Fecha de publicación: 19/10/2009
Organizaciones de Perú exigen una investigación exhaustiva
Barcelona, 19 de octubre de 2009. Gran parte de la comunidad internacional celebró el macro juicio que sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, por violaciones a los derechos humanos en Perú durante sus dos gobiernos (1990-2000). Pero no todas las heridas quedaron cerradas ni todos los abusos han sido procesdos. Aún quedan pendientes casos como el de las esterilizaciones forzosas, que decenas de mujeres padecieron como parte de un torcido programa de salud reproductiva.

Por eso hoy en la sede de la Federació Catalana de ONG’s para el desarrollo (FCONGD), a las 19:00 horas (Barcelona, Calle Tapies 1-3), se dará a conocer esta problemática que «pone en cuestionamiento la relación del Estado peruano con las mujeres y el papel que les otorga en una sociedad en la que además componentes como la etnia, la clase y la procedencia son factores de exclusión». Jeanette Llaja, directora de la ONG Demus (Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer) y Paula Escribens, psicóloga, han sido invitadas a Barcelona para hablar de ello por la plataforma Q´Atary y Entrepobles.

Aunque la causa había sido puesta en manos de los jueces, al igual que las masacres y torturas cometidas por el régimen de Fujimori, el pasado 10 de agosto el Ministerio Público del gobierno peruano archivó la denuncia de diversas organizaciones de derechos humanos. Con escueto comunicado que titulaba: «Ministerio Público aclara resolución de la Fiscalía de Derechos Humanos».

Con ello quedaba en evidencia la resolución del fiscal Schwartz Azpur, que en mayo decidió enterrar la investigación. Entonces Demus desmontó los cuatro argumentos principales que empleó Azpur para archivar la causa. Entre ellos, que la validez del documento empleado para obtener el supuesto consentimiento de las víctimas, ya fue puesto en duda por los médicos que trataron el caso de Mamérita Mestanza Chávez. Según Azpur, se trataría de un hecho «individual» de negligencia médica.

Para Demus y las organizaciones demandantes, «la esterlización involuntaria vulnera los derechos fundamentales a la integridad física y al libre desarrollo de la persona; que constituye delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; que el consentimiento de las personas no sólo debió ser expreso sino informado; y que en el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 se impusieron metas numéricas de cobertura dirigidas a mujeres, orientando las acciones discriminatoriamente hacia ellas, lo que podría resultar violatorio de los derechos constitucionales