Perú: Castillo decreta estado de emergencia e inamovilidad en Lima

*Defensoría del Pueblo lo califica de inconstitucional y desproporcionado

*Protestas en el Perú son por la incapacidad del gobierno y el alza de precios

Las personas no podrán salir a la calle

Pedro Castillo decretó estado de emergencia en Lima este martes,impide a las personas salir de sus domicilios y transitar, excepto si trabajan en servicios esenciales. El transporte no opera hoy, a excepción de la única línea de Metro, ymiles de personas que no se enteraron de la medida pugnan en las calles intentando retornar a sus casas o llegar al trabajo. El presidente del Perú toma esta decisión en medio de las protestas de agricultores y transportistas, el clamor de su renuncia y los rumores de saqueos en la capital. La Defensoría del Pueblo ha calificado la medida de “inconstitucional por la ausencia de una debida motivación” y totalmente desproporcionada.

La ira acumulada por el engaño y la frustración

Castillo atraviesa el peor momento de sus ocho meses de desgobierno. El martes se reuniría con la junta de portavoces del Congreso, si no media ningún impedimento, se discutirán salidas a la enésima crisis política que afronta. Cerca del 75% de la población del Perú trabaja en la informalidad, desde mediados de 2021, el costo de vida se ha incrementado en un 40% debido a la inflación y el alza de precios de productos que dependen de insumos importados y que no se han incentivado producirlos en Perú, que posee suficientes tierras fértiles, al igual que los precios de los combustibles, amarrados a transnacionales. El Gobierno de Castillo llegó al poder ofreciendo créditos baratos para la -pequeña agricultura que atraviesa una crisis por deudas- y medidas favorecedoras para los transportistas, que pedían, entre otras cosas, la revisión de los contratos de peajes porque tienen tarifas excesivas, pese a que las vías están descuidadas o son inseguras. Ambos grupos de trabajadores iniciaron las protestas la semana pasada ante el incumplimiento de las promesas del Gobierno.

La gestión de Castillo tiene un 70% de desaprobación, según una encuesta de fines de marzo del Instituto de Estudios Peruanos, y un 71% de consultados cree que no concluirá su mandato. Hasta el momento, la oposición se esfuerza por destituirlo mediante la figura de la “vacancia por incapacidad moral” la primera moción no logró votos suficientes para ser debatida en diciembre de 2021, el lunes pasado una nueva moción que había logrado 77 votos para su discusión en el pleno, tan solo logró 55 votos, ¿ Y los otros 27 restantes? El Congreso carga un lastre de desprestigio que se ve abonado por sus constantes vaivenes en la toma de decisiones que deberían favorecer al país, con parlamentarios que priorizan sus intereses personales y un sueldo burocrático, con una novel presidenta, que ha decir de muchos analistas le falta carácter, y no hace honor al partido que fundara el ex presidente Femando Belaunde Terry.

Castillo afronta una seria investigación fiscal por evidente tráfico de influencias, por ascensos a militares que no les correspondía, dos de sus sobrinos: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, y Bruno Pacheco el ex secretario general de la presidencia, tienen órdenes de detención, y actualmente se encuentra en condición de fugados de la justicia, con recompensas para quienes faciliten su captura, mientras, el Ministerio Público prosigue la investigación por favorecer a algunas empresas en contratos con el Estado, coludidos con una gestora de intereses (Karelim Lopez), delito en el cual también estarían inmersos mas de tres de su ministros.

El jefe policial que ordenó la publicación de esta búsqueda y recompensa fue despedido de su trabajo

El decreto supremo publicado a medianoche del lunes señala que la policía recomendaba la prórroga del estado de emergencia previo en Lima y Callao -que concluyó el 20 de marzo- por las posibles consecuencias del “paro nacional indefinido de transportistas, convocado por la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas del Perú”. El Gobierno exceptúa de la inmovilización obligatoria a personal de servicios de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, funerarias, y transporte de carga y mercancías. El aeropuerto Jorge Chávez de Lima continuará operando con normalidad.

El anterior sábado, luego de 6 días de bloqueo en carreteras de la región Junín, la policía reprimió tanto a manifestantes como a vándalos, el saldo: 15 heridos, 2 con lesión ocular y 22 detenidos. Un adolescente murió ahogado en un río el viernes al escapar de la violencia policial y una mujer que participaba en las protesta falleció el lunes pasado atropellada por un vehículo que sorteaba los bloqueos, con los que las muertes por las protestas suman cuatro personas. En Huancayo- Junín, una delegación de ministros negoció el sábado con dirigentes del agro y el transporte, ofreciendo reducir el impuesto selectivo al consumo en seis tipos de combustible, logrando una tregua de cinco días. Dicha medida entró en vigencia el lunes tras ser publicada en el diario oficial «El Peruano»

Los bloqueos de carreteras continúan en otras regiones, donde las clases presenciales se suspendieron; fueron saqueados estaciones de servicio de combustible en Ica y en Piura . Un supermercado fue asaltado en Trujillo (costa norte) y la delincuencia generó disturbios en Jaén (Cajamarca). En la salida hacia la Carretera Central, al este de la capital, un piquete de manifestantes bloqueo la vía, siendo despejada por la policía.

La mas humana de peruanos indignados intentando llegar a la Plaza Bolívar al costado del Congreso de la Republica

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, anunció que en el consejo de ministros por la noche, se daría soluciones al conflicto, cambiando posteriormente lo dicho por el decreto del estado de emergencia, disposición que no resuelve la demanda: La renuncia de Castillo, y por el contrario genera enormes problemas en el día a día, enervando mas el animo y la indignación de la ciudadanía. En febrero, el Gobierno dispuso el estado de emergencia en esas jurisdicciones, por 45 días, el fin era de que las fuerzas armadas colaboren en la lucha contra la delincuencia. La norma indica que la suspensión de los derechos al tránsito, de reunión, seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio es necesaria para “proteger el orden público y el orden interno, así como la vida y la salud de los peruanos”, sin embargo todo lo contrario: 5 muertes, heridos, contusos, estrés, mala alimentación,angustia, delincuencia, es decir, les importa un rábano¡ A todo esto hay que agregar los 1, 000 millones de soles diarios que le cuesta al país esta paralización, provocada por el inepto manejo de un presidente que por consecuencia y conciencia debiera ya, dar un paso al costado. Que caro que nos estas resultando Pedro Castillo

Redacción wwsynthesis

Deja un comentario

Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.