SORPRENDENTES REVELACIONES DE GISELLI GIANNOTI

“Peruanos deben conocer si consumen alimentos genéticamente modificados”, dijo el mandatario

En la mira. Hay quienes dicen que los alimentos transgénicos no son dañinos, pero en países con Brasil se advierte al consumidor sobre este origen.
Por Marienella Ortiz

El presidente Alan García expresó ayer su posición a favor del etiquetado de los alimentos con componentes transgénicos. De esta manera dejó entrever que el anteproyecto del código de consumo —en revisión por el Ejecutivo— volvería a incluir la obligatoriedad del etiquetado.

“Aunque no esté demostrado que estos productos hacen daño a la salud, es de interés social que las personas sepan si el alimento que va a consumir contiene transgénicos”, sostuvo García e insistió en que “eso no tiene que ver con la discusión de fondo sobre los transgénicos sino con el derecho de estar informado”.

También reveló que habrá una nueva versión del anteproyecto del código de consumo que incluirá los comentarios recibidos. Mencionó que esto será entregado rápidamente al Parlamento para que no coincida con la etapa electoral.

El ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales, manifestó que está a favor del etiquetado. “La idea es entregar información positiva al consumidor, que sepa si lo que está consumiendo es o no conveniente para su ingesta”, dijo.

Cabe recordar que en su artículo 34 el código en revisión menciona a los “organismos modificados” obviando la palabra “genéticamente”, detalle que también debería ser corregido.

MÁS APOYO
En la sesión de ayer de la Comisión de Defensa del Consumidor la mayoría de congresistas estuvo a favor de que se apruebe el proyecto de ley que obligue a la industria alimentaria a etiquetar los transgénicos.

Previamente, la comisión recibió a los presidentes de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Olaechea, del comité de molinos de trigo y aceites de la SNI, Alejandro Daly, de la Asociación de Consumidores y Usuarios, Jaime Delgado, y al coordinador del tema de obstáculo técnico al comercio (OTC) del Mincetur, Édgar Vásquez.

Daly argumentó que no es relevante este tipo de información en los envases de los alimentos porque —según dijo—“no existe daño alguno en el ser humano”.

Cabe señalar que la experta en esta materia, María Fernández Suárez, ha indicado que son muy pocos los estudios científicos realizados en el mundo como para afirmar que los transgénicos no son dañinos.

De otro lado, Daly mencionó que el etiquetado obligaría a la trazabilidad de los alimentos. Es decir que se tendrá que hacer un seguimiento a todo el proceso de producción para determinar el porcentaje de transgénicos en un bien. Según refirió Daly, un estudio hecho en Nueva Zelanda determinó que la trazabilidad encarece el producto final en un 30%.

Al respecto, Jaime Delgado afirmó que es una mentira que se encarecerán los alimentos con el rotulado. Afirmó que en Brasil, donde es obligatorio el etiquetado, no hubo impacto en los precios.

UN SÍMBOLO
El legislador Yonhy Lescano comentó que en Brasil utilizan la letra T para definir a los alimentos transgénicos. “Ya no cabe duda de que en el país se comercializa este tipo de alimentos, por eso es necesario colocar algún símbolo como la T”, apuntó.

Édgar Vásquez apuntó que en otros países fue el Poder Ejecutivo el que se encargó de dar las normas del etiquetado y no los miembros del Parlamento.

Delgado retrucó que ni la ley contra el tabaco ni la ley contra el plomo en los juguetes debieron salir del Parlamento sino del Ministerio de Salud. Sin embargo, dijo que la realidad del país lleva al Parlamento a hacerse cargo de ciertos vacíos.

Refirió que en el país existen laboratorios capaces de determinar la composición de los transgénicos en los alimentos. Al final de la sesión, la presidenta del grupo de trabajo, Alda Lazo, dijo que se elaborará el dictamen en base a los proyectos que plantean el etiquetado.

“Hay bastantes evidencias (…) hay demostración fehaciente de los resultados”, aseguró el presidente del estatal Laboratorio Biológico y Farmacéutico, Labiofam
La Habana. Cuba está a punto de registrar un medicamento en base al veneno del alacrán azul para tratar el cáncer, el paso previo para su comercialización, dijo el martes el presidente del estatal Laboratorio Biológico y Farmacéutico, Labiofam.

Científicos cubanos desarrollaron el fármaco y lo han estado suministrando de forma experimental, pero todavía no es vendido debido a que no ha sido registrado oficialmente, dijo el jefe del laboratorio, José Antonio Fraga.

“Ya estamos en la fase final para lograr que el control estatal de los medicamentos de la República de Cuba nos apruebe los registros”, dijo a periodistas.

“Hay bastantes evidencias (…) hay demostración fehaciente de los resultados”, dijo en conferencia de prensa.

Las toxinas del alacrán azul, o Rhopalurus junceus, contienen proteínas de bajo peso molecular con propiedades antitumorales, dijo el funcionario.

Más de 8.000 pacientes han recibido de forma experimental el medicamento llamado “Ecoazul” o “Escozul”. Fraga ha dicho que ensayos preclínicos fueron realizados también en laboratorios de Venezuela, Italia, España y Francia.

En los últimos años miles de personas con cáncer han viajado a Cuba desde todos los rincones del planeta para recibir dosis gratuitas del medicamento, que tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias.

Copias ilegales del producto son vendidas en internet.

Fraga, que dijo que Labiofam ha desarrollado criaderos de esos escorpiones en todo el país, buscó frenar la creciente demanda del fármaco el año pasado, aclarando que lo único probado hasta entonces era la “inocuidad”.

Nuevas evidencias científicas llevaron ahora al laboratorio a solicitar el registro del medicamento homeopático.

Peru radio closure could undermine press freedom

The Peruvian government’s decision to revoke the broadcast license of a local radio station “could have a chilling effect on community broadcasting in Peru,” reported Human Rights Watch on Wednesday.

“The timing and circumstances of the revocation suggest that it may have been an act of censorship, or punishment, in response to coverage of anti-government protests on June 5, 2009,” said José Miguel Vivanco, Americas director at Human Rights Watch.

Before dawn on June 5, 2009, violence erupted on a remote jungle highway in the Bagua province of Amazonas department, after army helicopters, soldiers strategically positioned atop hills, and police began to throw tear gas grenades directly into the crowd of 5,000 protesters. The tear gas caused panic and angered the protesters, who responded with violence. Police accused protesters of firing first, but the tribesmen denied having guns and said they only carried their traditional spears.

In the worst crisis since President Alan García took office in 2006, the violent confrontation left six natives, four Bagua residents and 11 police dead, as well as one officer missing and hundreds of people injured.

Then, days later, on June 8, 2009, the Ministry of Transport and Telecommunications revoked Radio La Voz de Bagua’s broadcast license.

But, although Peru’s Interior Minister Mercedes Cabanillas and other leading APRA party members said that the station had supported violence during its coverage of the civil unrest in Bagua, the official revocation order makes no reference to any alleged support of or incitement to violence, and justifies the action on the grounds that the station had failed to meet the legal requirements set forth in its initial broadcasting permit from March 2007.

“It’s one thing to express solidarity and other to call for violence,” said Ronald Gamarra, the Secretary General of Peru’s National Human Rights Coordinator, or CNNDH.

“If there is in fact credible evidence that a radio station has actively supported or incited violence, then the broadcasters should be subject to investigation and sanction, with all appropriate judicial guarantees,” said Vivanco. “But closing down a station this way certainly looks like retaliation for coverage the government didn’t like.”

“While the government office that reviews radio licensing issued a report in December 2008 stating that the La Voz de Bagua station did not meet the requirements established in the permit, no action was taken to close the station for seven months,” added Vivanco. “In fact, during this time, the government approved a license for the station’s antenna and invited it to apply for a certification for its transmitter, which the station owner did in March 2009. Nonetheless, three days after the incidents in Bagua and the minister’s statements, the government cancelled the station’s broadcasting license.”

The station’s owner presented an administrative appeal before the vice minister of communications on June 19, asking him to reverse his decision to revoke the station’s license.

“The government has legitimate authority to regulate the broadcasting spectrum in Peru,” said Vivanco. “But if it does so in a manner that appears to arbitrarily limit the work of a station that reports on violent incidents during anti-government demonstrations, it can undermine freedom of expression, rather than advancing it.”