Nos encontramos a casi un mes del acto electoral en el que el pueblo peruano optará por el cambio de los actuales integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En este proceso, como vemos, se han saturado las ciudades de propaganda, confirmando que para hacer política en nuestro país, vasta repetir los recursos tradicionales de llenar con dicha propaganda las avenidas, los parques los postes, los cerros , las carreteras, etc, y naturalmente, disponer de dinero, venga de donde venga, sin importar su procedencia, como la admitida recientemente por el actual Presidente de la República cuando postuló a su reelección. Pero no es solo la propaganda por todos los medios de comunicación, sino es también la guerra sucia de candidatos, con acusaciones de cosas guardadas para estas ocasiones. Como si todo esto fuera poco, pretenden engañar al electorado con promesas, no tocando los problemas fundamentales del país; no reparan en atentar contra la dignidad de los sectores sociales empobrecidos cuyas necesidades se manipulan con regalos o con ridículas y falsas muestras de identificación con ellos. Se trata de una metodología de campaña política a la que nos tienen acostumbrados, no han cambiado. Estos políticos, han olvidado los estragos de un proceso de violencia que significó veinte años de conflicto militar interno, con sus protagonistas, por un lado, los alzados en armas y por el otro, el Estado, con una contrainsurgencia de arrasamiento cuyos trágicos resultados finales fueron las pérdidas de miles de vidas humanas así como una cuantiosa destrucción del patrimonio nacional. Nada de esta triste experiencia tiene importancia para los protagonistas de la política nacional actual, porque siguen obrando con las mismas estrategias del pasado. Lo grave del asunto, es que todos, no tienen presente la existencia del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, informe que hace una radiografía del proceso de la violencia que degeneró en prácticas de un salvaje terrorismo. Este informe no se limitó sólo al recuento de hechos sino que se ocupó de los factores que provocaron la violencia dando recomendaciones para la Reconciliación. El informe fue objeto de mezquinos e interesados cuestionamientos, aún así, no ha perdido importancia ni vigencia; su fortaleza reposa en los testimonios recogidos de más de quince mil ciudadanos que acudieron voluntariamente a la ex CVR para describir el horror de la violencia que les tocó vivir.
Esta triste experiencia, no ha sido aprendida, se repiten las mismas escenas de escándalo que a opinión de un “célebre” sacerdote peruano, ha convertido al país en un prostíbulo, tornando los procesos electorales, casi siempre, en un concierto carnavalesco, por lo que me obligo dirigirme a los ciudadanos de mi país, para hacerles un llamado invocando a su conciencia para que en el ejercicio de la democracia a través del sufragio y para evitar se repitan los tristes episodios del pasado, disciernan con su voto, por el candidato que se pronuncie con posición sincera y clara sobre los siguientes puntos:
1. Que producida la elección del Presidente y de los congresistas se respete la voluntad del electorado y no se practique ningún tipo de alianzas, por ser formas de conspiración y burla de la voluntad del electorado, con el falso argumento de la gobernabilidad.
2. Que a espaldas del electorado no se pactarán alianzas para lograr mayoría en el Congreso, con el único afán de someter al Legislativo a los intereses de los grupos de poder que se valen de estos recursos para tener un Congreso con una política nefasta en relación a su papel fiscalizador y de legislación.
3. Que quien salga elegido Presidente de la República asuma el compromiso de respetar los fueros y la autonomía de cada uno de los poderes del Estado conforme prevé la Constitución Política del Estado. El país requiere de un gobierno cuyos poderes sean independientes y que no estén supeditados al Poder Ejecutivo, uno de los principales responsables de la corrupción y del entreguismo vía “faenones” y “aceitadas” comprometiendo los interese nacionales.
4. Que el Presidente y los poderes del Estado respeten el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho que tiene la comunidad de acceder a la verdad de la información; que no se permita una prensa nacional que soslaya o distorsiona la verdad, condicionándola a los intereses de los dueños de los medios de la prensa escrita y hablada o del gobierno de turno, levantando cortinas de humo para desviar la atención pública, mostrando solo la miseria moral del hombre.
5. Queremos que uno de los grandes males nacionales, que tiene su origen en la educación nacional y en la educación superior, movilicen al país, para una revolución cultural educativa que supere el grave problema de la discriminación social cuyas raíces encuentran su causa en la educación así como en la descomposición moral de la universidad peruana. El problema de la educación no se limita solo al problema del magisterio o del profesorado, el problema es más complejo y para su radical tratamiento, el estado debe por ahora, cumplir con la Ley No. 28044, cuyo artículo 83 dispone que el Estado destine no menos del 6% del PBI y no debajo del 3% como actualmente sucede e impulse la revolución cultural educativa a través de una Comisión Nacional que a partir del Acuerdo Nacional y otras propuestas que existan, alcance al Gobierno una propuesta integral de transformación de la educación del país, acción que debe darse en un plazo que no exceda de seis meses, trabajado intensamente.
6. Que la alimentación de la población sea una verdadera preocupación del Estado. Un pueblo mal alimentado por la desigual distribución de la riqueza nacional, es un pueblo con graves problemas de desnutrición y agobiado por las enfermedades. La alimentación no sólo permite el desarrollo físico sino también el desarrollo mental y la preservación de la salud. La desnutrición conduce al retardo mental.
7. Que el estado desarrolle programas dirigidos a activar la agricultura nacional como fuente principal de trabajo en el interior del país, prestando apoyo técnico a los agricultores y ofreciendo servicios, impedir que los pequeños productores de la agricultura sean absorbidos por los intermediarios y los nuevos dueños de los puertos que han encarecido los servicios portuarios haciendo imposible que los pequeños productores exporten sus productos en mejores condiciones.
8. Que el Presidente debe gobernar para el país y no para los intereses del capital trasnacional haciendo concesiones para la explotación de la riqueza nacional en condiciones desventajosas. Las condiciones de las concesiones deben ser hechas públicamente y de ser posible, antes de que se contraigan compromisos, para evitar situaciones dolosas y dolorosas como las de Bagua.
9. Queremos un Presidente que cautele los intereses y la seguridad del país que se ven comprometidos por la penetración de capitales chilenos así como por su “ocupación” cada vez más creciente a través de las compras de grandes extensiones de tierras que están siendo explotadas en la producción de productos de valor agroindustrial, convirtiendo a los antiguos agricultores en sus asalariados con complacencia del gobierno de turno, bajo el argumento del desarrollo.
10. Que el Presidente afronte la grave contaminación con riesgos ecológicos irreversibles por la explotación irracional de la riqueza nacional, exigiendo a las empresas cumplan las normas internacionales de prevención de la contaminación, o aplicando cuando sea necesario, el peso de la ley contra los que resulten responsables por incumplimiento.
11. Que se corrija la prepotencia del gobierno de A. Fujimori al haber recortado derechos ganados por los servidores públicos a tener una pensión de cesantía o jubilación homologable con los servidores en servicio así como el cumplimiento del Art. 53 de la ley 23733 aún vigente para los docentes pensionistas de las universidades públicas cuya no aplicación, es objeto de abuso, humillación y prepotente desconocimiento, diferenciándose la acción del estado cuando discrimina tal beneficio a favor de las fuerzas policiales y militares, afectando a los más débiles, lo que en un estado de derecho es inadmisible.
12. La Defensa Nacional es otra cuestión que no debe soslayarse, no con fines de agresión externa sino con propósitos disuasivos para darle seguridad al país frente a cualquier amenaza.
Hemos mencionado solo algunos de los problemas del país que urgen su pronunciamiento de los aspirantes a la Presidencia de la República, esto es, muy lejos de los desagradables episodios que protagonizan a diario en su campaña. Se espera que los compatriotas tengamos en cuenta estos y otros problemas que consideren pertinentes al momento de emitir su voto en las urnas. Puede haber observaciones a estos anhelos, lo fundamental, es que debemos demostrar a los políticos que ellos están obligados a conocer parte de nuestras demandas y que también nos comprometemos a luchar porque estos y otros propósitos hagan realidad el anhelo de alcanzar el bienestar de los peruanos dentro y fuera del país, sin olvidar, que al no tocar en sus raíces los males nacionales, estaremos inevitablemente contribuyendo al menoscabo del Estado de Derecho y al predominio de la violencia por la acción concertada del crimen organizado y del narcoterrorismo.
Ing. Alberto Morote Sánchez
Ex Comisionado de la CVR
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