El 14 de Diciembre, El nuevo barco de Greenpeace, el Rainbow Warrior III llegaba a Barcelona en el marco de una bienvenida digna de su cometido. Luego de un largo viaje… nervios, emociones y comentarios sobre la novedades y especificidades de este barco emblemático para la organización ecologista Greenpeace.

Por la tarde se iniciaban las actividades, con música, banderas y pancartas en el Maremagnum del puerto de Barcelona… Una flotilla de barcos amigos y lanchas con periodistas de los medios de comunicación a bordo salían al encuentro del Guerrero que desde lejos asemejaba un inmenso barco velero de grandísimas dimensiones…. Lentamente y con mucho precaución el Rainbow Warrior se fue acercando al amarre… La tripulación salió a saludar, y los aplausos y vítores, no se hicieron esperar.
El Rainbow Warrior inició su navegación en su cruzada ecologista y le esperan miles de luchas y campañas en defensa del medio ambiente. Moderno, hecho a medida, a cuidado con pulcritud y esmero, es un barco construido con el apoyo de millones de donantes y amigos del medio ambiente.
El maestro cocinero Diego Guerrero, preparó una cena de gala sostenible a bordo, para los medios de comunicación, como marco a la exposición del Rainbow Warrior, donde se cuenta su historia, con 18 años detrás de los fogones en su haber y dos estrellas Michelín, Diego es un voluntario, amigable . El Rainbow Warrior llegó España, dentro de las celebraciones por los 40 años de Greenpeace

40 años en defensa del medio ambiente
Greenpeace se ha convertido en el lente a través de la cual, los ojos de millones de personas en el mundo, pueden estar donde sucede una agresión al planeta, investigarla, denunciarla y proponer soluciones. Esto también es posible gracias a las más de 3 millones de personas asociadas, que dotan de la independencia y la libertad necesaria a Greenpeace para denunciar las agresiones medioambientales de cualquier gran corporación o demandar a cualquier gobierno un cambio en su política ambiental. Greenpeace, según lo declara en sus comunicados, no acepta donaciones de gobiernos, empresas o partidos políticos.
Los desafíos al planeta son globales, y también lo es el compromiso de Greenpeace, que hoy está en más de 40 países de América Latina, África, Australia, Asia, Europa y Norteamérica. Juntas, las oficinas de Greenpeace conforman una red global capaz de investigar, documentar, denunciar las agresiones medioambientales en todo el planeta y proponer soluciones.
En estos 40 años tuvo importantes victorias que certifican la importancia de su lucha medioambiental, por eso no decae en su empeño por lograr sus objetivos.

Ánxel Villa pionero en España
Hace ya 30 años que Greenpeace empezó a trabajar y a gestarse en España…en esos años verter residuos nucleares en nuestro Atlántico era parte de la rutina nuclear. Y hace precisamente 30 años que un hombre, Ánxel Vila, patrón y pescador gallego, protagonizaba una de las primeras acciones en España contra los vertidos nucleares en el mar.

Con su pequeño palangrero de 24 metros de eslora, el apoyo de Greenpeace, unos cuantos periodistas intrépidos y algún político, Ánxel montó una expedición que consiguió fotografiar y denunciar los vertidos nucleares en el océano Atlántico.
Corrían los años 80 y encontrar una embarcación que aceptara desplazar ecologistas, políticos y cronistas 240 millas desde el Cabo de Fisterra no era sencillo. Cuenta Manuel Méndez, teniente alcalde de Moaña (Vigo) que: «entonces apareció Vila, cuyo compromiso por defender el mar, para las generaciones venideras, era muy emocionante».
El pasado 12 de diciembre, fallecía este marinero ecologista Ánxel Vila, pero su valiente aportación al ecologismo y a España todavía queda en la memoria. Ellos fueron los primeros que vieron como dos cargueros holandeses, protegidos por una fragata, tiraban cientos de bidones de residuos de centrales nucleares al fondo del océano.
A los dos años de esta gesta heroica, Europa prohibía volver a arrojar a los océanos residuos nucleares. Esa fue su pequeña-gran victoria, que marcó un hito para continuar luchando por el medio ambiente en todo el planeta.

Reporte para Radio Programas del Perú el 16/12/2011

De otro lado…
El Ministerio del Exterior de Rusia apoyó la decisión de Canadá de retirarse del Protocolo de Kioto y reafirmó que Moscú no aceptará nuevos compromisos en materia de cambio climático.
Alexander Lukashevich, vocero del ministerio, dijo que el tratado no incluye a todos los países que contaminan más y esto no ayuda a resolver la crisis climática. Paralelamente, El nuevo barco de Greenpeace, el Rainbow Warrior III “Guerrero del arco iris, anclo en barcelona; esta nave emblemática para la organización es un barco imponente, de grandes mástiles, y gran envergadura. le esperan muchas luchas y campañas en defensa del medio ambiente, fue construido con la ayuda de millones de donantes y amigos del medio ambiente. El barco tiene jornadas de puertas abiertas al público, conciertos, y actividades hasta el próximo 19 su visita a España coincide con el 40 aniversario de Greenpeace…
Pedro Miqueas Chauca Ortiz
Corresponsal

Unos 450 «Okupas» se han apoderado de los sectores de Cerros Altos y La Calera II y Palpa.

Ante la pasividad de las autoridades regionales y locales de Ica, decenas de invasores vienen ocupado ilegalmente espacios en importantes zonas arqueológicas de las provincias de Nasca y Palpa. La situación es de mucho riesgo, porque se están dañando, como si no pasara nada, geoglifos y líneas preíncas considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En un extenso recorrido por Nasca esta semana. Se pudo comprobar que unos 400 invasores han tomado posesión de los sectores arqueológicos registrados como Cerros Altos y La Calera II. Lo han hecho destruyendo, irremediablemente, un trapecio y varias líneas.
Asimismo, la mayoría de los gestores de la invasión, que no suelen vivir en las improvisadas casas de esteras que allí se han levantado, han trazado vías de ingreso vehicular hasta esos espacios, los cuales llegan a ocupar entre 200 y 1.000 metros cuadrados.

INVASION COMENZÓ EN EL 2010
“La invasión de Cerros Altos y La Calera II se inició sistemáticamente a mediados del año pasado con la aparición de unas 50 familias. Ello coincidió con el inicio de la campaña electoral por las alcaldías, en la que algunos candidatos ofrecieron a estos ocupantes otorgarles, una vez electos, certificados y constancias de posesión. También les dijeron que les instalarían servicios básicos de agua, desagüe y luz”, reveló el historiador nasqueño Josué Lancho.
Ha sido poca la efectividad de las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (hoy Dirección Regional de Cultura de Ica) para denunciar inmediatamente a estos invasores, y exigir al Ministerio Público y al Poder Judicial celeridad en los procesos legales. Debido a ello, estas invasiones se intensificaron en las últimas semanas de noviembre de este año hasta alcanzar unas 400 viviendas de esteras que ocupan casi el 95% del trapecio y las tres líneas paralelas que allí se dibujaban.
Consultado sobre el tema, el coordinador de la Oficina Regional de Cultura de Nasca y Palpa, el arqueólogo Mario Olaechea Aquije, reconoció que falta mucho por hacer: “Tras verificar la existencia de estas invasiones, la Dirección Regional de Cultura de Ica denunció el pasado agosto a estos invasores, pero no se ha logrado, hasta este momento, que el Ministerio Público lo haga penalmente por los delitos de destrucción del Patrimonio Cultural de la Nación y ocupación de una zona arqueológica. Ha existido una incomprensible lentitud de la fiscalía de Nasca para actuar oportunamente”.

GRAVES DAÑOS EN PALPA
Este divorcio entre la Dirección Regional de Cultura de Ica y el Ministerio Público está siendo aprovechado por traficantes de terrenos, quienes también están fomentando invasiones en la provincia de Palpa. Allí unas 50 familias han ocupado hace unos días la zona arqueológica de Sacramento. Esto ya afectó un cementerio Nasca y ha puesto en riesgo la conocida figura del reloj solar.
“Estos invasores se encuentran a solo 100 metros del reloj, una de las figuras más representativas de Palpa, por lo que se debe emprender su inmediato desalojo”, exigió el encargado de cultura del municipio provincial, Manuel Cáceres Ventura. Él también denunció que otras 200 familias se han instalado en la zona arqueológica de Carmen Alto, donde se encuentran un cementerio Nasca y unas estructuras de adobe, correspondientes, probablemente, a un adoratorio.
“No se trata de un problema social de falta de vivienda, sino de la viveza de dos sujetos [no quiso identificarlos] que están traficando con terrenos. Las autoridades deben denunciarlos y desalojar a los invasores, pero también proceder con un plan de delimitación y señalización de estas zonas para evitar futuras ocupaciones ilegales”, planteó, Alfonso Tijero Gugliermino, presidente del Comité Territorial de Turismo de Palpa.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD NO TIENE FONDOS
El nuevo jefe de la Dirección Regional de Cultura de Ica, Raúl Sotil Galindo, reveló que la entidad no tiene recursos para proteger los 570 kilómetros cuadrados de figuras, trapecios y líneas que fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco: “Solo tenemos una camioneta donada, pero hace años no se mueve, porque no hay para comprarle repuestos”.
Asimismo, dijo que se necesita un efectivo plan de conservación de los casi 5 mil kilómetros cuadrados de zonas arqueológicas que hay en Nasca y Palpa. Muchos de los sectores no están señalizados, lo cual facilita las invasiones.
Son 83 años de daños se han sucedido, de una u otra manera, en las figuras y líneas de Nasca. El primero se registró en 1928 con la construcción de una pista de aterrizaje. JR

Por: Mario Vargas Llosa

Tener casi cinco millones de parados como le ocurre a España es una tragedia para cualquier país, y, sobre todo, para una sociedad que hace apenas ocho años era la historia feliz de Europa, un país de una economía pujante que muchos envidiaban y un ejemplo flagrante –para América Latina en particular y el Tercer mundo en general– de que, con estabilidad, democracia y políticas acertadas un país puede quemar etapas y, en un período relativamente breve, alcanzar altos niveles de trabajo y bienestar.
Nadie duda de que en las cifras escalofriantes del desempleo español ha tenido un efecto la crisis financiera que desde hace más de tres años padece el mundo occidental. Pero nadie puede ser tan ingenuo de creer que ésa es la única causa, ni siquiera la principal, de semejantes niveles de paro, pues, si fuera así, ¿por qué el resto de Europa no padece un fenómeno parecido? Ni Grecia, en su descenso imparable a los abismos, alcanza un desempleo semejante. De otro lado, una reciente investigación comprueba que en la actualidad España es el país de la Unión Europea donde las diferencias económicas son más grandes (es decir, donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres) y que el altísimo paro juvenil –un 48%– difícilmente podría empezar a disminuir antes de tres años.
La razón principal de semejante desastre es una política económica errática, imprudente, y la obstinación del gobierno socialista en negar la existencia de la crisis a lo largo de más de un año, lo que le impidió tomar las medidas correctivas que hubieran moderado la caída y acortado el período de recuperación de la economía. Los pronósticos sobre lo que ésta tardará varían, pero todos coinciden en que el año que se avecina será todavía más duro que el que se va.
El gobierno español va a ser sancionado en las elecciones del 20 de noviembre por este fracaso y es natural que así sea. Vale la pena recordar que sólo en las democracias estas sanciones electorales son posibles y, también, que, por fortuna, pese a los quebrantos económicos, la democracia española goza de excelente salud. Las encuestas dicen que el principal partido de oposición, el Partido Popular que lidera Mariano Rajoy, volverá al poder y, casi seguramente, con mayoría absoluta.

Me alegro de que sea así porque creo que el Partido Popular cuenta con el mejor equipo de economistas y las ideas más claras para enfrentar el difícil y sacrificado reto que será llevar a cabo las reformas radicales necesarias. Esperemos que cuente también con el coraje que hará falta al próximo gobierno si de veras quiere sacar a España del marasmo económico en que se encuentra, devolverle el dinamismo que tuvo durante los ocho años del gobierno de José María Aznar, y la confianza en el futuro que esta crisis ha hecho añicos.
Pese a todo ello, en estas elecciones no votaré por el Partido Popular sino por Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que lidera Rosa Díez, por razones que me gustaría explicar en este artículo.
Tengo una desconfianza instintiva a las mayorías absolutas, que pueden alentar iniciativas arbitrarias y hasta autoritarias en los gobiernos que las detentan. En el caso español, me preocupa que, si el PP la obtiene, su ala más conservadora, impulsada por razones religiosas, empuje al gobierno de Rajoy a deshacer, o aguar hasta vaciarlas de contenido, las reformas sociales más avanzadas aprobadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero y que, a mi juicio, han hecho progresar la cultura de la libertad en España, como la ley que autoriza los matrimonios gays, la ampliación de la ley del aborto y los derechos de la mujer, temas en los que hoy España se encuentra a la vanguardia. UPyD es un partido claramente comprometido con reformas genuinamente liberales de esta índole y estoy seguro de que las defenderá con convicción en el parlamento. Por eso, si el PP no obtuviera la mayoría necesaria para gobernar solo y necesitara de alianzas, UPyD sería el aliado ideal. En todo caso, preferible a los partidos nacionalistas, cuyo apoyo se hacen pagar carísimo y, siempre, con concesiones favorables a su idea fija, la independencia, es decir, la desintegración de España. Como estoy absolutamente convencido de que, si ello ocurriera, la causa de la libertad retrocedería tanto en el País Vasco como en Cataluña, y de que éste será el problema más serio que deberá enfrentar España en el futuro inmediato, creo importante apoyar a un partido que, como UPyD, tiene sobre este asunto posiciones absolutamente lúcidas.
Desde que nació como organización política, ha combatido al nacionalismo –a los nacionalismos– con resolución y sin complejos. Y ha sostenido que, tal como funciona en la actualidad el régimen de las diecisiete autonomías, aquel riesgo de desintegración se va acentuando. Y que, por ello, debe ser reformado, sin poner en peligro la descentralización, pero recuperando el Estado algunas competencias como las relativas a la educación, la salud y la justicia, sin las cuales es quimérico que haya una política coherente y homogénea a nivel nacional, y recortando las burocracias que conducen a la anarquía administrativa, el despilfarro fiscal y el deterioro de los denominadores culturales y sociales que sostienen la cohesión nacional.
Por otra parte, UPyD es el único partido en estas elecciones que ha incorporado a su plan de gobierno una cláusula comprometiéndose a apoyar a la oposición democrática que lucha por liberar a Cuba de cincuenta y dos años de dictadura. También en este campo es imprescindible rectificar la política del gobierno socialista que, en lo que concierne a la tiranía cubana, ha sido de una tolerancia rayana con el celestinazgo cuando, a cambio de la liberación algunos presos políticos, intentó (sin éxito, felizmente) que la Unión Europea retirase las moderadas sanciones que aplica a la satrapía caribeña.
No digo que UPyD sea un partido liberal, pero es lo que más se le parece en el ámbito español. Acaso no tanto en lo que concierne a la economía, aunque su plan de gobierno se orienta a defender una economía libre basada en la competencia, sin privilegios ni populismo, como en sus convicciones democráticas, en sus posturas tolerantes, en la diversidad que admite y fomenta entre sus afiliados –un espectro ideológico que va de la socialdemocracia al liberalismo, pasando por el centro cristiano o laico y hasta con pequeños destellos anarquistas–, lo que da a esta formación política un aire fresco, joven, renovador, idealista, sano, desprovisto del cálculo y los apetitos que suele enquistar el tiempo en los partidos políticos.
La mejor credencial de UPyD es Rosa Díez, su portavoz y fundadora, a quien los ciudadanos españoles suelen dar los mejores calificativos entre los líderes políticos. Esta mujer menudita y de ojos efervescentes tiene convicciones muy firmes y ha demostrado a lo largo de su vida pública, como un puñado de políticos vascos democráticos, un coraje a prueba de terroristas y fanáticos que despierta mi admiración. Ha visto el riesgo que representa para la supervivencia de España y de la democracia el nacionalismo identitario, y ha criticado siempre las concesiones que le han hecho los gobiernos y salido al paso a toda política que, a cambio de trapicheos o pequeñas concesiones retóricas, entregue la libertad de comunidades enteras al secuestro colectivista que ese nacionalismo representa.
Rosa Díez es lo que Max Weber llamaba un “político de convicción”. Ella y su partido merecen una presencia mayor en el ámbito nacional. Su empeño es devolver a la política la solvencia moral y la confianza que depositan en ella los ciudadanos de una democracia que ven en la acción política el instrumento más eficaz y menos violento para mejorar el nivel de vida de la gente, corregir lo que anda mal, impulsar la igualdad y la justicia. Esta confianza, tan vigorosa en los años de la transición, se ha ido enfriando en España con la feroz crisis económica, y en las nuevas generaciones va surgiendo un pesimismo que se traduce a veces en un rechazo de las reglas de juego de la democracia.
Esto explica la deriva que ha ido tomando el movimiento de los “indignados”. En un primer momento la simpatía de la opinión pública fue grande hacia esa movilización de jóvenes que, luego de recibir una educación y prepararse, a veces con enormes sacrificios, para entrar en el mercado laboral, lo encontraban cerrado y sin perspectivas de encontrar un trabajo digno por quién sabe cuántos años. Muchos vimos en ese período inicial en el movimiento de “indignados” una inyección de energía para la democracia española. Pero pronto el movimiento desbordó sus cauces originales, y, espoliado sin duda por grupos extremistas, ha ido adoptando unas consignas tan anacrónicas como la estatización y el dirigismo económico, y la sustitución de la legalidad parlamentaria por la legalidad de la calle y la acampada. Ese camino sólo puede conducir al deterioro y hasta el desplome de lo más precioso que tiene hoy España: la democracia que recuperó luego de cuarenta años de dictadura.
Las elecciones del 20 de noviembre son una magnífica oportunidad para comprobar que la democracia sí funciona y que es el único sistema que permite renovar los gobiernos, las políticas y las leyes de manera civilizada. Para ello hay que confiar en las urnas y no equivocarse a la hora de elegir.
Madrid, noviembre de 2011

PSOE: No ha explicado con claridad cuáles son sus políticas para el estímulo

El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desveló este lunes las grandes líneas de su programa de austeridad, entre los cuales recortes por 16.500 millones de euros en 2012 y un primer paquete de medidas de urgencia el 30 de diciembre.
«El año próximo tendremos que reducir en 16.500 millones de euros el desfase entre ingresos y gastos para el conjunto de las administraciones públicas», declaró Rajoy en su discurso de investidura ante el Parlamento, que lo confirmará como presidente del Gobierno tras la aplastante victoria de su formación, el Partido Popular (PP), en las legislativas del 20 de noviembre.
A las medidas de rigor, el futuro jefe del Ejecutivo agregó una flexibilización del mercado laboral, el aumento de las pensiones de jubilación -su «único y exclusivo compromiso de aumento de gasto», afirmó- y la modificación de los festivos para que la economía española gane en productividad.
Considerando que «las reformas son tan necesarias como urgentes», Rajoy aseguró que las grandes prioridades de su Gobierno serán «estimular el crecimiento y la creación de empleo» en un país con casi cinco millones de desempleados (21,52%) y bajo la amenaza de una nueva recesión.
«El Gobierno que forme no descansará hasta alcanzar este objetivo fundamental», enfatizó, asegurando encontrar a su llegada al poder «las circunstancias más difíciles» a las que se haya enfrentado un Ejecutivo desde la restauración de la democracia en España.
Los detalles de su programa eran muy esperados, en un momento en que España está azotada por turbulencias en los mercados, en plena crisis de la Eurozona. «Se equivocan aquellos que piensan que España no será capaz de hacer las reformas que necesita», lanzó Rajoy.
La principal formación de oposición, el PSOE, criticó lo que consideró falta de concreción. «No ha explicado con claridad cuáles son sus políticas para el estímulo» de la economía, consideró el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso.
Fuertemente golpeada por la crisis desde 2008, España se fijó como objetivo principal la reducción del déficit público, después de que éste llegase al 11,1% en 2009 y al 9,3% en 2010.
Recordando la previsión para 2011, el 6% del PIB, Rajoy, quien con toda certeza será investido Presidente gracias a su mayoría absoluta en la cámara, advirtió de que esta cifra «puede verse superada», es decir, ser superior a lo previsto.
Una vez que jure el cargo el miércoles ante el rey Juan Carlos I, Rajoy desvelará su secreto mejor guardado: la composición de su Gobierno.
El primer consejo de ministros, el 30 de diciembre, entrará en acción aprobando «un real decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria», anunció Rajoy, detallando las primeras reformas que llevará a cabo. «La primera ley que aprobaremos, la primera piedra de nuestro proyecto reformista, será la ley de estabilidad presupuestaria», que será votada en enero, adelantó.
Esta ley orgánica completará la reforma de la ‘regla de oro’ presupuestaria aprobada en septiembre por España que introduce en la Constitución el principio de equilibrio presupuestario. La ley impone un límite al déficit estructural a partir del 2020, del 0,40% del PIB para el déficit estructural y del 60% del PIB para la deuda pública.
«En segundo lugar, es necesario culminar el proceso de saneamiento del sector financiero», añadió Rajoy.
El próximo presidente del Gobierno también anunció que llevará a cabo «una modificación de la legislación laboral» para hacer frente a la mayor debilidad de la economía española: el porcentaje de desempleo del 21,52%, un récord entre los países industrializados.
Finalmente, el nuevo equipo dirigente prevé «abrir un proceso de simplificación del sector público», sobre todo a través de una «profunda reforma administrativa que permita eliminar duplicidades», entre los diferentes niveles de este país muy descentralizado.
Javier Soriano

Rajoy vaticina tiempos difíciles en España; reducirá presupuesto

El presidente electo del gobierno español Mariano Rajoy advirtió que se avecinan duros tiempos económicos para España y prometió reducir el déficit presupuestario en 16.500 millones de euros (21.600 millones de dólares) el próximo año.
Rajoy habló ante el Parlamento pero sin precisar cómo conseguirá esos ahorros, si será solamente reduciendo el gasto público o si elevará también los impuestos. España se comprometió con la burocracia de Bruselas a reducir el déficit al 4,4% en 2012.
Rajoy dijo además que el desempleo, que según dijo es ahora del 23% a nivel general y del 46% entre los menores de 25 años, contribuye a que el «panorama no pueda ser más sombrío».
El Partido Popular de Rajoy ganó por mayoría abrumadora los comicios del 20 de noviembre y cuenta de una cómoda mayoría en el Parlamento. Rajoy jurará su cargo el martes, para trasladarse al día siguiente al Palacio de la Moncloa, la residencia oficial de los presidentes de gobierno españoles.
El año pasado el déficit presupuestario alcanzó el 9,2% del PIB y el gobierno socialista saliente calcula que el de 2011 rondará en torno al 6%: una cifra que según Rajoy podría ser excesivamente optimista porque la economía no experimentó crecimiento alguno en el tercer trimestre.
Esa atonía económica hizo que España, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y muchos economistas privados redujeran las perspectivas de crecimiento económico del país para este año, del 1,3% al 0,8%.
España sufrió una recesión de casi dos años y en 2011 apenas experimentó crecimiento económico. Incluso algunos economistas creen que ese crecimiento podría ser negativo.
A finales de septiembre, la deuda general española ascendía a 706.340 millones de euros (919.600 millones de dólares), un 15% más que el año pasado. La nueva cifra representa el 66% del PIB y una parte sustancial corresponde a las 17 comunidades autónomas del país.
Al anunciar por primera vez el marco que abarcará sus planes económicos, Rajoy dijo que pondrá fin a la congelación del índice del coste de vida que tienen las pensiones, mantendrá la jubilación a los 67 años, suprimirá las prejubilaciones y trasladará a los lunes todos los puentes entre feriados, además de imponer un bachillerato de tres años, como en Francia, Alemania, Italia y Holanda.
Daniel Woolls

Congresistas suspendidos cobrarán sus sueldos durante receso de la Legislatura

Chehade, Anicama y Romero sufren suspensión de derechos congresales solo mientras dura el periodo de trabajo del Congreso

El titular del Congreso, Daniel Abugattás, dijo en un breve encuentro con la prensa en los pasillos de la sede del Legislativo, que para los congresistas suspendidos —de acuerdo al reglamento del Legislativo— se contabiliza su sanción solo mientras dura la Legislatura. Anteriormente, Humberto Lay —presidente de la Comisión de Ética, que pidió suspensión de Eulogio Amado Romero Rodríguez, Omar Chehade Moya y Celia Anicama Ñáñez— confirmó a elcomercio.pe que los castigos serían impuestos de esa forma.

Al respecto, el presidente del Legislativo dijo que “era un absurdo” aunque indicó que los suspendidos no cobrarán beneficios ni haberes hasta lograr recuperar sus funciones.

Sin embargo, durante el receso de la Legislatura Ordinaria, al no estar afectos a la suspensión, volverán a cobrar sus sueldos.

Por otro lado, sobre los cuestionados gastos de instalación que algunos de ellos cobraron, dijo que “lo que van a hacer es que de los pagos pendientes que tienen con ellos, por días transcurridos, se va a ejecutar el descuento de ahí”.

Entre beneficiarios se encuentra la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (FEDELATINA)
De:Crónica asociativa latina en Cataluña
Según un reciente informe publicado por la Sindicatura de Comptes de Catalunya denominado “Contractació del Departament d’Acció Social i Ciutadanía. Exercici 2007″, durante ese período se adjudicaron de forma irregular ayudas económicas a distintas organizaciones sociales catalanas del ámbito de la inmigración. Entre los beneficiarios se encuentra la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (FEDELATINA) a la cual se otorgaron más de diez mil euros de forma no ajustada a los procedimientos administrativos establecidos en la ley. Así lo expresa el Síndic de Comptes en su publicación.

Los dineros que debieron haber sido adjudicados mediante convocatorias públicas de subvenciones, lo fueron mediante la figura del contrato menor, que permitió al Departamento de Acción Social y Ciudadanía a través de la Secretaría para la Inmigración, asignar de forma discrecional diversas cantidades que en su totalidad ascendieron a más de cuarenta y cinco mil euros. A continuación extracto de lo señalado en el citado informe:

PAGINA 24:

De la revisió del compliment de la legalitat contractual en els cent nou expedients ana-litzats, d’acord amb els preceptes de la normativa que és d’aplicació a l’ens fiscalitzat, cal fer les observacions següents:

a) Qualificació jurídica de l’objecte

En la mostra analitzada s’ha posat de manifest que diverses aportacions realitzades pel DASC no tenen la naturalesa de contractes sinó de subvencions.

va destinar 45.000,00 € per a la realització d’accions enca-minades a aprovar el Pacte Nacional per a la immigració, dels quals la Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat en va percebre 10.334,50 €, 4.884,00 € l’Associació GRAMC, 10.487,56 € la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, 10.334,50 € Càritas diocesana de Barcelona i 9.000,00 € l’Associació Cívic, Iniciatives Socials i Ocupació.

PAGINA 29:

1) Qualificació jurídica de l’objecte

El Departament va qualificar com a contractes menors les aportacions efectuades a dife-rents entitats que per la seva naturalesa cal considerar com a subvencions ja que com-pleixen els requisits que fixa l’article 87 de la Llei de finances (vegeu apartat 2.3.a).
Rumor que se torna en realidad
Dentro del asociacionismo inmigrante catalán es un secreto a voces, un rumor persistente, la existencia de supuestas irregularidades administrativas en la adjudicación de recursos públicos a determinadas organizaciones afines al grupo tripartito de gobierno. Desde el usufructo de espacios públicos al jugoso soporte económico de las llamadas “fiestas nacionales”, desde la gestión y explotación de parques a la adjudicación de contratos “a dedo” como el aquí presentado. Parece que todas esas presunciones comienzan a ser realidades contrastadas a la luz de este informe del más alto organismo contralor de las cuentas públicas de Cataluña.

Veremos qué nos deparan sucesivos informes relacionados no sólo con el Departament d’Acció Social i Ciutadanía si no el resto de instancias de gobierno en Cataluña dominadas por el tripartito del PSC, ERC e ICV-EUiA.

Informe: IDL reporteros

Además de su deuda con Sunat, Telefónica también tiene obligaciones pendientes con Osiptel

Para entender la deuda que Telefónica mantiene con el Estado hay que revisar la resolución del Tribunal Fiscal del 27 de diciembre de 2010 que rechaza los reparos puestos por la empresa contra la acotación que le hizo la Sunat para cobrarle tributos por el año fiscal 2000-2001. (Ver documento)
De acuerdo con la Sunat, la deuda está integrada por diferentes conceptos. Los dos principales son “provisión de cobranza dudosa no sustentada conforme a ley”, es decir los impuestos aplicados a cuentas de clientes a los que la empresa no pudo cobrar y “cargas financieras”, los intereses sobre préstamos que recibió la empresa.
El primer concepto representa, según Sunat, el 25.4% del total de la deuda y el segundo el 41.6% de la misma.
Para defenderse de la acotación de Sunat, la empresa debía demostrar que hizo todas las gestiones necesarias para cobrarle a sus clientes morosos y acreditar que los préstamos que recibió, entre el 2000 y 2001, fueron destinados a sus operaciones. Esto debido a que existe la presunción de que el dinero fue destinado a las subsidiarias de la empresa (operadoras de telefonía móvil o cable), hecho que estaba gravado.

En las 59 páginas de la resolución, y luego de repasar las versiones de ambas partes, el Tribunal Fiscal concluye que “la Administración (la Sunat) dejó constancia que la recurrente (Telefónica) no había demostrado documentariamente las gestiones de cobro realizadas a sus clientes morosos luego del vencimiento de la deuda, y que los análisis periódicos de los créditos concedidos quedaron desvirtuados”.

Luego, señala “que de la revisión de la documentación que obra en autos, se advierte que si bien la recurrente podía contar con información histórica de sus clientes almacenada en medios informáticos, no cumplió con proporcionar documentación fehaciente que acreditara que en los ejercicios acotados efectivamente hubiera hecho uso de tal información u otra existente para realizar análisis periódicos de los créditos otorgados”. En pocas palabras, el Tribunal sostuvo que si bien Telefónica tenía información de sus clientes no hizo uso de estos datos para prever el “riesgo de incobrabilidad”
Sobre los préstamos obtenidos por Telefónica, el Tribunal Fiscal sostiene que la empresa presentó información incompleta para demostrar el destino que dio a estos fondos. “Que tampoco presentó planes y/o proyectos de inversión, contratos que acreditaran la realización de tales inversiones, comprobantes de pagos que sustenten las adquisiciones, presupuestos, cotizaciones, entre otros; pese a habérselos solicitado mediante los requerimientos antes citados, ya que teniendo en cuenta el volumen de éstas, que alegó haber realizado, debió presentar por lo menos análisis muestrales documentados; sin embargo, se limitó a señalar que sustentar el destino de dichos recursos a partir de la identificación del empleo de cada sol resultaba de imposible cumplimiento, exigencia que no había sido requerida”, dice la resolución.
Y a continuación sigue: “Que en tal sentido, los medios probatorios aportados por la recurrente (Sunat) sólo reflejaron los registros contables de los financiamientos o su origen, y no demostraron que los recursos provenientes de dichos financiamientos hubieran sido empleados en la generación de renta o el mantenimiento de su fuente, conforme alegó”.
Como siempre, IDL-Reporteros pidió a Telefónica una opinión sobre su deuda fiscal, pero respondieron que no dirían nada. Sin embargo, por la intervención de sus abogados en las audiencias en las que se ha visto la deuda tributaria, se sabe que Telefónica considera que, de acuerdo con estándares internacionales, sí hizo todas las gestiones necesarias para cobrar a sus clientes morosos y que bastaba con presentar un documento de ‘Estado de flujo de caja’, para acreditar el destino que dio a los préstamos que recibió.

Del timbrazo al vibrador

Por Emilio Camacho

A fines de octubre, IDL-Reporteros informó sobre la demanda presentada por la empresa Telefónica contra la Sunat y el Tribunal Fiscal para obstaculizar el cobro de una deuda tributaria de 2,300 millones de soles que la empresa tiene con el Estado, una situación que debe definirse en el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, que preside el juez Carlos Cueva Andaviza.
Desde octubre hasta la fecha, mientras el tema se resuelve en la vía judicial y con las claras ventajas obtenidas por la empresa– como la medida cautelar que Cueva Andaviza le otorgó a Telefónica y con la cual congeló el cobro de la deuda–, el Estado ha expresado su posición sobre el tema de manera confusa. Primero fijó posición el presidente Ollanta Humala, cuando el 28 de octubre, luego de reunirse en Paraguay con el rey Juan Carlos de España y el entonces presidente de gobierno de ese país, José Luis Zapatero, sostuvo que para su administración era preocupante “que grandes empresas que tienen muchos años en el Perú estén judicializando al Estado, que estén en un proceso contencioso con el Perú por el pago de tributos”.
La pauta estaba marcada y parecía que el gobierno se mantendría firme a la hora de cobrar la deuda de la empresa y aprovecharía que estaba pendiente la renovación de las licencias de telefonía móvil para fortalecer su posición.
No fue así. El 16 de noviembre, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, sostuvo que la renovación de licencias se evaluaba al margen de la deuda con Sunat. Y el 23 de noviembre, el presidente Humala se reunió con César Alierta, presidente de la matriz española de Telefónica. En este encuentro, Humala solo estuvo acompañado por el ministro Carlos Paredes. Al final del mismo, un sobrio Alierta afirmó que Telefónica “respeta totalmente las decisiones del Estado Peruano”. A Humala ni se le vio, aunque fuentes dignas de confianza aseguran que el presidente expresó su preocupación por el tema tributario.
A partir de esa fecha, tanto el Estado como la empresa se sumieron en silencio sobre la deuda tributaria y la renovación de licencias.
Eso fue hasta el martes pasado, cuando el viceministro de Comunicaciones, Raúl Pérez, dio a entender que resolver el tema de las licencias tomará más de lo previsto. “El Gobierno anterior se demoró dos años en evaluar, y la actual administración tiene el derecho a pensar bien qué es lo que se va a hacer”, sostuvo (Gestión, miércoles 14 de diciembre).
Después de ello, volvió la secretividad al gobierno. Para esta nota, por ejemplo, IDL-Reporteros pidió una entrevista con el ministro Paredes, antes y después de su ratificación en el gabinete, y también con el viceministro Pérez, pero, a través de la oficina de prensa del MTC, ambos respondieron que no darían declaraciones.
Mientras tanto, en el juzgado de Cueva Andaviza, actualmente investigado por la OCMA debido a la cautelar que entregó a Telefónica, todavía no se resuelve la oposición presentada por la SUNAT contra esa medida. Las cosas van a un ritmo tan pausado que el 5 diciembre se emitió una resolución en la que se notifica a Telefónica de la oposición de Sunat a la cautelar, pero este documento, de acuerdo al portal del Poder Judicial, recién fue entregado el 16 de Diciembre, a los abogados de la empresa.
Otras deudas
¿Es la deuda con Sunat la única obligación pendiente de la empresa? Pues no. Telefónica también mantiene una deuda nada desdeñable con Osiptel. Y si bien es cierto que a inicios de noviembre, después que se supo de su deuda tributaria, pagó 11 millones 270 mil soles a este organismo, según Osiptel todavía mantiene una deuda de más de 17 millones de soles por multas recaídas sobre sus operaciones y las de sus subsidiarias Telefónica Móviles S.A.C y Telefónica Multimedia S.A.C. Estas obligaciones también han sido objetadas ante el Poder Judicial y algunas llevan años en juicio. Las más antiguas vienen de 1999 y corresponden a Telefónica Multimedia S.A.C, el administrador del servicio de cable que brinda la empresa y que en agosto de este año fue transferido a Telefónica Móviles.
¿Allí se acaban las deudas? Al parecer no. Hasta ahora se ha dicho poco sobre las obligaciones que tienen las empresas de telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico del servicio de telefonía móvil. Y se ha dicho poco porque, al parecer, el mismo Estado no tiene claro cuánto le deben las empresas de telecomunicaciones por ese concepto. Por ello, en abril de este año se contrató una consultoría para “el sinceramiento de las cuentas por cobrar del concepto de canon” radioeléctrico. La responsabilidad ha recaído en el Consorcio Proyectos Consultorías e Inversiones, al que se le pagará 605 mil soles para que defina cuál es la deuda que las empresa mantienen con el Estado hasta el año 2009. La consultora debía concluir su trabajo en seis meses. Es decir, en noviembre. Las empresas a las que incluye esta auditoría son: Telefónica del Perú S.A.A, Telefónica Móviles S.A, Telefónica Empresas Perú S.A.A, Nextel del Perú S.A, América Móvil Perú S.A.C, Telmex Perú S.A y Gilat to Home Perú S.A.
IDL-Reporteros llamó a Samuel Bendezú, representante del Consorcio Proyectos Consultorías e Inversiones, para conocer si ya había entregado su evaluación al Ministerio de Transportes. Bendezú respondió que no podía dar detalles del tema por un “acuerdo de confidencialidad”. Hasta el cierre de esta nota, el MTC tampoco había respondido nuestras consultas sobre el tema.
¿Y hay alguna deuda más? Pues sí. La deuda tributaria de Telefónica que se discute en el PJ corresponde a los ejercicios fiscales 2000-2001, la Sunat la fijó en 2,300 millones de soles, de los cuales, según el Tribunal Fiscal, son“exigibles”1,600 millones. Lo que todavía no se conoce es cuánto debe la empresa por otros ejercicios fiscales. Se sabe que el Tribunal Fiscal debe fallar por acotaciones de los periodos fiscales 2002-2005 (que ascienden a 1,300 millones de soles). Además, la deuda del periodo 98-99 debe ser reevaluada por la Sunat a pedido del Tribunal Fiscal. Tal parece que estos casos, como si se hubieran contagiado de las lentas gestiones del tribunal del juez Cueva Andaviza, marchan al ritmo de los quelonios.
Como siempre, IDL-Reporteros consultó a Telefónica sobre sus deudas, y, como es usual, respondieron, a través de su gerente de comunicación, Guillermo Denegri, que “no harían comentarios”.

Generales en retiro critican que se pretenda limpiar el legajo de oficiales

El Ministerio de Defensa modificó el reglamento de la Ley de Ascensos de Oficiales en las Fuerzas Armadas para permitir que quienes han cometido faltas graves puedan ascender a los más altos grados de los institutos castrenses: coronel, general de brigada y general de división (y sus equivalentes en la Marina y la Fuerza Aérea del Perú).

Ayer se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo 015-2011-DE, que modifica el artículo 14 de dicho reglamento, el cual contempla
los requisitos mínimos de aptitud disciplinaria para los ascensos de oficiales.

Según este decreto, uno de ellos es estar cumpliendo sanción disciplinaria de postergación de ascenso. Otro requisito es no tener sentencia judicial condenatoria por la comisión de delito doloso con pena mayor de dos años. De esta manera se eliminó un tercer requisito para los tres grados más altos en las Fuerzas Armadas: “no haber tenido sanción de arresto de rigor”.

EN CONTRA
Consultados al respecto, los ex comandantes generales del Ejército Roberto Chiabra y José Graham coincidieron en criticar la modificación al reglamento. El arresto de rigor, explicó Graham, es un tipo de castigo aplicado por una falta muy grave contra la disciplina y la moral institucional. “Como es una falta
grave, queda marcada en el legajo. Por eso era un impedimento para ascender”, explicó Graham.

“Es tan grave que el siguiente paso es la denuncia ante la justicia militar”, añadió Chiabra. “Que un coronel o general reciba sanción de arresto simple es gravísimo, porque a mayor grado, mayor autoridad, mayor responsabilidad”, acotó.

Chiabra, quien también ha sido ministro de Defensa, explicó que los candidatos a los ascensos son muy parejos. Las diferencias están en el rendimiento intelectual, el puesto de servicio y la disciplina.

“Eliminar el rigor debe estar amarrado con el interés de alguien”, opinó Chiabra.

DECISIÓN ESTUDIADA
Opinión distinta fue la del congresista fujimorista y vicealmirante en situación de retiro Carlos Tubino, quien destacó que este y otros cambios hechos al reglamento de ascensos han sido propuesto por una junta revisora creada en el 2009.

“Ponerle a un oficial un arresto de rigor era destruir su carrera. Acá se está estableciendo que tiene la posibilidad de resarcirse”, explicó Tubino que ha sido
también inspector general del Ministerio de Defensa.

LA SOMBRA DE ADRIÁN VILLAFUERTE
A pesar de que los integrantes de la junta calificadora que decidirá los pases al retiro en el Ejército aún no se han reunido para tomar una decisión, se ha conocido la versión de que ya existe una lista secreta de nombres de oficiales que pasarían al retiro. Así lo aseguraron fuentes castrenses a El Comercio.

La junta calificadora es presidida por el comandante general del Ejercito, Víctor Ripalda, e integrada por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Ricardo Moncada, ambos compañeros de promoción del asesor presidencial Adrián Villafuerte. También la integran otros cuatro oficiales.

Estas fuentes indicaron que la publicación de una lista de pases al retiro, confeccionada en las sombras, y sin las firmas de los generales de la junta calificadora, sería irregular. (Comercio)