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PEX: Congresista Juan Carlos Lizarzaburu plantea propuestas alentadoras para los peruanos en el exterior
El Perú atraviesa uno de los peores momentos de su historia republicana, tanto por lo peligroso de la deriva ideológica de los actuales gobernantes encargados de la administración del país, como por la conjunción de circunstancias a favor del desastre entre las que se cuentan la falta de idoneidad, la improvisación y la ignorancia total en la gerencia del estado. Un rosario de hechos lo demuestran desde la errática forma de convocar miembros con antecedentes, en los 4 gabinetes defenestrados, pasando por la ineptitud de los titulares de las carteras de Energía y Minas, Turismo, Transportes, Salud, y me quedo corto, todas con problemas que nunca se dieron con anterioridad. Muy aparte de los evidentes actos de corrupción como del incumplimiento total de las promesas electorales
Esclarecedor análisis de Diego Acuña, conductor del programa «Edición Especial», que incluye una excelente entrevista al Congresista Juan Carlos Lizarzaburu, quien fuera elegido como uno de lo dos representantes en el Congreso, del ahora denominado Distrito 27, poco conocido, dada su reciente creación. El distrito electoral de los peruanos residentes en el exterior, otorga dos curules en la representación nacional a los PEX por la modificación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones.
Los dos escaños para los peruanos en el exterior fueron restados del distrito electoral de Lima, que pasó de tener 36 a 34 curules ,manteniéndose el número de parlamentarios en 130, su aplicación se inició en las recientes elecciones generales de 2021
Para la elección de congresistas, el territorio de la República se divide en 27 circunscripciones electorales, una por cada departamento, la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana, y ahora, Peruanos Residentes en el Extranjero
En el último proceso electoral , para la elección del Congreso de la República, participaron un total de 974,230 electores que contaban con carta de ciudadanía, y tienen residencia en el exterior, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El distrito 27 fue vital en la crisis y es importante para la vida económica del país, no podemos dejar de tener en cuenta que las remesas enviadas por los peruanos residentes en el extranjero sumaron 3,326 millones de dólares en el 2019, cantidad superior en 3.13% en relación al año anterior (3,225 millones), según cifras del Banco Central de Reserva
(pmcho)
Diplomacia de Precisión y Partidos de la Guerra
Pedro Castillo decretó estado de emergencia en Lima este martes,impide a las personas salir de sus domicilios y transitar, excepto si trabajan en servicios esenciales. El transporte no opera hoy, a excepción de la única línea de Metro, ymiles de personas que no se enteraron de la medida pugnan en las calles intentando retornar a sus casas o llegar al trabajo. El presidente del Perú toma esta decisión en medio de las protestas de agricultores y transportistas, el clamor de su renuncia y los rumores de saqueos en la capital. La Defensoría del Pueblo ha calificado la medida de “inconstitucional por la ausencia de una debida motivación” y totalmente desproporcionada.
Castillo atraviesa el peor momento de sus ocho meses de desgobierno. El martes se reuniría con la junta de portavoces del Congreso, si no media ningún impedimento, se discutirán salidas a la enésima crisis política que afronta. Cerca del 75% de la población del Perú trabaja en la informalidad, desde mediados de 2021, el costo de vida se ha incrementado en un 40% debido a la inflación y el alza de precios de productos que dependen de insumos importados y que no se han incentivado producirlos en Perú, que posee suficientes tierras fértiles, al igual que los precios de los combustibles, amarrados a transnacionales. El Gobierno de Castillo llegó al poder ofreciendo créditos baratos para la -pequeña agricultura que atraviesa una crisis por deudas- y medidas favorecedoras para los transportistas, que pedían, entre otras cosas, la revisión de los contratos de peajes porque tienen tarifas excesivas, pese a que las vías están descuidadas o son inseguras. Ambos grupos de trabajadores iniciaron las protestas la semana pasada ante el incumplimiento de las promesas del Gobierno.
La gestión de Castillo tiene un 70% de desaprobación, según una encuesta de fines de marzo del Instituto de Estudios Peruanos, y un 71% de consultados cree que no concluirá su mandato. Hasta el momento, la oposición se esfuerza por destituirlo mediante la figura de la “vacancia por incapacidad moral” la primera moción no logró votos suficientes para ser debatida en diciembre de 2021, el lunes pasado una nueva moción que había logrado 77 votos para su discusión en el pleno, tan solo logró 55 votos, ¿ Y los otros 27 restantes? El Congreso carga un lastre de desprestigio que se ve abonado por sus constantes vaivenes en la toma de decisiones que deberían favorecer al país, con parlamentarios que priorizan sus intereses personales y un sueldo burocrático, con una novel presidenta, que ha decir de muchos analistas le falta carácter, y no hace honor al partido que fundara el ex presidente Femando Belaunde Terry.
Castillo afronta una seria investigación fiscal por evidente tráfico de influencias, por ascensos a militares que no les correspondía, dos de sus sobrinos: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, y Bruno Pacheco el ex secretario general de la presidencia, tienen órdenes de detención, y actualmente se encuentra en condición de fugados de la justicia, con recompensas para quienes faciliten su captura, mientras, el Ministerio Público prosigue la investigación por favorecer a algunas empresas en contratos con el Estado, coludidos con una gestora de intereses (Karelim Lopez), delito en el cual también estarían inmersos mas de tres de su ministros.
El decreto supremo publicado a medianoche del lunes señala que la policía recomendaba la prórroga del estado de emergencia previo en Lima y Callao -que concluyó el 20 de marzo- por las posibles consecuencias del “paro nacional indefinido de transportistas, convocado por la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas del Perú”. El Gobierno exceptúa de la inmovilización obligatoria a personal de servicios de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, funerarias, y transporte de carga y mercancías. El aeropuerto Jorge Chávez de Lima continuará operando con normalidad.
El anterior sábado, luego de 6 días de bloqueo en carreteras de la región Junín, la policía reprimió tanto a manifestantes como a vándalos, el saldo: 15 heridos, 2 con lesión ocular y 22 detenidos. Un adolescente murió ahogado en un río el viernes al escapar de la violencia policial y una mujer que participaba en las protesta falleció el lunes pasado atropellada por un vehículo que sorteaba los bloqueos, con los que las muertes por las protestas suman cuatro personas. En Huancayo- Junín, una delegación de ministros negoció el sábado con dirigentes del agro y el transporte, ofreciendo reducir el impuesto selectivo al consumo en seis tipos de combustible, logrando una tregua de cinco días. Dicha medida entró en vigencia el lunes tras ser publicada en el diario oficial «El Peruano»
Los bloqueos de carreteras continúan en otras regiones, donde las clases presenciales se suspendieron; fueron saqueados estaciones de servicio de combustible en Ica y en Piura . Un supermercado fue asaltado en Trujillo (costa norte) y la delincuencia generó disturbios en Jaén (Cajamarca). En la salida hacia la Carretera Central, al este de la capital, un piquete de manifestantes bloqueo la vía, siendo despejada por la policía.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, anunció que en el consejo de ministros por la noche, se daría soluciones al conflicto, cambiando posteriormente lo dicho por el decreto del estado de emergencia, disposición que no resuelve la demanda: La renuncia de Castillo, y por el contrario genera enormes problemas en el día a día, enervando mas el animo y la indignación de la ciudadanía. En febrero, el Gobierno dispuso el estado de emergencia en esas jurisdicciones, por 45 días, el fin era de que las fuerzas armadas colaboren en la lucha contra la delincuencia. La norma indica que la suspensión de los derechos al tránsito, de reunión, seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio es necesaria para “proteger el orden público y el orden interno, así como la vida y la salud de los peruanos”, sin embargo todo lo contrario: 5 muertes, heridos, contusos, estrés, mala alimentación,angustia, delincuencia, es decir, les importa un rábano¡ A todo esto hay que agregar los 1, 000 millones de soles diarios que le cuesta al país esta paralización, provocada por el inepto manejo de un presidente que por consecuencia y conciencia debiera ya, dar un paso al costado. Que caro que nos estas resultando Pedro Castillo
Redacción wwsynthesis
Este lamentable y previsible hecho, fue el resultado de las protestas por el mal manejo económico del gobierno
Tres adultos y un menor fallecieron por el paro de transportistas, entre ellos un maestro que fue impedido de acudir a su diálisis.
Tras la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, confirmó la muerte de cuatro personas por las protestas desencadenadas ante el encarecimiento de la canasta familiar y el pésimo gobierno.
«Diferentes sectores se han sentido movidos a incorporarse a este paro regional. Es legítimo una protesta, pero sí nos preocupa y lamentamos el fallecimiento de tres personas», comunicó Sánchez en un primer momento.
Según el integrante del gabinete, entre las víctimas mortales se identificó a un menor de edad. «Desde aquí expresamos nuestras profundas condolencias a las familias», agregó.
Castillo dice que aumento de precios es por guerra entre Rusia y Ucrania
En una clara postura victimista, Castillo pretende culpar al conflicto de Ucrania la situación económica y el desgobierno del país, que se supone debería haber empezado a resolverlo o por lo menos sostenerlo en Julio del 2021. Mediante la bajada de impuestos o incentivos tributarios, reducción de la burocracia estatal y la austeridad en el gasto público: En lo que va de los tres primeros meses del 2022, el despacho presidencial en Palacio de Gobierno va gastando S/ 1.5 millones en carnes y en embutidos de marca.
Segundos después, se refirió al maestro que fue impedido de acudir a su diálisis, provocando su deceso. «El maestro Jorge Maldonado, por no poder acudir a su diálisis, también ha fallecido. A las cuatro familias nuestro profundo pesar», sostuvo.
¿Quien o quienes son los responsables de estas muertes inocentes?
España- Comunidad Valenciana
Por: Inma Lidón y Noa de la Torre
El magistrado que lleva la instrucción ha enviado la exposición razonada de motivos a la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal para que decida si debe ser citada como investigada
El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia la imputación de Mónica Oltra en el marco de la investigación a altos cargos de la Conselleria de Igualdad por su actuación ante el abuso sexual del ex marido de la vicepresidenta a una menor en un centro tutelado.
El juez ha elevado hoy un escrito razonado a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ en el que entiende que «no resulta ya posible progresar en la investigación ordenada por la Audiencia Provincial de Valencia sin que la misma [Mónica Oltra] sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas», asegura el magistrado en su escrito.
El instructor afirma que existen «indicios racionales, serios y fundados de participación» de Oltra en los hechos que se investigan y, aunque recuerda que esta misma Sala del TSJ ya desestimó la querella de la asociación «Gobierna-Te», presidida por Cristina Seguí, en junio de 2021, expone los razonamientos por los que debe ser imputada después de recabar los testimonios de 13 profesionales de Igualdad que han sido investigados en esta causa.
Pese a lo anotado por TSJ, la querella entablada por la periodista Cristina Seguí, logró la exposición mediática de este escandaloso caso, logrando que la opinión púbica y la administración de justicia, pusieran los ojos en un hecho, que no podía dejarse de ahondar por las evidencias claras del abuso. (*)
El magistrado hace un repaso por la actuación de los funcionarios desde que la menor manifestó por primera vez los abusos en febrero de 2017 y concluye que «en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la niña y atribuidos al marido de Mónica Oltra».
También pone en duda la elaboración del «expediente informativo» en la misma línea que defendió la Audiencia Provincial: su objeto fue «emprender una investigación al margen de la que se sabía, a ciencia cierta, que ya habían iniciado primero la Fiscalía y luego el Juzgado de Instrucción, con un fin que no era otro que determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente». «Es decir, una investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales», asegura el juez.
A pesar de que el TSJ tendrá que pronunciarse sobre la petición del juez, los partidos de la oposición ya han comenzado a exigir responsabilidades. La síndica del PP en las Cortes y secretaria general del PPCV, María José Catalá considera que a Mónica Oltra, «no le queda otro camino que la dimisión».
Para Catalá, este caso «es muy grave y espero que Puig y Oltra sean coherentes con lo que durante muchos años han pedido. Saben lo que tienen que hacer y cuál es el camino y hay que asumirlo de una vez. Si Oltra es imputada tiene que dimitir y dejar sus responsabilidades al frente del Gobierno valenciano».
Catalá ha afirmado que, «por dignidad, coherencia y respeto a la institución que representa, Mónica Oltra está inhabilitada para seguir al frente de las políticas sociales y de menores y ha exigido a Puig, «que deje de mirar hacia otro lado y que asuma las responsabilidades políticas porque lo que hoy hemos conocido es muy grave. Este es el escándalo político más grave que hemos vivido en los últimos años y no se puede quedar sin que haya responsabilidades políticas».
Asimismo, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha calificado de «inadmisible» que Mónica Oltra «no haya pedido perdón» y «siga todavía aferrada al cargo» pese a «los indicios y sospechas» que existen sobre su «nefasta gestión y presunto encubrimiento» en este caso.
«Si ella no dimite, es el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el que debe destituirla inmediatamente», porque los valencianos «no se merecen una vicepresidenta y consellera investigada por la Justicia», ha manifestado en un comunicado.
Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, ha señalado en su cuenta de Twitter: «La veremos sentada en el banquillo, que es su sitio, y no el sillón azul» del Gobierno valenciano en la Cámara autonómica.
(*) Nota de redacción
España ingresa a la miseria…
WWSYNTHESIS: "El site que visitan miles de destacados profesionales y líderes mundiales..." 