A varios corresponsales de prensa en la isla no se les renovó su acreditación en meses recientes y algunos han tenido que dejar Cuba.

Uno de los grupos periodísticos más importantes de España denunció el domingo que el gobierno de Cuba le retiró la credencial de prensa a su corresponsal en la isla caribeña por presuntamente presentar una «imagen parcial y negativa» de la realidad cubana.

Este hecho es la última de una serie de medidas que ha tomado el gobierno comunista contra periodistas y compañías noticiosas extranjeras.

El periodista Mauricio Vicent, de 47 años, había informado desde Cuba para el diario El País y la red de emisoras de radio Cadena SER —ambas integrantes de Grupo Prisa— durante 20 años. Vicent está casado con una mujer cubana y tiene hijos nacidos en la isla. Al momento, no es claro si la revocación de su acreditación significa que el español tiene que dejar el país, o si sólo queda impedido de reportar desde allá.

El Centro de Prensa Internacional de Cuba decidió «retirarle definitivamente la credencial de trabajo» e informó que no le renovaría la credencial de prensa a Vicent, esencial para poder ejercer su trabajo, pues sin ella éste no puede asistir a ninguna «conferencia de prensa ni actividad institucional», señala El País en una nota publicada en su portal de internet.

Además, el diario indicó que no es la primera vez que el Centro de Prensa Internacional le retira la credencial de trabajo a otros periodistas.

Vicent no respondió varias llamadas hechas el domingo, y el gobierno cubano tampoco había respondido las peticiones de un comentario.

A varios corresponsales de prensa en la isla no se les renovó su acreditación en meses recientes y algunos han tenido que dejar Cuba.

El País indicó que «la cobertura periodística de su corresponsal en La Habana es un ejemplo de profesionalidad, imparcialidad y equilibrio, y está avalada por una larga trayectoria».

«Por todo ello, El País rechaza enérgicamente las acusaciones del régimen cubano y considera que la decisión de retirar la acreditación de Mauricio Vicent es un atentado contra la libertad de expresión e información, además de evidenciar la incapacidad del régimen cubano para comprender el papel de los medios de comunicación, en particular de un medio extranjero», agrega la nota publicada por el periódico.

Los medios estatales cubanos frecuentemente acusan a la prensa extranjera de ser parciales, y la isla ha tenido un inusual cúmulo de fuertes críticas este año. Los medios estatales han acusado a la prensa internacional de malentender los cambios económicos del país porque los ven desde un prisma capitalista.

En febrero, el periódico Granma del Partido Comunista publicó un artículo en el que denunció al diario estadounidense The Wall Street Journal por un editorial que esbozaba paralelos entre Cuba y Egipto, en donde un levantamiento popular forzó la deposición de Hosni Mubarak de la presidencia.

El editorial fue publicado después que los medios cubanos criticaron al canal en español de la cadena CNN por reportar que una manifestación de oposición al régimen se llevaría a cabo en La Habana. La protesta nunca ocurrió.

El proveedor estatal de televisión por cable en la isla retiró CNN en Español de su servicio, el cual se transmitía principalmente a hoteles, compañías extranjeras y diplomáticos en Cuba, aunque no se dio a conocer el motivo de la decisión.

Después, en abril, un canal de televisión estatal acusó al ex jefe del buró de la agencia de noticias Reuters de colaborar para arreglar un encuentro entre un agente encubierto cubano y un diplomático estadounidense que el programa describió como un espía de la CIA. Reuters ha negado vehementemente la acusación.

Según el veredicto a favor de la esposa que pidió el divorcio: Las relaciones sexuales son “la expresión de la afección mutua” de un matrimonio

Un hombre de Niza (sureste de Francia ) fue condenado a pagar a su mujer una indemnización de 10.000 euros (unos 14.000 dólares) al término de un proceso de divorcio por no haber mantenido relaciones sexuales con ella durante años, publicó hoy “Le Parisien”.

El dictamen del Tribunal de Apelación de Aix en Provence condenó a este hombre, que ahora tiene 51 años y del que el periódico sólo dio su nombre y la inicial de su apellido, Jean-Louis G., por “ausencia de relaciones sexuales durante varios años”.

El tribunal no aceptó sus alegaciones en el sentido de que “las relaciones simplemente se habían espaciado con el paso del tiempo”, tenía “problemas de salud” y sufría “una fatiga crónica generada por los horarios de trabajo”.

“Jean-Louis G. no justifica los problemas de salud que le hacían totalmente incapaz de tener relaciones íntimas con su esposa”, le respondieron los jueces en su dictamen.

La esposa, por su parte, había insistido en que la ausencia de sexo entre ambos estaba en el origen de su separación, y que eso mismo había contribuido en gran medida al deterioro de la relación de la pareja, ideas que se vieron refrendadas en el veredicto a su favor del Tribunal de Apelación, que data del mes de mayo.

Allí se recuerdan los “deberes del matrimonio”, y más en concreto que “las relaciones sexuales entre esposos son en particular la expresión de la afección mutua que se tienen”.

La mujer, que obtuvo que la justicia pronunciara el divorcio por culpa exclusiva de su ya exmarido, no cuantificó en cualquier caso con qué frecuencia hubiera querido tener sexo, señaló “Le Parisien”, que recordó que tampoco la normativa francesa ofrece precisiones sobre ese aspecto, lo que deja su apreciación en manos de los jueces.

Ministerio del Interior reconoce tácitamente actos de corrupción e impartió normas de disciplina para ser acatadas por el personal que trabaja en las comisarías.

El congresista Luis Iberico dio a conocer una lista de normas de disciplina que dispuso el Ministerio del Interior, a través de la Sétima Dirección Territorial de la Policía, para que sean acatadas en todas las comisarías de Lima.

Entre las medidas, destaca la que conmina a los efectivos a no robarse el combustible de los patrulleros y motocicletas. Además, se prohíbe cualquier tipo de cobro para hacer uso de un vehículo policial. Para Iberico, estas directivas evidencian que en las dependencias policiales hay malos efectivos que sacan provecho de la gasolina que emplean los patrulleros y que los comisarios cobran cupos a sus subordinados para salir a realizar operativos en los vehículos.

En las disposiciones también se menciona que el oficial de permanencia y el comisario deben verificar la calidad del rancho que se sirve al personal. Asimismo, se prohíbe que los efectivos realicen labores distintas a las de su servicio.

Al respecto, el legislador de Alianza por el Gran Cambio refirió que ha recibido denuncias de que el rancho que se ofrece a los policías estaría por debajo de su costo real. Además, sostiene que en las comisarías existen “agentes fantasmas”, quienes cobran su sueldo pero que no asisten a laborar, gracias a la complicidad de sus superiores.

La circular también dispone que los efectivos no utilicen los términos “jefe” o “tío” para referirse a sus superiores, ya que solo debe mencionarse el grado del oficial. Además, se prohíbe que se empleen los vehículos policiales para dormir.

Ante ello, Iberico pidió que se actúe de inmediato y con severidad, pues consideró que son evidentes casos de corrupción y que reflejan el deterioro y relajo en la institución policial. Adelantó que le pedirá al ministro del Interior, Óscar Valdés, que le informe sobre la aplicación de estas medidas.

http://peru21.pe/noticia/1265677/medidas-acabar-corrupcion-policial

Las protestas se incrementan en todo el país

La cámara baja del Parlamento español aprobó la polémica enmienda constitucional que obligará al gobierno y a las administraciones públicas a equilibrar sus cuentas para el 2020.

La medida tiene como fin calmar los ánimos de los mercados ante el enorme endeudamiento soberano de España. La cámara de 350 escaños la aprobó por 316 votos a favor y cinco en contra.

Un puñado de diputados izquierdistas y los pequeños partidos regionales que se habían opuesto a la enmienda abandonaron el hemiciclo antes de la votación.

«No votaremos. Nos levantaremos y nos iremos», había amenazado Gaspar Llamazares, el líder de Izquierda Unida.

La enmienda aprobada pasará ahora al Senado, donde será votada la próxima semana; que seguramente la aprobará pues cuenta con el respaldo de los dos partidos más importantes del país, el gobernante Partido Socialista y el opositor Partido Popular, en una rara muestra de unidad para evitar que la crisis de la deuda que puso ya a las puertas de la bancarrota a Grecia, Irlanda y Portugal acabe contagiando a España.

El país ibérico intenta recuperarse de casi dos años de recesión creada por el estallido de la burbuja de la vivienda y el gasto de los consumidores alimentado por el crédito fácil. En consecuencia, la desocupación afecta con especial intensidad a los jóvenes, donde llega al 45%. Además, las perspectivas de crecimiento a corto y mediano plazo son ínfimas.

El presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo esta semana que la aprobación de la enmienda restaurará la disciplina fiscal, siendo esencial su incorporación a la carta magna para asegurar a los inversionistas que el estado español pagará sus obligaciones crediticias y no necesitará un rescate financiero.

Una hora antes de comenzar el debate constitucional en la legislatura, el Ministerio del Trabajo anunció que el número de personas que solicitaron apoyo gubernamental por desempleo aumentó en 51.185 en agosto, lo que puso fin a una racha de cuatro meses de descensos entre los desempleados del país.

El incremento que fue reportado el viernes marcó un aumento de 1,25% con respecto a julio y colocó la cifra total de desocupados que reciben subvenciones en 4.130.927.

La tasa general de desempleo es divulgada por separado cada trimestre y es superior al 21%, la mayor de Europa.

La secretaria de Estado para el Trabajo, Mari Luz Rodríguez, indicó que la cifra es decepcionante, pero destacó que las solicitudes de ayuda por desempleo han aumentado en agosto en los últimos 11 años y dijo que el aumento de este año es el más bajo desde el 2006.

Más del 70% de las solicitudes se dieron dentro del sector de los servicios.
(DW)