavado de dinero en la financiación de su campaña electoral al Congreso, recordó que esas armas llegaron a «grupos terroristas cuando el expresidente Fujimori estaba en funciones».
Las armas fueron lanzadas sobre la selva colombiana en aviones que dejaron caer la ilegal mercancía con paracaídas en puntos previamente coordinados con las FARC.
El asesor presidencial Vladimiro Montesinos, izquierda, el ministro del Interior Walter Chacón, centro, el ministro de Defensa Carlos Bergamino y el entonces presidente Alberto Fujimori en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno -21 de agosto de 2000- en Lima, Perú. Montesinos fue arrestado el 18 de septiembre de 2000
Varias condenas
Fujimori, de 83 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, aunque desde que fue extraditado de Chile también ha sido sentenciado por distintos casos de corrupción.
Después de dimitir por fax desde Japón en el año 2000 tras descubrirse la gigantesca red de corrupción que se había instaurado en la administración pública durante su mandato, Fujimori fue capturado en 2005 en Chile, cuando se disponía a intentar regresar a Perú para las elecciones presidenciales del siguiente año.
En 2007 fue extraditado a Perú y en 2009 recibió la principal condena, de 25 años de prisión por ser el autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
También por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, este último durante el «autogolpe» de Estado que Fujimori dio el 5 de abril de 1992, lo que le permitió clausurar el Parlamento, redactar una nueva Constitución y controlar la Fiscalía y la judicatura.
Sobornos a la prensa, opositores y congresistas
Fujimori también fue condenado por los sobornos a congresistas opositores y periodistas, así como por espionaje y por ordenar a un militar que se hiciese pasar por fiscal para registrar la vivienda de la esposa de Montesinos.
Actualmente está procesado por la matanza de Pativilca, también cometida por el grupo Colina, y acusado por las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato, caso cuya apertura de juicio es evaluada por la Justicia.
Tras haber sido anulado el indulto que le dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 por irregularidades en el proceso, a Fujimori le quedan por cumplir aproximadamente una docena de años de cárcel, por lo que no saldría libre hasta 2033, cuando tuviese 94 años.
El Gobierno impidió nuevamente, este jueves, la cobertura informativa de periodistas y comunicadores en la ceremonia de reconocimiento del presidente #Pedrocastillo como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la @PoliciaPeru. El CPL rechaza esta actitud.
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