Por César Hildebrandt

Alan García tiene un sentido mafioso del calendario
El mismo día en que empezaba el juicio de Accomarca -asesinato de 69 campesinos perpetrado por el teniente del ejército Telmo Hurtado y su pandilla de forajidos- él ponía la primera piedra del monumento al Lugar de la Memoria, esa ocurrencia con la que el presidente pretende lavarse las manos que le chorrean sangre (a pesar de falsas prescripciones firmadas por su servidumbre judicial).

Es curioso que el Lugar de la Memoria haya nacido gracias a un ataque de amnesia. Ese ataque hizo que Mario Vargas Llosa olvidara quién era el García que le sonreía en Palacio de Gobierno, de dónde venía la sangre fría del hombre que lo convenció para que prestara su enorme prestigio a la causa de la desinfección presidencial, de qué fuente de inagotable cinismo procedía la novísima preocupación de García por la reconciliación nacional, la armonía democrática y los derechos humanos.

¿Recordaría Vargas Llosa quién era el García al que despedía con una enorme sonrisa en la puerta de Palacio? ¿Se daría cuenta de que lo que estaba haciendo era no sólo desmemoriado sino insultante para cientos, sino miles, de víctimas?

¿García poniendo la primera piedra del monumento que recordaría los excesos brutales de Sendero, los crímenes de Estado que debimos castigar también? Es como si el Monumento a la Paz que se yergue en Hiroshima hubiese sido inaugurado por Truman, el presidente americano que ordenó el exterminio de la ciudad.

Y ahora, una pregunta pertinente: ¿Por qué Fujimori está preso y García no?

Vamos al grano: García no fue el autor mediato de la matanza de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. García fue el autor intelectual directo e inequívoco de esa masacre. Fue el caudillo y el fusil, la decisión y el gatillo, la orden y la ráfaga, el grito y la sangre a la vez. Fue, en suma, un asesino.

Y esto es historia

Las actas del Consejo de Ministros del 19 de junio de 1986 señalan textualmente:

“Siendo las 19.00 horas el Señor Presidente de la República, Alan García Pérez, abrió la sesión señalando que el orden había sido restablecido y la autoridad restaurada a un costo muy elevado de muertos. Manifestó asimismo que queda un precedente de cómo debe actuar un gobierno democrático en el marco de la ley, pero con autoridad para restablecer el orden. El saldo de la acción es lamentable pero ha servido para demostrar al país que la autoridad del gobierno se ha impuesto. El Señor Presidente de la República expresó en esas circunstancias su felicitación al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el cumplimiento eficiente de lo dispuesto por el gobierno. Señalando asimismo que de acuerdo a la ley 24150, que establece las fórmulas jurídicas en estados de excepción, la jurisdicción en este caso le corresponde al Fuero Militar, por lo tanto se dispuso que a partir de esa misma tarde los jueces civiles ya no ingresen a los penales ni a zonas aledañas declarándose los penales como zonas restringidas, prohibiéndose los accesos a civiles”. No sólo crímenes de prisioneros rendidos o desarmados: encubrimiento desde las más altas esferas.

De resultas de las órdenes de García murieron los 124 presos senderistas del Pabellón Industrial de Lurigancho, 118 de los 152 reclusos de El Frontón y 2 de las 64 internas del penal Santa Bárbara.

Javier Valle Riestra, que se reclama aprista de alcurnia, escribió estas frases en un famoso artículo titulado “Alan: cuidado con el juez Garzón”.

Cito: “La vanidad herida porque hubiese acontecido aquello estando reunida en Lima la Internacional Socialista durante su XVII Congreso, precipitó la demencia presidencial de desatar un holocausto, creyendo consolidar así un apromilitarismo”.

Y añadió, párrafos más adelante:

“Ni Pinochet ni Videla tuvieron un papel de autoría tan directo en los crímenes cometidos en el estadio de Santiago, en la Operación Cóndor, en el lanzamiento al espacio de sospechosos de extremismos izquierdistas…”.

Y es ese García el que, con la boba operación alemana y el respaldo de los amigos de Vargas Llosa, se ha lucido este jueves inaugurando lo que será, sin duda, el monumento a una memoria oficial, parcial, reduccionista y cómplice. (Habría que ir pensando en un monumento a la Memoria Omitida).

Es el mismo García que impone a Mercedes Aráoz como su candidata, quizá sabiendo que, de ese modo, fragmenta aún más las candidaturas de 2011 y favorece a quien es, en verdad, su favorita: Keiko Fujimori, la hija del hombre al que García le debe su regreso, la impunidad y el dulce martirologio a la espera de la falsa prescripción que lo protege y que podría ser levantada por cualquiera menos por quien, como primera medida, deberá indultar a su padre.

¿Tolerará el APRA esta vergüenza?

Seguramente que sí. El APRA es ahora la alcoba de García y allí reina este campeón de las promiscuidades.

Pero hay otras cosas en juego: la señora Aráoz es muy amiga de Chile y enemiga de las Fuerzas Armadas del Perú, a las que reduciría a una condición aún más indigente; es enemiga del gasto social, que con ella sería mutilado ene veces; es enemiga del salario mínimo y de los derechos sindicales. O sea: podría hacer el trabajo sucio del liberalismo paporretero que hoy García ha adoptado como religión.

Pero como la señora de Aráoz no candidatea para ganar sino para impedir que Castañeda se dispare y para asegurarle a Keiko la segunda vuelta, entonces su rol, maquinado por García, resulta perfecto.

La única que no sabe que la señora Aráoz es un instrumento ocasional de la aritmética alanista es la señora Aráoz, que se ha creído La Pasionaria de Alfonso Ugarte pero que no es más que otra muy respetable señora de altas cualidades.

Permitirá saber grado de instrucción, acceso a los servicios de salud, remesas que envían, productos que consumen.

Perú tiene un total de 60 consulados y 73 secciones consulares en el mundo y cuenta con el apoyo de 130 cónsules honorarios.
Manuel Talavera, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior de la Cancillería, informó que el estudio se aplicará a 10,200 peruanos en 100 consulados, sobre todo donde las comunidades peruanas son numerosas; un instrumento válido para conocer mejor la situación de los peruanos que viven fuera, especialmente sobre aspectos de su situación migratoria.
´Para ejecutar este estudio se cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad que debe dar a conocer los resultados en el mes de setiembre próximo. Manuel Talavera
Talavera explicó que el cuestionario será aplicado a todo connacional que acude a un consulado para realizar diversos trámites en los próximos dos meses, lo que permitirá saber su grado de educación, acceso a los servicios de salud, remesas que envían, productos que consumen y servicios que requieren de los consulados, entre otros.

El diplomático indicó que la Cancillería buscará consenso para un proyecto de ley que amplíe el alcance de la Ley 28182, Ley de Incentivos Migratorios, para incluir en el beneficio de la liberación de impuestos para el ingreso de bienes a los peruanos jubilados que quieren retornar así como a los compatriotas deportados.

La citada ley solo exoneraba del pago de impuestos a los connacionales que volvían para hacer empresa o desarrollar actividades profesionales. Talavera señaló que para ampliar el beneficio en primer lugar es necesario establecer un mecanismo que impida que algún retornante ingrese sus bienes libres de impuestos, luego los venda y se vuelva a ir.

Impuesto de remesas sera para mejorar servicios consulares

Talavera también informó que se está diseñando una propuesta para destinar parte de los impuestos recaudados por concepto de los 2,600 millones de dólares de remesas que envían los peruanos en promedio cada año.

“Si son 2,600 millones de dólares de remesas que ingresan, por el Impuesto General a las Ventas el Estado recibe unos 500 millones, de los cuales un porcentaje podría destinarse – como un canon consular – a mejorar los servicios consulares a favor de nuestros compatriotas”, anotó.

Empero, dijo que si el Ministerio de Economía y Finanzas ya dispuso un destino para ese dinero, habría que buscar otro mecanismo innovador que permita otorgar mas presupuesto para mejorar la atención de los peruanos en el exterior.

En cuanto al establecimiento de una visa de reciprocidad (exigencia de visa para los ciudadanos en cuyos países se exige ese requisito a los peruanos), el funcionario consideró que sería conveniente para lograr una nueva fuente de ingresos.

A su juicio, una medida de esa naturaleza no perjudicaría el ingreso de turistas, como algunas voces contrarias afirman.ha alcanzado. El Perú tiene un total de 60 consulados y 73 secciones consulares en el mundo y cuenta con el apoyo de 130 cónsules honorarios, refirió.
El Ministerio de Relaciones Exteriores inició en 60 países del mundo la primera encuesta a peruanos en el extranjero, con la finalidad de determinar el perfil de los connacionales migrantes e identificar sus principales necesidades.El estudio se aplicará a 10,200 peruanos en 100 consulados, sobre todo donde las comunidades peruanas son numerosas.

Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Talavera indicó que la encuesta será un instrumento válido para conocer mejor la situación de los peruanos que viven fuera, especialmente sobre aspectos de su situación migratoria.

También permitirá saber su grado de instrucción, acceso a los servicios de salud, remesas que envían, productos que consumen y servicios que requieren de los consulados, entre otros.

Actualmente hay, por lo menos, tres millones de peruanos viviendo en el exterior, por lo que es necesario conocer su situación de una manera más certera.

Asimismo, informó que a inicios de mayo próximo comenzará a ejecutarse la representación consular de Argentina un proyecto piloto para entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) en solo siete días.
Fuente: Andina

Según denuncia periodística, María Maguiña Torres emitió fallo en solamente 15 días en un proceso que cuenta con un millón de folios

La Fiscalía Suprema de Control Interno abrió una investigación preliminar contra la fiscal María Maguiña Torres por presunta inconducta funcional por haber archivado las indagaciones contra el clan Sánchez Paredes, a cuyos integrantes se ha vinculado con el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Por medio de un comunicado, el fiscal supremo Carlos Ramos Heredia indicó esta investigación se da luego de una serie de denuncias periodísticas señalaran que Maguiña Torres tomó la decisión de archivar el proceso a 15 días de recibir la información del caso, que asciende a un millón de folios.

En el documento, Ramos Heredia también señaló que la fiscal Maguiña Torres tiene cinco días a partir de hoy para presentar su descargo.

La fiscal será investigada por presuntamente emitir dictámenes y resoluciones “con falta de adecuado estudio, motivación y fundamentación”.

Horas después, un comunicado del Ministerio Público indicó que el Fiscal de la Nación dejó sin efecto la designación de la doctora Maguiña Torres en el cargo de fiscal adjunto superior del sistema de criminalidad organizada debido a esta investigación.

La procuradora antidrogas Sonia Medina indicó hace unos días a elcomercio.pe que esperaba que llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación contra los Sánchez Paredes.

“La procuraduría esperaba que se llegue hasta las últimas consecuencias. Es decir, que haya una judicialización completa; ergo, llevarlo a un juicio oral donde se delimiten las responsabilidades penales. Sin embargo, hemos tenido el revés nefasto de parte de la fiscal Maguiña”, manifestó

La rebaja del presupuesto limará los recursos de albergues o ayuda a domicilio
Gobierno reduce un 45% los fondos para políticas de salud pública
Adiós a la conciliación familiar

Por: Carmen Morán
Los servicios sociales básicos son para las personas pobres o con necesidad de asistencia pública como el médico de familia ante los primeros síntomas de enfermedad. Es la primera puerta a la que se llama, donde habrá un trabajador social que atenderá a aquellos que no pueden pagar su hipoteca, a los menores en desamparo, a los que no les llega para agua, luz, calefacción, a personas sin hogar y en riesgo de exclusión, pero también gestionan las clásicas ayudas a domicilio, por ejemplo.

El colectivo de usuarios de servicios sociales ha crecido más de un 39% en los últimos años, con los rigores de la crisis, hasta alcanzar a casi ocho millones de personas. Pues bien, el año pasado los presupuestos del Estado preveían contribuir a la atención de 6,5 millones de personas y finalmente dieron para colaborar con 6,7 millones. Con lo presupuestado ahora, el Gobierno calcula que solo alcanzaría para 3,4 millones de personas, de tal forma que prácticamente la mitad de los posibles beneficiarios quedarían enteramente a merced de los recursos autonómicos o municipales.

El número de usuarios que pide apoyo se ha elevado un 39%
La aportación del Estado para los servicios sociales municipales (10%) es mínima respecto a lo que ponen las comunidades (30%) y las corporaciones locales (60%). A pesar de ello, el ajuste de Rajoy —se han perdido 36 millones de 86— obligará a un esfuerzo extra en los presupuestos autonómicos, municipales, y posiblemente el ciudadano tenga que aumentar su aportación para recibir un servicio como la ayuda a domicilio. “El escenario, sin embargo, puede ser aún peor. Si las comunidades también reducen en sus cuentas la financiación en esta área, el ahogo de las arcas locales será dramático”, vaticina el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Estos 50 millones que ha presupuestado el Gobierno cubren apenas un 10% del total de la financiación para esta materia. Pero la rebaja preocupa en el sector también por el desempleo que podría ocasionar. “Hay que tener en cuenta que alrededor del 40% de lo que destina el Gobierno es para el capítulo de personal y un 57% para las prestaciones que se conceden. Si se dan menos prestaciones pueden producirse despidos, tanto entre los trabajadores precarios de las instituciones públicas, que lo son muchos de ellos, como en las empresas prestadoras de servicios, y la población quedará desatendida”, afirma Ramírez.

El reparto de los recursos totales que se destinan a servicios sociales básicos es desigual. Entre los usuarios, no todos reciben dinero, porque muchas de estas personas acuden en busca de información, asesoramiento o para cumplimentar trámites. Como en la consulta del médico, no todos salen con una receta para medicinas. Cuando sí reciben dinero se trata de ayudas muy puntuales y de un monto diverso: no es lo mismo un cheque para pagar la calefacción un mes, que para abonar dos recibos de la hipoteca, o para ropa o alimentos.

El año pasado se contaba con 86 millones, ahora solo serán 50
“Los datos sobre estas partidas contenidos en los presupuestos son una falacia. Incorporan centros, profesionales, usuarios… como si todo eso se pudiera atender con 50 millones de euros, y los reduce proporcionalmente al recorte. Eso es falso”, advierte Ramírez. Pero, a modo de indicador, en las cuentas públicas presentadas el martes por el Gobierno se prevé que el descenso del presupuesto estatal afectará a numerosas partidas a las que contribuía en mayor o menor medida. Los documentos del proyecto de Presupuestos Generales mencionan que en lugar de hacer aportaciones para 1.328 centros sociales, como ocurría el año pasado, solo habrá para 788; en lugar de los cinco comedores sociales de 2011, habrá dinero para 3; las 25 miniresidencias y pisos tutelados pasarían a 14; donde hubo recursos para 10 albergues ahora solo habría para seis. Respecto a la ayuda a domicilio, uno de los servicios municipales más extendidos y conocidos por los ciudadanos, el presupuesto prevé que en lugar de contribuir en alguna medida (que nunca es mucha) al sostenimiento de una ayuda para 600.000 usuarios, como ocurría el año pasado, este ejercicio solo podrían colaborar con 423.000 personas.

Los profesionales de los servicios sociales han recibido como un puñetazo esta merma en sus ya magros recursos. “Somos nosotros los que tenemos que ver la cara y atender a los millones de personas que vienen a nuestras oficinas solicitando desesperadamente una ayuda. ¿Cómo les explicamos que el Estado se olvida de ellos en una situación como la que están pasando?”, pregunta Ramírez. Advierten de que una situación como esta, “con las altas tasas de paro, los niveles de pobreza derivando peligrosamente hacia la exclusión social y los exhaustos recursos de las familias, no puede sino poner en peligro la paz y la cohesión sociales, mantenidas milagrosamente hasta ahora”.

El año pasado, el Plan Concertado se recortó en nueve millones de euros, algo muy criticado por los trabajadores sociales. También el ministro Eduardo Zaplana, en la época de Aznar, metió la tijera y lo redujo un 6%. Hasta entonces nunca se había rebajado esa partida, que nació en los ochenta, siempre raquítica. Pero esta caída, la más drástica, llega justo cuando los servicios sociales necesitan más refuerzo.

Reproducimos la columna ‘Las Palabras’ de Gustavo Gorriti, escrita en la revista ‘Caretas’.

HAN pasado veinte años desde el golpe del 5 de abril de 1992. El país perdió esa noche la libertad y pocas horas después la perdí yo también. A la sombra de lo pasado, ¿puedo escribir con justicia sobre ese día y esos años? Creo que sí; y de hecho lo haré.
La primera vez que leí las palabras del título fue en la novela de Alejandro Dumas que continúa a “los tres mosqueteros”. Era la edad en la que veinte años duplican tu vida, parecen eternos y mucho más si uno ve lo que el tiempo le hizo a los magníficos mosqueteros y a lo que parecía su indestructible amistad.

Veinte años son eternos cuando uno tiene diez, pero siguen siendo largos cuando se ha cruzado la desguarnecida frontera de los sesenta. Así que, dado que el espacio es más bien breve, abordaré las preguntas inevitables sobre el 5 de abril de 1992 y sus consecuencias, en la perspectiva de este largo desenlace.
¿Hubo alguna razón de fondo para el golpe del 5 de abril? Solo una, y esta fue apropiarse del Poder para no soltarlo nunca. El plan de Montesinos – con el que convenció a Fujimori en fecha tan temprana como diciembre de 1990– fue utilizar la emergencia que vivía el Perú por la debacle económica de García y el crecimiento de la insurrección senderista, para abrogar el sistema democrático y reemplazarlo por un régimen de mano dura inspirado en las dictaduras militares derechistas de la década del 70, con dos diferencias importantes: 1) un líder civil, no tanto en el molde de Bordaberry sino en el de Kagemusha, aunque sin una pizca de la nobleza final de este personaje; 2) el órgano central de gobierno dejaría de ser la Fuerza Armada para pasar al Servicio de Inteligencia Nacional, que a su vez tendría un títere como jefe formal y otro real.
Ese fue el cambio fundamental en el esquema de la nueva dictadura, que tardó un tiempo en aplicarse del todo. El año decisivo fue 1991. Entonces, el SIN se convirtió en la cabeza del sistema de inteligencia primero y del de seguridad en su conjunto después. Luego de afianzado el modelo autoritario fujimorista, el SIN se convirtió en la primera instancia de Gobierno en el país, en el ámbito de seguridad, por cierto; y también en el legislativo, judicial, fiscal… y en el económico, sobre todo si había que robar.
¿Fue necesario el golpe del 5 de abril para vencer a Sendero Luminoso? Esa es quizá la mayor falacia entre los argumentos avanzados y sostenidos para justificar el golpe de Estado.
En cuanto a la insurrección senderista: 1989 fue un año crucial. Las acciones de la guerra interna cubrían ya casi toda la nación y era evidente que el desenlace se acercaba. Sendero proclamaba haber alcanzado la paridad estratégica y declaraba la década siguiente, la de los 90, como la de “conquista del poder”. Las fuerzas de seguridad, por su lado, concentraron el planeamiento y control de operaciones en el Comando Conjunto. El sistema tuvo muchas imperfecciones, pero fue, con tardanza, la respuesta integral a una insurrección nacional.

ESE mismo año, de manera mucho más modesta y silenciosa, se constituyó la pequeña unidad del GEIN dentro de la Dircote. Por humilde que fuera, se trataba de un concepto audaz en la lucha antisenderista, auspiciado por el ministro Agustín Mantilla y el jefe policial Fernando Reyes Roca, con antecedentes en la labor de oficiales ilustrados de la Dincote de los 80, como Javier Palacios; y en la metodología del primer GEIN: el grupo antidrogas que dirigió el general PIP Edgar Luque en los años 70.
Con la poca ayuda que pudo proporcionar un gobierno en debacle económica, el GEIN empezó a funcionar y algunos meses después, en junio de 1990, siendo todavía Alan García presidente, incursionó en la casa de Monterrico y capturó un verdadero tesoro documentario, que supo analizar rápido y bien; y con eso cambió el curso de la guerra.
Con pistas firmes y metodología impecable, el GEIN desbarató aparato tras aparato de Sendero Luminoso, sin darles descanso; y pronto ese grupo policial se convirtió en la mejor esperanza de victoria.
En 1991, Montesinos y el que firmaba las órdenes, Fujimori, buscaron penetrar, o impregnar, al GEIN con el grupo Colina, que era su destacamento especial de acción. Cuando, como era inevitable, se desató la crisis entre ambos grupos, este último se pudo salvar gracias a la intercesión del entonces jefe de Estación de la CIA, que había visto su eficacia. El deseo de Montesinos de restablecer una estrecha relación con la Agencia (cosa que logró), salvó al GEIN de sus represalias y le permitió continuar operaciones.
Poco después se produjo la captura de Abimael Guzmán, la acción que decidió la guerra, en la que ni Montesinos ni Fujimori tuvieron arte ni parte. Lo que sí hicieron fue confiscar el mérito de la victoria y presentarlo como resultado de su supuesta estrategia. Siendo Fujimori el gobernante, la gente le creyó y el resultado fue que esa hazaña policial, que demostraba la fuerza de los métodos democráticos, terminó siendo utilizada por una dictadura corrupta y deshonesta para afianzarse por años en el poder.
¿Cuál es el legado de la dictadura? Si uno compara la situación de hoy con la que imperaba en 1995 o incluso a comienzos del año dos mil, podría pensarse que el avance no solo ha sido grande sino ejemplarizador: Fujimori, Montesinos y Hermoza están en la cárcel, junto con varios de sus cómplices.
Doce años después de su caída, los antaño tiránicos, amenazantes e impunes usurpadores del poder democrático, comparten un largo presente penitenciario. Y durante todo ese tiempo, la Democracia peruana conquistada el año dos mil, en lugar de hundirse ha prosperado.
¿Hemos dejado de vivir peligrosamente? Claro que no. Hace pocos meses tuvimos al fujimorismo en las puertas del poder, reforzado por la coalición integrada por los plutócratas y los grupos de poder e influencia que medraron bajo el fujimorato y que luego no solo evitaron enfrentar sus responsabilidades (con salas VIP, lobbies y corruptelas) sino que se encontraron hasta en mejores condiciones que antes en los regímenes venales y carentes de principios que sucedieron al primer entusiasmo democrático.

PERO, la coalición neo-fujimorista fue derrotada pese a su inmensa movilización de recursos, porque las fuerzas democráticas que se movilizaron el año dos mil, y los que eran entonces muy jóvenes pero crecieron en ese espíritu, convocaron un entusiasmo superior a esos recursos y una decisión de no permitir que quienes llegaron al poder a través de la democracia, para asesinarla, pudieran perpetrar el crimen una vez más.
El seis de abril de 1992, el primer día bajo la dictadura, vi amanecer el nuevo día de la nueva era oscura, desde la ventana enrejada de un calabozo en el SIE. No sabía, sinceramente, cuántos amaneceres más me tocaría ver, pero cabía una fuerte posibilidad que fueran pocos.
Aún entonces no tuve duda de que los usurpadores no envejecerían en el poder. Luego he tenido la fortuna de pasar por veinte años más de amaneceres, en tiempos frecuentemente intensos, difíciles a veces. Estuve entre quienes lucharon por la democracia el año dos mil, y ganaron.
Quizá no fue como debió ser, pero nada impide mejorar lo que necesita reforma. Lo importante es que hemos crecido, que no hemos retrocedido, que hemos conservado y defendido la libertad que conquistamos el dos mil después de haberla perdido el 92, y que la seguiremos defendiendo con éxito mientras duren nuestras vidas… tanto las de quienes hemos extendido largamente la madurez, como las de quienes no pierden todavía su ilusionado verdor.

Editorial del «Comercio»

Lo sucedido en los noventas tendría que habernos enseñado ya el valor de las instituciones

La encuesta de Apoyo que publicamos este domingo con motivo de los 10 años del golpe de estado del 5 de abril de 1992, trajo una noticia preocupante: podría volver a ocurrir. O, mejor dicho, bajo determinadas y no tan irreales condiciones, una mayoría de peruanos estaría dispuesta a aceptar que volviese a ocurrir. Frente a una situación de gran corrupción en el Congreso, de hecho, hasta un 69% de encuestados aprobaría un cierre del mismo.

Es comprensible que en un contexto en donde los congresistas robacables y comeoros proliferan al margen de quienes sean los gobiernos de turno, los ciudadanos tengan reacciones irritadas. Lo que no es tan comprensible es que se piense que cerrar el Congreso y dejar todo el poder concentrado en un solo lugar–el Ejecutivo–es una solución a este problema. Sobre todo si los que piensan esto son personas que vivieron lo que sucedió en el Perú en los noventas y que, por lo tanto, no deberían requerir conocimientos de teoría política para saber de qué forma el trabajo de la corrupción solo se simplifica cuando el poder no tiene contrapesos. Basta con recordar cómo para el final del gobierno del presidente Fujimori no había una sola instancia de decisión o influencia pública en el Perú que no tuviese un precio, y un precio que se podía transar negociando únicamente con un solo interlocutor: el asesor principal del presidente.

En esa oficina/ventanilla del SIN se compraban jueces, ministros, candidatos, congresistas, alcaldes, fiscales, militares, policías, periodistas, figuras del espectáculo y empresarios. El pago muchas veces se hacía con dinero público cuya transferencia al asesor autorizaba el Ejecutivo y muchas otras se hacía con decisiones estatales que aquél también había sido empoderado para tomar. Y así, quién tenía un lobby para sacar una ley mercantilista, quien quería que un juez resolviera un litigio a su favor, quien necesitaba fondos públicos para su campaña o su negocio televisivo, sólo tenía una voluntad a la cual convencer.

No fue la corrupción, sin embargo, lo único que floreció cuando se permitió a Fujimori ir derribando, uno a uno, los contrapesos y trincheras que existen para defender los derechos de los ciudadanos frente al poder. Prosperó también la indefensión. Los opositores al régimen que eran perseguidos por la administración tributaria, por la fiscalía, por las comisiones investigadoras de un congreso mayoritariamente servil, por el Poder Judicial o por el instrumento estatal que fuese, mientras eran difamados por una prensa mayoritariamente comprada por el régimen, no tenían a quién acudir para defenderse: todos los hilos terminaban en una misma mano. Y lo mismo pasaba a quienes, aún sin tener ningún tipo de participación pública, por motivos comerciales o cualesquiera otros privados,acababan enfrentados (en un juicio o proceso administrativo, por ejemplo) a los intereses de algún socio del régimen. Y también a quienes votaban en contra del sistema y no tenían a dónde recurrir cuando sus votos no eran contados en el fraude que, pese a su auténtica popularidad, perpetró el gobierno en el 2000. Los ejemplos, en fin, son inagotables. El punto es que nadie tenía cómo defenderse frente al poder. Y eso incluía a aquellos que apoyaban al gobierno y que nunca fueron tocados personalmente por las arbitrariedades que este cometió: incluso ellos estaban absolutamente indefensos, aunque no llegasen a tener la oportunidad de comprobarlo en los hechos, frente a la voluntad del poder.

Las instituciones, los peruanos tendríamos que asumirlo ya, tienen un valor intrínseco: dividen el poder. Más o menos corruptas, más o menos eficientes, siempre sirven para que una sola persona no tenga la sartén por el mango y, por lo tanto, para al menos dificultar la corrupción y la arbitrariedad. Por eso Martin Shapiro, un importante profesor de ciencia política norteamericano, repite: “prefiero tener tres abusivos gobernándome, que a uno solo”. Y lo mismo se aplica a tres corruptos, frente a uno solo. Porque cuando el poder está dividido, al menos existen diferentes intereses decidiendo, hay contrapesos, tiene que haber negociación y se abren puertas que uno puede tocar para defenderse.

De lo que se trata en resumen, es de impedir que las personas estemos en unas solas manos. Entre otras cosas, porque la historia (incluyendo la peruana) ha enseñado una y mil veces que, cuando estas se ven sin controles, tarde o temprano acaban por apretar más de lo que quisieran quienes se entregaron a ellas.

Firma brasileña comprará el 49% restante del proyecto, que hasta la fecha estaba en manos de la empresa Conduit.

La estadounidense Conduit Capital Partners acordó vender a la brasileña Odebrecht la participación restante que tenía en el proyecto para construir un gasoducto por 3,000 millones de dólares en el sur de Perú, anunció la firma en un comunicado.

El ducto de más de 1,000 kilómetros- que se extenderá desde Cusco hasta Arequipa en la costa sur de Perú- ya era controlado por Odebrecht, según datos del Gobierno.

“Conduit Capital (…) ha acordado vender su participación restante en el proyecto peruano del Gasoducto Andino del Sur (“Kuntur”) a Odebrecht, el conglomerado brasileño”, dijo la firma en un comunicado. “Los términos (del acuerdo) no fueron revelados”, agregó.

A inicios del año pasado, el Gobierno informó que Odebrecht había adquirido el 51% de participación en el proyecto de manos de Conduit, que en ese momento se quedaba con el 49%.

El gasoducto -el segundo de gran tamaño que será construido en la nación andina- también participará el Gobierno a través de la empresa estatal Petroperú, sin embargo, el Gobierno no ha dado detalles sobre cómo será su participación .

Perú cuenta actualmente con un gran gasoducto que va desde el campo Camisea hasta la costa central peruana, lo que torna vulnerable al suministro eléctrico del norte y sur del país.

“Odebrecht tiene un amplio rango de experiencia y comparte nuestra visión por este proyecto y estamos muy complacidos de que ellos continuarán construyendo en el avance de lo que hemos hecho para llevar adelante este importante proyecto”, afirmó el gerente de Conduit, Marc Frishman, en el comunicado.

Según el Gobierno, el gasoducto ayudará a desarrollar la industria petroquímica en el sur peruano. Varias empresas extranjeras, como la estadounidense CF Industries y la brasileña Braskem tienen en carpeta proyectos petroquímicos por más de 5,000 millones de dólares.

Sin embargo, deben primero asegurarse el abastecimiento del gas y contar con una tubería que los suministre. Solo la empresa CF Industries tiene garantizado el gas natural del Consorcio Camisea.

En esa zona, el Consorcio de Camisea, liderado por la argentina Pluspetrol, opera los lotes 88 y 56, los dos mayores campos de gas, con 11.2 y 18.6 TCF (billones de pies cúbicos), según estimaciones del Gobierno.

Asimismo, la brasileña Petrobras también desarrolla en la región del Cusco el lote 58, con al menos un 1.7 TCF (billones de pies cúbicos) de gas.

por Carlos Repetto Grand *
3-9-2002

Cuando el sabio Antonio Raimondi expresó que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro; esta sentencia fue interpretada en aquella época como un testimonio de la valía de nuestro fabuloso recurso minero, en especial el aurífero, así como una clara alusión a la inoperancia de los gobiernos de turno. Sin embargo, Raimondi iba mucho más alla en su claro discernimiento profético, al intuir que la Madre Naturaleza le tenía predestinado en sus entrañas a nuestro querido y privilegiado Perú un sinnúmero de riquezas de tal o más valía que el oro.

Entre estas riquezas ignoradas en la época, pero intuidas, se encuentra ese emporio gasífero que se llama Camisea en el Cusco, que después de 20 años de su descubrimiento por la anglosajona Shell, sigue enterrado, con un Perú, en la misma posición mendicante, que otrora lo retrata tan bien el sabio Raimondi.

Camisea, en estos 20 años desde su descubrimiento no ha significado nada para el erario nacional, ni para la ciudadanía en general, no aportando ni un ápice de desarrollo ni de progreso. Tener en cuenta que han transcurrido cuatro gobiernos, que han demostrado su inoperancia, por decir lo menos en materia energética, del momento que no han podido sacar esta mega obra de su fase preliminar; inclusive, llegando a la hora actual con licitaciones sospechosas y contratos fraudulentos. Finalmente, llegó el actual gobierno y hubieron sanas expectativas de que éste llamara a profesionales especializados en el ramo energético; de preferencia en el petróleo; los que premunidos de la técnica y de una política, en que los factores, descentralismo, regionalismo e industrialización, fueran las vigas maestras en la explotación de Camisea; pero aquello no fue así; como siempre, para variar, prevaleció el compromiso pre electoral en el momento de seleccionar al responsable de la marcha energética; adeudo que bien pudo ser saldado con una embajada o una agregaduría en cualquier país ignoto; en donde el daño, de producirse, fuese controlable y no irreversible.

Es así que se prosiguió en materia Camisea con la “casa” construida por Fujimori y proseguida por el gobierno de Transición, enterrando el pico cual avestruz, pese de encontrarse el proyecto plagado de errores, en la que la improvisación y el desapego a lo nacional fue el común denominador; favorecido discriminadamente todo lo que supiese a extranjero; así como subestimando y tratando de ocultar problemas ecológicos insalvables de grave afectación para la flora y fauna peruana.

Por otro lado, se aceptó sin rubor, la precariedad económica del Consorcio, que es de todos sabido, que solventa el proyecto, con lo que recauda de PETROPERU S.A., paradójicamente por la venta a precio internacional de NUESTRO PETROLEO NACIONAL, subastado a PLUSPETROL, por Fujimori por un “plato de lentejas”. Consorcio al que se le pretendió y se le pretende asegurarle ganancias, con el famoso subsidio “take or pay” a costa del pueblo peruano, que por ser un tremendo exabrupto sacó de su somnolencia a las Eléctricas; “imaginativa” propuesta también de la época de Fujimori, traducido en Ley Nº 27133, del 4 de junio de 1999; que no tiene otra intención y esto es lo más grave, a sabiendas de lo poco rentable que significa transportar el gas de Camisea a Lima, por la falta de mercado; el otorgarle una artificial y forzada rentabilidad al proyecto de construcción del TUBO hacia Lima, para así hacer las delicias de los licitantes de esta obra; que como en todas las licitaciones a la fecha, concluirá con la ausencia de postores, dejando la obra en manos del privilegiado de turno.

Con la construcción del gaseoducto a Lima se está “castrando” además el desarrollo del Cusco y por ende a la Región Sur del país, que ve pasar el tren del progreso por sus narices, sin que este recurso energético no renovable, quede en suelo sureño transformado en industrias productivas para la Región. Por otro lado es penoso observar, como diligentemente se acompañan a estos insolventes en un periplo ante las organizaciones bancarias y crediticias, avalando el gobierno mayores compromisos de empréstitos; cuando lo formal, serio y honesto hubiera sido ante tanta precariedad, llamar al segundo en la lista y negociar con él sin más ni más; dando así solvencia, seguridad y seriedad al desarrollo total de la obra.

Muchos técnicos creemos que el proyecto Camisea tiene que ser urgentemente replanteado. Camisea debe regresar a manos peruanas, específicamente a manos de PETROPERU S.A.. Hemos desperdiciado 20 años; por lo que otorgarle un año más al proyecto, para encontrar una alternativa viable para los intereses de la Región Sur, es lo más aconsejable.

El gas de Camisea no puede ni debe venir a Lima, ni ser exportado, como una simple materia prima, como se propicia hacer con el millonario proyecto de liquefacción, inclusive en base de un mercado californiano o mexicano que son incógnitas; sino obteniéndole el mayor valor agregado, que tan sólo se consigue con la INDUSTRIA PETROQUIMICA, generadora de miles de empleos permanentes; actualmente importamos 400 millones de dólares en productos petroquímicos; allí debe estar “la madre del cordero” y la respuesta a tantas reticencias a siquiera estudiar esta alternativa. Esta industria debiera estar implantada en la costa sur del país, probablemente en Ilo. Asimismo con parte de este gas seco, se instalarían termoeléctricas modulares en Quillabamba con un inicio de 1000 MW de capacidad; así como una Planta de Fertilizantes Nitrogenados (Amoniaco, Urea), de aproximadamente de 3,000 TM/D, para el desarrollo agrario de todos los valles del Perú y con exportación por Matarani a los países de la Cuenca del Pacífico. Igualmente el condensado debiera derivar a Mollendo en donde debe construirse una Planta de Fraccionamiento de 50 MB/D de capacidad, que produciría los combustibles para la Región Sur en volúmenes y calidad, otorgándole así a la Región la autonomía energética que actualmente no posee. Los excedentes serían exportados.

Para llevar a cabo este proyecto PETROPERU S.A., debiera entrar ASOCIADA con una empresa técnica, económica y financieramente bien reconocida, de prestigio internacional, a la cual se le asignaría no más del 40% del accionariado de Camisea, quedando la diferencia: 40% para PETROPERU S.A. y el 20% para las Fuerzas Armadas, destinado este porcentaje, exclusivamente como lo hace desde tiempo atrás Chile con CODELCO y el Ecuador con su petróleo, para la modernización de su armamento. En contribución a aquello las FF.AA. pondrían a disposición del proyecto sus ingenieros y soldados para hacer viable entre otras la ruta Camisea – Quillabamba. Esta propuesta por su carácter descentralista y regionalista estamos seguros que contará con la aceptación de los organismos regionales del Sur a instalarse en este próximo noviembre.

* Secretario de Energía y Minas de los Frentes Regionales del Perú; Presidente de la Asociación de Cesantes y Jubilados PETROPERU.

Insertamos el presente artículo que cobra actualidad. Don Carlos como cariñosamente lo llamaba, formó parte de un trío selecto y único de profesionales probos e idóneos en los campos del gas y la energía,con el Arq. Raúl Morey Menacho y el Ing. Rafael Iriarte Jaico,especie en extinción; que al unisono elevaron la predica y la fundación del nacionalismo, al final traicionados por una pareja de aventureros e ignorantes